META
Fiscalía imputará a dos exgobernadores del Meta por contrato que afectó Parque Natural
La acción investigativa articulada de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos puso en evidencia actuaciones irregulares en las que, supuestamente, incurrieron dos exgobernadores de Meta y algunos de sus colaboradores al contratar y permitir el avance de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua.
El 29 de abril de 2011, durante el periodo del entonces gobernador, Darío Vásquez Vásquez, se suscribió el contrato N° 081 para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta).
El citado contrato, cuyo valor superó los 4.100 millones de pesos, se realizó sin exigir licencia ambiental ni permisos de aprovechamiento forestal.
Posteriormente, con la llegada a la gobernación del señor Alan Edmundo Jara Urzola, las obras iniciaron y, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales le advirtió al mandatario suspender cualquier proyecto de infraestructura y servicios en los Parques Nacionales Naturales del departamento, el gobernador continuó la obra e hizo caso omiso a la solicitud.
Para la Fiscalía, los entonces funcionarios que participaron en las distintas fases del proyecto, al parecer, incumplieron las normas ambientales y de contratación vigentes. Además, habrían puesto en grave riesgo a la flora, fauna, suelo y agua del Parque Nacional Natural Tinigua; y en alto grado de vulnerabilidad a los estudiantes y planta de profesores
En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado a los exgobernadores Darío Vásquez Vásquez y Alan Edmundo Jara Urzola.
Por su parte, la Dirección Especializada contra la Violaciones a los Derechos Humanos imputará los mismos delitos a los siguientes exfuncionarios:
- Gilberto Toro Franco, exgerente del Instituto de Desarrollo del Meta.
- Juan Carlos Medina González, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Desarrollo del Meta.
- Andrés Perea Mejía, ex subgerente técnico del Instituto de Desarrollo del Meta.
- Javier Armando Castellanos Bohórquez, ex director operativo del Área de Estudios, Diseños y Proyectos, adscrito a la Sub Gerencia Técnica del Instituto de Desarrollo del Meta.
Las solicitudes de audiencias de imputación fueron radicadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, para el caso de los dos exgobernadores; y en el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Villavicencio (Meta), en lo que respecta a los otros exfuncionarios.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Jairo Hoyos Arenas, quien fue capturado en flagrancia cuando al parecer movilizaba personas que estarían siendo reclutadas para engrosar las líneas de las disidencias de las Farc.
El pasado 24 de abril, en horas de la madrugada, en un puesto de registro y control de la Policía Nacional en la vía Bogotá – Villavicencio, Hoyos Arenas fue requerido cuando se movilizaba en un vehículo con ocho personas.
Al corroborar las identidades de los ocupantes se hallaron tres menores de edad, quienes señalaron a Hoyos Arenas de haberlos recogido en El Tambo (Cauca) y de trasladarlos a Calamar (Guaviare), donde presuntamente serían entregados a las disidencias de las Farc.
Los menores fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar para el restablecimiento de sus derechos.
La Fiscalía le imputó el delito de reclutamiento ilícito, cargo que no aceptó el procesado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Covioriente, informa que este sábado 27 de abril se llevará a cabo la prueba de carga en el puente vehicular Guatiquía, ubicado en el tramo Villavicencio – Cumaral, unidad funcional 1 del proyecto vial.
El desarrollo de estas pruebas implica restricciones de movilidad que se darán en horario nocturno, desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., en los siguientes puntos sobre la ruta nacional 6510:
– Desde el kilómetro 2+100 hasta el kilómetro 3+450, entre el sector del Monumento al Coleo y la glorieta del Monumento de Las Arpas.
– En el kilómetro 5, sector del cruce hacia la vereda El Cairo.
– En el kilómetro 8+300, en aproximaciones al peaje Puente Amarillo (restricción de vehículos de carga).
En las ubicaciones mencionadas se implementará el Plan de Manejo de Tráfico con señalización y personal encargado del control vehicular, el cual se restablecerá al finalizar las actividades.
Tenga en cuenta que, aunque las pruebas se realizan sobre la estructura, se debe restringir la movilidad metros antes para ubicar la maquinaria y personal encargado de las actividades.
Fuente: Covioriente
En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.
En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.
Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.
Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.
Fuente: Gobernación del Meta
