META
Caso de secuestro de enfermero en Meta se enreda con decisión judicial
La Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Meta interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado 1° Penal Municipal de San José del Guaviare, que se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad contra Santiago Castellanos Auerbach y Albeiro Sanpedro López, luego de que fueran señalados como presuntos responsables del secuestro de un enfermero del hospital de San José del Guaviare, en octubre de 2018.
Irónicamente, el imputado y la víctima continúan trabajando en el mismo centro asistencial.
La Fiscalía imputó el delito de secuestro simple agravado en contra de los hoy judicializados, también empleados del hospital, quienes no aceptaron los cargos. El material probatorio presentado permitió que la Procuraduría apoyara la solicitud de medida, por lo que también apeló la decisión del despacho judicial.
Según la investigación, luego de una reunión de integración en un balneario del Guaviare los hoy imputados, junto a otras dos personas, habrían engañado a la víctima para que se trasladara al sector rural de la ciudad donde, supuestamente, tenían comprador para su carro.
La denuncia de la víctima señala que sus compañeros de trabajo lo habrían llevado hasta el predio, de propiedad de uno de los presuntos secuestradores, y supuestamente lo amarraron, golpearon y retuvieron porque lo acusaban del robo de algunos celulares que habían guardado en su vehículo, mientras la celebración.
Las órdenes judiciales de captura contra Sanpedro López y Castellanos Auerbach fueron materializadas por investigadores del Gaula Policía Ariari en vía pública de San José del Guaviare y mediante diligencia de allanamiento con fines de captura en la ciudad de Cali, lugar hasta donde viajó uno de los capturados. Posteriormente se efectuó la legalización de captura ante el Juzgado 1° Penal Municipal con función de control de garantías.
El Juzgado se abstuvo de dictar medida alguna con el argumento de que los imputados tienen arraigo, son profesionales y no representan un peligro para la comunidad.
La Fiscalía solicitó apoyo de las autoridades de Perú para la captura de otra persona vinculada a la investigación, sobre la cual figura circular azul.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
