CASANARE
Cárcel de Yopal presenta hacinamiento cercano al 50%, reveló su director (e) ante el Concejo
El establecimiento tiene capacidad para 918 internos y en la actualidad hay recluidos 1.380.
El hacinamiento en la Cárcel de Yopal ubicada en el sector de La Guafilla es del 53%, dijo ante el Concejo Municipal el director (e) de este Centro de reclusión, Oswaldo Vidales Méndez, al exponer la situación actual que están viviendo los internos de este establecimiento.
Según el informe presentado por el director (e), la infraestructura conformada por seis patios tiene una capacidad real para albergar a 918 internos, pero a la fecha la población privada de la libertad asciende a un total de 1.380 reclusos.
El funcionario aprovechó la oportunidad para recordarle a la Administración Municipal, que le asiste el compromiso de celebrar convenios interadministrativos con el Inpec para la atención de los internos que tienen la condición de sindicados y cuyo arraigo sea de la ciudad de Yopal, agregando que en la actualidad existen en la Cárcel de La Guafilla 130 reclusos cuyo origen es la capital del departamento, y cuyo costo de sostenimiento sería de $1.950.000 anuales por cada uno.
“Con fundamento en la Ley 65 del 93 y la Ley 1709 del 2014, los señores Concejales quedaron contextualizados y con el compromiso de coadyuvar en las gestiones que correspondan, para que podamos nosotros celebrar el Convenio con la Administración Municipal”, explicó el funcionario.
En cuanto al tema del agua potable, Vidales Méndez dijo que en este momento se presenta un inconveniente por el colapso de uno de los pozos profundos que suministra el líquido a los reclusos de la cárcel, “estamos esperando que la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios del Inpec apropie los recursos para lograr hacerle mantenimiento y así poder suministrar el líquido vital las 24 horas“.
Respecto de la problemática por la atención en salud para los internos, manifestó que esta situación se superó desde el año anterior, y en el momento se están prestando los servicios por parte de la Fiduprevisora para la atención de los internos y la entrega de medicamentos.
Frente a la situación planteada por Vidales Méndez, los corporados se comprometieron a realizar, bajo los alcances de sus competencias, las acciones pertinentes teniendo en cuenta las capacidades que le atañen a los entes territoriales para celebrar estos convenios interadministrativos con el INPEC.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
