META
Contraloría detectó 17 hallazgos fiscales en proyectos de regalías en el Meta
Un total de 17 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $16.323 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Meta y algunos municipios de este Departamento.
En total se configuraron 31 hallazgos administrativos, de los cuales el mismo número tienen presunta connotación disciplinaria.
Fueron evaluados proyectos como “Mejoramiento de la vía sectores de Santa Helena Los Mangos y Patio Bonito, en el municipio de Granada”; “Operación y mantenimiento de la PTAP Acueducto por gravedad, en la Inspección de Veracruz, municipio de Cumaral”; “Construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán”; y “Construcción de obras de protección y mitigación de impacto hidráulico en puentes en la vereda El Caribe, en el municipio de Puerto Lleras”.
Para la evaluación se seleccionaron 38 proyectos por valor de $297.648 millones, de los cuales $250.135 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Graves riesgos por mal estado de puentes
Inicialmente, en el marco del proyecto, formulado y ejecutado por la Agencia de Infraestructura de Meta para el mejoramiento de la vía sector veredas Santa Helena, Los Mangos y Patio Bonito, cuyo objetivo es comunicar los municipios de Granada, Fuentedeoro y San Juan de Arama, se detectó que las condiciones físicas de los cinco puentes de esta vía indican que no se está dando cumplimiento a la Norma Colombiana de Diseño de PUENTES CCP14- INVIAS.
Este proyecto fue aprobado y formulado en 2014 y contratado en 2016.
Para la Contraloría, la existencia de problemas en la planeación y formulación por parte de la administración departamental del proyecto son graves, puesto que la decisión de no intervención de estos puentes en el marco del mejoramiento de la vía pone en cuestionamiento el objetivo de comunicar los tres municipios.
Durante la visita técnica, se observó que las actividades ejecutadas por el contratista en el sector corresponden a lo pactado contractualmente, sin embargo, el proyecto hace uso de cinco estructuras existentes tipo “puente”, por lo que la calzada se reduce a un solo carril.
Pese a que el proyecto tuvo una adición de cerca de $3 mil millones, y conociendo el incumplimiento frente a la norma colombiana, ninguno de estos puentes existentes fue intervenido.
Es de resaltar que uno de los puentes sufrió un daño considerable por esfuerzo de tensión sobre sus dos vigas centrales, que dejó al descubierto los aceros de refuerzo y generó un “pandeo” en toda la estructura, dejándolo inutilizable para vehículos de carga y en condición de riesgo de colapso.
Esta situación es de conocimiento público y, por ende, la Agencia para la Infraestructura del Meta está informada sobre este particular, resalta el Informe de la Contraloría. Es así como, dentro de las actividades contractuales, se contempló la instalación de la señal con prohibición del paso por falla técnica del puente.
Sin embargo, el organismo de control considera que esto no da solución al propósito de comunicar los mencionados municipios, por lo cual se podría llegar a determinar que no se cumplió con el objetivo de desviar el tráfico vehicular para evitar su entrada al casco urbano del municipio de Granada.
La CGR llama la atención sobre el inminente riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía, señalando la importancia de que las autoridades departamentales y municipales atiendan el tema para evitar una situación que lamentar.
En consecuencia, se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $7.473 millones.
Obra sin el mantenimiento adecuado
La Contraloría General de la República determinó igualmente un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor de $3.810 millones por deficiencias técnicas, falta de operación y mantenimiento en el acueducto por Gravedad en la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
Este proyecto fue formulado, aprobado y ejecutado en 2017.
En visita técnica realizada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR, se constató que el servicio suministrado, una vez ejecutado el contrato No. 171 de 2017, no corresponde a las condiciones demandadas por el ordenamiento jurídico, toda vez que, dentro de las instalaciones de la PTAP construida, no se ha desarrollado el mantenimiento adecuado que es necesario para garantizar el suministro de agua potable a la población de la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
En términos generales, este sistema de filtración lenta en arena tenía como fin garantizar el acceso al agua potable a los residentes de la Inspección de Veracruz en condiciones de dignidad y en cumplimiento del alcance del objeto social en cabeza de la empresa prestadora de los servicios públicos, EDESA.
Falta de planeación en Terminal de Transporte de Puerto Gaitán
En relación con la construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán, se pudo constatar que el proyecto no contempló las condiciones previstas en los requisitos mínimos para la creación y habilitación de un terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
A la fecha, este proyecto, que data del año 2019, no cuenta con el aval del Ministerio de Transporte para la ejecución del mismo y técnicamente se pudo establecer que, bajo las actuales condiciones pactadas contractualmente, no existe alcance para terminarlo a cabalidad, es decir, se evidencian dificultades para su funcionalidad, por cuanto no se construirían vías, andenes, parqueaderos, paisajismo, ventanería de aluminio del módulo principal y la totalidad de la red eléctrica de distribución interna.
Estas falencias conllevan a determinar incumplimiento al principio de planeación por parte de la Administración Municipal, por lo cual se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la suma de $1.669 millones.
Fuente: Contraloría General de la República
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
