META
Declaran nula sanción con responsabilidad fiscal contra exdirectora de presupuesto del Meta
El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión por medio de la cual la Contraloría sancionó a la exdirectora de Presupuesto del Meta Nohora Marín de Ruíz.
A la exfuncionaria se le había impuesto un fallo con responsabilidad fiscal por más de 15.000 millones de pesos.
La demandante había sido sancionada fiscalmente por la Contraloría porque, en su calidad de directora administrativa de Presupuesto, habría tenido parte en la colocación de unos recursos de tesorería provenientes de los excedentes de las regalías del Meta en un patrimonio autónomo cuyo fideicomitente era un particular, dando lugar a una serie de operaciones prohibidas que produjeron un detrimento patrimonial para el ente territorial por más de 15.000 millones de pesos.
A juicio de la afectada, la colocación de los recursos de las regalías departamentales en el patrimonio autónomo de Proyectar, que se creó tras la firma de un contrato fiduciario entre este consorcio y Fiduagraria en abril del 2006, era ajena a la función que ella desarrollaba frente al presupuesto. En su criterio, esa responsabilidad es propia de la Tesorería Departamental y así lo demostrarían diferentes disposiciones legales y constitucionales que indicarían que tal gestión fiscal está a cargo de dicha dependencia. De ahí que interpusiera una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se revocara la sanción.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la directora de Presupuesto, en tanto integraba el Comité Técnico Financiero de la Gobernación del Meta, también era responsable de la autorización de los trámites que debía adelantar la Tesorería para invertir excedentes de las regalías en el patrimonio autónomo de Proyectar, sin que se expresara ningún reparo frente al riesgo de no retorno de los dineros.
La sancionada interpuso recurso de apelación contra esta decisión, insistiendo en la necesidad de dejar sin efectos la sanción. Indicó que su participación en el Comité Técnico Financiero no implica que haya desempeñado gestión fiscal, pues la competente era la Tesorería.
El Consejo de Estado accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Concluyó que, si bien está probado que las competencias de la funcionaria frente a la administración del presupuesto departamental constituyen el ejercicio de una gestión fiscal, ello que no quiere decir que de sus actuaciones surgieran las autorizaciones necesarias para la inversión de los recursos, que fue la causa del detrimento patrimonial.
Dado que no está demostrada acción u omisión dolosa o gravemente culposa en la que haya tenido parte la ex funcionaria frente a la producción del detrimento patrimonial, la alta corte dejó sin efectos la sanción y le impuso a la Contraloría el deber de pagarle a la parte demandante 30 salarios mínimos legales vigentes, como reparación al perjuicio moral que le ocasionó con su decisión.
Fuente: Consejo de Estado
Covioriente, informa que desde este jueves 2 de mayo se presentarán pasos controlados a un carril al puente vehicular sobre el río Upía ubicado en el kilómetro 105+500 de la ruta nacional 6510, para realizar labores de mantenimiento de la estructura.
Estas actividades se desarrollarán durante dos meses aproximadamente e incluyen la instalación y reemplazo de las juntas de dilatación, diseñadas para unir cada una de las secciones del puente y permitir movimientos longitudinales, verticales y rotaciones que puedan presentarse debido al paso de los carros o eventos sísmicos, brindando un tránsito seguro e ininterrumpido a los usuarios.
Las labores implican la implementación del Plan de Manejo de Tráfico que contempla la reducción del flujo vehicular a un solo carril, acompañado de señalización, iluminación y controladores.
Fuente: Covioriente
Por primera vez en el departamento del Meta, una asociación afrometense adquirió terrenos en Castilla La Nueva con recursos de regalías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el desarrollo de proyectos productivos.
En el marco de la Ley 2056 del 2020, el municipio adquirió 46,5 hectáreas de tierra que entregó a las comunidades negras de la asociación ‘ASRAC’ (Asociación Afrodescendiente de Castilla La Nueva), por habitar en territorios con influencia de la industria petrolera, en las cuales se beneficiarán 200 familias que trabajan en colectividad.
La Gobernación del Meta realizó acompañamiento durante todo el proceso a la asociación, por medio de la gerencia de Asuntos Étnicos de la secretaría Social.
El enlace para las comunidades afro de la gobernación del Meta, James Aguilar, destacó que los recursos fueron asignados con el porcentaje de regalías aportando el 4,5 por ciento de estos recursos el municipio y el dos por ciento de regalías del departamento que dicta la Ley.
Así mismo, se espera la entrega de tierras a comunidades afro metenses en otros municipios como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán.
Fuente: Gobernación del Meta
Tras el consejo de seguridad realizado en el municipio de Granada, se anunció la adopción de un paquete de medidas tendientes a enfrentar a la delincuencia, incluyendo entre ellas el pago de recompensas.
Entre esas acciones la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano Noguera, informó que, como parte de la estrategia trazada se definió una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca al decomiso de armas y explosivos, y una recompensa de 20 millones de pesos por datos que faciliten la captura de extorsionistas que operan en la región.
Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen, proporcionando información relevante que contribuya a la identificación y captura de aquellos que amenazan la paz y la tranquilidad de la comunidad.
Se reitera el compromiso de mantener una comunicación abierta y transparente con la población, en aras de construir un entorno seguro y próspero para todos los habitantes.
Fuente: Gobernación del Meta
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