CASANARE
Caen responsables de arrasar miles de hectáreas en Meta y Guaviare
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 presuntos integrantes de una estructura ilegal, conocida como ‘Los Taladores’, señalada de arrasar con más de 2.000 hectáreas de bosque nativo y selva en áreas de reserva forestal y especial protección ambiental, entre Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare.
Esta red, supuestamente, auspiciaba la tala indiscriminada de especies como cedro amargo, cedro ancho, achapo, flormorado, cabo de hacha, laurel, pecueco, dormidero, arrayán y salidillo, entre otras.
¿cómo operaban?
Al parecer, ‘Los Taladores’ transportaban la madera por los ríos Guayabero y Ariari desde los distintos frentes de extracción ilícita hasta dos aserradores ubicados en las veredas Aguas Claras y Guarapayas, en Puerto Concordia (Meta). En estos puntos la acopiaban, cortaban y transformaban en listones o planchones. Posteriormente, con guías de movilización y salvoconductos vencidos o alterados la trasladaban en tractocamiones y a altas horas de la noche a Bogotá y Villavicencio, Acacías, Granada y Guamal (Meta), donde el producto era comercializado y distribuido hacia diferentes ciudades del país.
‘Los Taladores’, presuntamente, mantenían contactos con las disidencias de las FARC y pagaban para que les permitieran realizar la actividad ilegal en la región desde 2019.
Hay indicios de que, en algunas oportunidades, habrían amenazado a las comunidades para que no los denunciaran. En controles técnicos también se conoció que algunos funcionarios de la fuerza pública y de otras autoridades, al parecer, los alertaban sobre los operativos en la región, de tal manera que ocultaban la madera y tomaban medidas para evitar ser detectados.
Captura y judicialización
Gracias a las capacidades investigativas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Guaviare de la Fiscalía, y al trabajo articulado con la SIJIN del Departamento de Policía de Guaviare, los 11 señalados integrantes de la organización delictiva fueron capturados en diligencias realizadas en Puerto Concordia y Villavicencio.
Entre los detenidos están los supuestos cabecillas principales y financiadores de todo el andamiaje ilícito, Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, alias Pichirilo, quienes también eran los dueños de los dos aserraderos. Los demás capturados cumplían diferentes roles como administradores de los depósitos y coordinadores de las actividades de tala, transporte y comercialización.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a ‘Los Taladores’ los delitos de: ilícito aprovechamiento a los recursos naturales, daño a los recursos naturales renovables y concierto para delinquir agravado.
Los procesados, la mayoría reincidente en estas conductas, no aceptaron los cargos. Por disposición del juez de control recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuatro de ellos fueron enviados a la cárcel, se trata de: Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, los dos señalados cabecillas; José Alfredo Jiménez León, el administrador de uno de los depósitos; y Andrés Camilo Romero Abril, encargado de la comercialización y distribución de la madera procesada.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
