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Mañana inicia juicio en Villavicencio por el feminicidio de Natalia Fernández

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Por el crimen de Paula Natalia Fernández Montoya, estudiante de sistemas en el último semestre de la Universidad de los Llanos, este martes 4 de mayo, el Juzgado Sexto Penal del circuito instala el Juicio contra el principal sospechoso, Carlos Andrés Santoval Villamizar.

El crimen ocurrió la noche del 19 de marzo de 2020 en la casa de la víctima donde según la Fiscalía, fue estrangulada, dado a que para ese momento se hallaba sola en su vivienda.

El sujeto señalado por este feminicidio intentó huir y fue capturado en Monterrey cuando viajaba en un bus de servicio público, desde entonces permanece detenido.

La tarde del 6 de abril último, en audiencia preparatoria, tanto la fiscalía como el acusado, familiares de la joven fallecida y demás sujetos intervinientes en el sumario, validaron las pruebas, documentales, testimoniales, audios, fotografías, videos y otros.  Esos elementos serán descubiertos o exhibidos en las próximas horas.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Asociación afrometense en Castilla La Nueva adquirió tierras con recursos de regalías

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Por primera vez en el departamento del Meta, una asociación afrometense adquirió terrenos en Castilla La Nueva con recursos de regalías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el desarrollo de proyectos productivos.

En el marco de la Ley 2056 del 2020, el municipio adquirió 46,5 hectáreas de tierra que entregó a las comunidades negras de la asociación ‘ASRAC’ (Asociación Afrodescendiente de Castilla La Nueva), por habitar en territorios con influencia de la industria petrolera, en las cuales se beneficiarán 200 familias que trabajan en colectividad.

La Gobernación del Meta realizó acompañamiento durante todo el proceso a la asociación, por medio de la gerencia de Asuntos Étnicos de la secretaría Social.

El enlace para las comunidades afro de la gobernación del Meta, James Aguilar, destacó que los recursos fueron asignados con el porcentaje de regalías aportando el 4,5 por ciento de estos recursos el municipio y el dos por ciento de regalías del departamento que dicta la Ley.

Así mismo, se espera la entrega de tierras a comunidades afro metenses en otros municipios como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán.

Fuente: Gobernación del Meta

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Anuncian pago de recompensas para enfrentar la delincuencia en la región del Ariari

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Tras el consejo de seguridad realizado en el municipio de Granada, se anunció la adopción de un paquete de medidas tendientes a enfrentar a la delincuencia, incluyendo entre ellas el pago de recompensas.

Entre esas acciones la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano Noguera, informó que, como parte de la estrategia trazada se definió una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca al decomiso de armas y explosivos, y una recompensa de 20 millones de pesos por datos que faciliten la captura de extorsionistas que operan en la región.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen, proporcionando información relevante que contribuya a la identificación y captura de aquellos que amenazan la paz y la tranquilidad de la comunidad.

Se reitera el compromiso de mantener una comunicación abierta y transparente con la población, en aras de construir un entorno seguro y próspero para todos los habitantes.

Fuente: Gobernación del Meta

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A prisión sujeto sorprendido reclutando de manera ilícita a menores en el Meta

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Jairo Hoyos Arenas, quien fue capturado en flagrancia cuando al parecer  movilizaba personas que estarían siendo reclutadas para engrosar las líneas de las disidencias de las Farc.

El pasado 24 de abril, en horas de la madrugada, en  un puesto de registro y control de la Policía Nacional en la vía Bogotá – Villavicencio,  Hoyos Arenas fue requerido cuando se movilizaba en un vehículo con ocho personas.

Al corroborar las identidades de los ocupantes se hallaron tres menores de edad, quienes señalaron a Hoyos Arenas de haberlos recogido en El Tambo (Cauca) y de  trasladarlos a Calamar (Guaviare), donde presuntamente serían entregados a las disidencias de las Farc.

Los menores fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar para el restablecimiento de sus derechos.

La Fiscalía le imputó el delito de reclutamiento ilícito, cargo que no aceptó el procesado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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