ARAUCA
Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por acciones del ELN y disidencias en Arauca
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte en el departamento de Arauca, por el riesgo que enfrenta la población ante las acciones del Eln y las disidencias de las Farc, que buscan ejercer control del territorio para garantizar corredores de movilidad para sus integrantes y para sus actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico y contrabando.
Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “es necesario priorizar la atención al departamento de Arauca, toda vez que actualmente todos los municipios cuentan con alertas tempranas vigentes, por el riesgo que enfrenta la población ante el accionar de los grupos armados ilegales”.
Según la Alerta Temprana 023-21, en Puerto Rondón y Cravo Norte se han presentado dos masacres este año, que dejaron siete personas muertas. De la misma forma, advierte que los grupos al margen de la ley pretenderían adelantar ataques armados contra las instalaciones militares, policiales o institucionales, a través de la instalación de vehículos cargados con explosivos o utilizados como plataformas de lanzamientos de artefactos explosivos improvisados (rampas), lanzamiento de granadas, ataques armados con interposición de población civil, atentados y/o plan pistola contra miembros de la fuerza pública, entre otros.
La población en mayor riesgo de afectación serían niños, niñas, adolescentes, mujeres, líderes sociales, funcionarios, dirigentes políticos, campesinos, ganaderos, excombatientes, población migrante y autoridades indígenas y miembros de las comunidades Canánama del pueblo sikuani y As Pejena.
Responsables de acciones violentas
La Alerta 023-21 señala como responsables de estas eventuales violaciones a los derechos humanos a las disidencias de las extintas Farc que se hacen llamar frente Décimo ‘Martín Villa’ y el frente ‘Domingo Laín Sanz’ y la comisión ‘Rafael Villamizar’ en los municipios de Arauca y Cravo Norte, y la comisión ‘Martha Elena Barón’ en Puerto Rondón y Tame.
Estos grupos, afirma la Alerta de la Defensoría del Pueblo, utilizan esos corredores para cruzar hacia los departamentos de Casanare y Vichada, a través del río Casanare, proyectándose hacia jurisdicción de los municipios Hato Corozal, Paz de Ariporo, Sácama y la Salina (Casanare), y La Primavera (Vichada), articulando acciones violentas con las estructuras armadas de ese grupo insurgente que operan en el Casanare (frentes ‘José David Suárez’ y ‘Adonaí Pinilla Ardila’).
Fuente: Defensoría del Pueblo
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
