META
Condenan a servidores públicos por delitos contra la administración en el Meta
Jueces de conocimiento de Villavicencio condenaron a prisión a un exagente de Transito y transporte y a un exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación por incurrir en delitos de prevaricato por acción y concusión, según sus responsabilidades individuales.
El primer caso tiene que ver con la condena a más de tres años de prisión (40 meses) impuesta contra el Exagente de tránsito Óscar Armando Padilla Rojas, de 55 años de edad. En el marco de la investigación se estableció que Padilla Rojas omitió su deber de imponer un comparendo al conductor de una camioneta que colisionó con un taxi. El examen de alcoholemia reportó nivel tres.
El material de prueba determinó que el procesado, poco después de evadir su responsabilidad recibió el pago de $1’200.000. Por estos hechos el Juzgado 4° Penal del Circuito con funciones de conocimiento condenó a Padilla por el delito de prevaricato por acción.
Segundo caso
En el segundo caso, el Juzgado 2° Penal del Circuito de Villavicencio impuso una pena de 8 años de prisión (96 meses) a Moisés Octavio Castro Flórez de 41 años de edad; además del pago de una multa de 66.66 SMLV.
Durante la investigación se determinó que el procesado aseguraba que en su condición de servidor de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación en Villavicencio podría, supuestamente, influir en la decisión que debería tomarse contra Joaquín Hernán Patarroyo Varón, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo Especial La Macarena (Cormacarena).
La evidencia física recaudada demostró que Castro Flórez exigió el pago de cinco millones de pesos a la persona que entabló el proceso disciplinario contra Patarroyo Varón, cuestionado por haber adoptado medidas administrativas sobre una finca ubicada en la vereda El Carmen de Villavicencio.
El juez del caso concedió el subrogado de prisión domiciliaria para el procesado.
Contra los dos fallos procede el recurso de apelación.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
