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Venezuela inicia retiro de contenedores que bloquean paso en puentes internacionales

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De acuerdo con la información que viene circulando a través de medios abiertos de comunicación, en la cual se hace referencia al retiro, por parte de Venezuela, de los contenedores ubicados en los puentes internacionales, Migración Colombia aclaró el tema.

Durante la mañana del lunes, dos de los tres contenedores ubicados en el Puente Internacional Simón Bolívar, fueron retirados por parte de Venezuela y se espera que este mismo ejercicio de haga con el contenedor restante, así como los ubicados en los Puentes Internacionales Francisco de Paula Santander y La Unidad.

Se espera que con el retiro de este grupo de contenedores, el cual se da gracias a la gestión de la Gobernación de Norte de Santander, así como del sector comercial, industrial y de transporte del departamento, Venezuela abra nuevamente su frontera, en un marco de orden y seguridad para los dos países y la región.

Vale la pena recordar que Colombia tiene su frontera abierta con Venezuela desde el pasado 2 de junio, tras mantenerla cerrada, debido a la pandemia por Covid-19, por cerca de 14 meses, en un ejercicio de bioseguridad, que buscaba cuidar personas.

Durante el cierre de la frontera con Venezuela, Colombia mantuvo los pasos humanitarios habilitados, priorizando aquellos menores que se encuentran adelantando estudios en Colombia, así como personas con discapacidad o que requerían atención en materia de salud.

El retiro de estos contenedores permitirá consolidar el trabajo que se viene adelantando por parte del Gobierno Nacional en materia de control y seguridad en la región, evitando que miles de migrantes y familias tengan que exponerse al pasar por sitios no autorizados.

Con el retiro de estos contenedores se abre una puerta para el reabastecimiento de miles de familias venezolanas y por supuesto, para la reactivación económica responsable de la región y del país.

El tránsito de personas se mantendrá bajo el actual sistema de pico y cédula implementado por la autoridad migratoria colombiana desde el mes de junio, con un horario de operación, en los Puentes Internacionales con Venezuela, de 6 de la mañana a 4 de la tarde y los protocolos de bioseguridad acordados con la Secretaría de Salud departamental.

Fuente: Migración Colombia

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Alcalde de Arauca alerta por ataques armados a buses y posible suspensión de rutas nocturnas

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El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.

Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.

Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.

El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.

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Incautan media tonelada de cocaína en Arauca

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En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.

En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.

Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.

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A la cárcel alias “Monchi” y sus secuaces por desplazamiento de una familia en Arauquita

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En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.

Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.

Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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