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Senadora Maritza Martínez solicita se declare Emergencia Sanitaria por crisis de la salud en el Meta
La Senadora Maritza Martínez Aristizábal le solicitó al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que ante la evidente crisis funcional que atraviesa el sistema de salud en Villavicencio, se declare el estado de Emergencia Sanitaria.
En carta dirigida al Ministro, la parlamentaria señala que la medida es necesaria, teniendo en cuenta la situación que enfrenta la red clínica y hospitalaria de la capital metense, donde el Hospital Departamental que aún se encuentra intervenido, colapsó el pasado fin de semana al registrar un sobrecupo superior al 250%, y que revierte en profundas consecuencias en la región de la Orinoquia toda vez que este Hospital encabeza la infraestructura de salud regional y presta el servicio a toda la población llanera.
Dice Martínez Aristizábal, que el soporte normativo de esta declaratoria de emergencia es la Ley 1753 de 2015 que consagra este mecanismo para afrontar situaciones de crisis en la prestación del servicio de salud, como la que se ha generado en el Meta con ocasión del reiterado y sistemático incumplimiento en las obligaciones financieras de las EPS a las IPS que han desencadenado la desatención de los usuarios, derivando en una mayor afluencia de pacientes al Hospital Departamental de Villavicencio, con lo cual se desbordó su capacidad de atención y la consecuente prestación del servicio en forma indigna e inhumana y dando como resultado un riesgo inminente en el cierre de varias clínicas de la ciudad.
“Existen protuberantes fallas en las entidades del orden nacional encargadas de vigilar la salud de los colombianos. En primera instancia, no se encuentra un acompañamiento efectivo en los procedimientos de cobro de cartera de las EPS, lo cual agudiza la tragedia que miles de colombianos padecen en la medida que las EPS irresponsablemente no están garantizando una red de prestadores públicos y privados”, señala la Senadora en la carta al Ministro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
