ARAUCA
En Arauca ofrecen hasta 50 millones por información sobre ataque a la Fuerza Pública
El gobernador José Facundo Castillo Cisneros rechazó el acto terrorista registrado el martes en horas de la tarde en la vereda Monserrate en el municipio de Arauca, en un hostigamiento por parte de un grupo armado ilegal contra la Policía y la Armada de Colombia y que dejó como saldo la muerte violenta del sargento segundo Javier Enrique Caicedo, técnico anti explosivos de la Armada Nacional.
En declaraciones entregadas a los medios de comunicación durante la visita realizada por el gobernador al hospital San Vicente de Arauca, para apersonarse de la situación señaló que en nombre de la gobernación, de la alcaldía de Arauca y del comité de orden público, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos, de los cuales 20 millones los ofrece la administración local y 30 millones el gobierno departamental a quien suministre información que permita dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de hecho terrorista.
“Clamamos paz para un territorio que quiere seguir creciendo y fortaleciendo la sana convivencia en los siete municipios.
Lo que ocurrió, nos duele por la forma indiscriminada en que atacaron a estos héroes de la patria y a la sociedad civil, por eso, desde el Gobierno Departamental rechazamos de forma contundente este accionar terrorista y pedimos a los grupos al margen de la ley que piensen que también tienen familia y que no queremos más guerras en nuestro Departamento”, señaló el gobernador.
Castillo Cisneros, hizo llegar sus más sentidas condolencias a los familiares del militar Javier Caicedo por los hechos que no deben repetirse en el departamento de Arauca.
“Le pedimos a los actores del conflicto que cesen los actos de violencia, que Arauca no merece vivir en medio de la zozobra, seguiremos trabajando para que en el departamento de Arauca reine la paz”, puntualizó Castillo Cisneros e hizo un llamado a buscar una salida a esta violencia que tanto daño causado en el territorio que hoy por hoy clama por una paz duradera.
Fuente: Gobernación de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
