META
Contraloría detectó 17 hallazgos fiscales en proyectos de regalías en el Meta
Un total de 17 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $16.323 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Meta y algunos municipios de este Departamento.
En total se configuraron 31 hallazgos administrativos, de los cuales el mismo número tienen presunta connotación disciplinaria.
Fueron evaluados proyectos como “Mejoramiento de la vía sectores de Santa Helena Los Mangos y Patio Bonito, en el municipio de Granada”; “Operación y mantenimiento de la PTAP Acueducto por gravedad, en la Inspección de Veracruz, municipio de Cumaral”; “Construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán”; y “Construcción de obras de protección y mitigación de impacto hidráulico en puentes en la vereda El Caribe, en el municipio de Puerto Lleras”.
Para la evaluación se seleccionaron 38 proyectos por valor de $297.648 millones, de los cuales $250.135 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Graves riesgos por mal estado de puentes
Inicialmente, en el marco del proyecto, formulado y ejecutado por la Agencia de Infraestructura de Meta para el mejoramiento de la vía sector veredas Santa Helena, Los Mangos y Patio Bonito, cuyo objetivo es comunicar los municipios de Granada, Fuentedeoro y San Juan de Arama, se detectó que las condiciones físicas de los cinco puentes de esta vía indican que no se está dando cumplimiento a la Norma Colombiana de Diseño de PUENTES CCP14- INVIAS.
Este proyecto fue aprobado y formulado en 2014 y contratado en 2016.
Para la Contraloría, la existencia de problemas en la planeación y formulación por parte de la administración departamental del proyecto son graves, puesto que la decisión de no intervención de estos puentes en el marco del mejoramiento de la vía pone en cuestionamiento el objetivo de comunicar los tres municipios.
Durante la visita técnica, se observó que las actividades ejecutadas por el contratista en el sector corresponden a lo pactado contractualmente, sin embargo, el proyecto hace uso de cinco estructuras existentes tipo “puente”, por lo que la calzada se reduce a un solo carril.
Pese a que el proyecto tuvo una adición de cerca de $3 mil millones, y conociendo el incumplimiento frente a la norma colombiana, ninguno de estos puentes existentes fue intervenido.
Es de resaltar que uno de los puentes sufrió un daño considerable por esfuerzo de tensión sobre sus dos vigas centrales, que dejó al descubierto los aceros de refuerzo y generó un “pandeo” en toda la estructura, dejándolo inutilizable para vehículos de carga y en condición de riesgo de colapso.
Esta situación es de conocimiento público y, por ende, la Agencia para la Infraestructura del Meta está informada sobre este particular, resalta el Informe de la Contraloría. Es así como, dentro de las actividades contractuales, se contempló la instalación de la señal con prohibición del paso por falla técnica del puente.
Sin embargo, el organismo de control considera que esto no da solución al propósito de comunicar los mencionados municipios, por lo cual se podría llegar a determinar que no se cumplió con el objetivo de desviar el tráfico vehicular para evitar su entrada al casco urbano del municipio de Granada.
La CGR llama la atención sobre el inminente riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía, señalando la importancia de que las autoridades departamentales y municipales atiendan el tema para evitar una situación que lamentar.
En consecuencia, se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $7.473 millones.
Obra sin el mantenimiento adecuado
La Contraloría General de la República determinó igualmente un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor de $3.810 millones por deficiencias técnicas, falta de operación y mantenimiento en el acueducto por Gravedad en la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
Este proyecto fue formulado, aprobado y ejecutado en 2017.
En visita técnica realizada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR, se constató que el servicio suministrado, una vez ejecutado el contrato No. 171 de 2017, no corresponde a las condiciones demandadas por el ordenamiento jurídico, toda vez que, dentro de las instalaciones de la PTAP construida, no se ha desarrollado el mantenimiento adecuado que es necesario para garantizar el suministro de agua potable a la población de la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
En términos generales, este sistema de filtración lenta en arena tenía como fin garantizar el acceso al agua potable a los residentes de la Inspección de Veracruz en condiciones de dignidad y en cumplimiento del alcance del objeto social en cabeza de la empresa prestadora de los servicios públicos, EDESA.
Falta de planeación en Terminal de Transporte de Puerto Gaitán
En relación con la construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán, se pudo constatar que el proyecto no contempló las condiciones previstas en los requisitos mínimos para la creación y habilitación de un terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
A la fecha, este proyecto, que data del año 2019, no cuenta con el aval del Ministerio de Transporte para la ejecución del mismo y técnicamente se pudo establecer que, bajo las actuales condiciones pactadas contractualmente, no existe alcance para terminarlo a cabalidad, es decir, se evidencian dificultades para su funcionalidad, por cuanto no se construirían vías, andenes, parqueaderos, paisajismo, ventanería de aluminio del módulo principal y la totalidad de la red eléctrica de distribución interna.
Estas falencias conllevan a determinar incumplimiento al principio de planeación por parte de la Administración Municipal, por lo cual se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la suma de $1.669 millones.
Fuente: Contraloría General de la República
META
Ordenan restituir 34.500 hectáreas a comunidades indígenas en zona rural de Puerto Gaitán
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
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A la cárcel por el homicidio de un menor de edad en Villavicencio
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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