META
Fiscalía confirma una captura por homicidio de abogado ocurrido en Villavicencio
Por solicitud de la Fiscalía Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata URI fue asegurado con detención intramuros Pedro Jesús Bello Camejo, presunto responsable de la muerte del abogado Carlos Javier Cháux Fajardo, quien laboraba en un juzgado de conocimiento de Villavicencio (Meta).
Los hechos se habrían presentado el pasado 2 de mayo en un conjunto residencial del sur oriente de la capital del Meta, cuando, al parecer, Bello Camejo ingresó a la vivienda de la víctima para realizar trabajos de obra dentro del apartamento.
Según la investigación, el hoy detenido habría atacado en 20 oportunidades con arma cortopunzante a la víctima por hurtarle el celular y otras pertenencias de valor que había en la vivienda.
Mediante orden judicial, investigadores del CTI de la Fiscalía, adscritos a la Brigada de Homicidios conjunta con Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura de Bello Camejo en vía pública de la Vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Acacías (Meta).
Ante el Juzgado 2° Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías fue presentado el detenido para el desarrollo de las audiencias concentradas, que tuvieron lugar el fin de semana. La Fiscalía imputó cargos contra el detenido por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado, los cuales no fueron aceptados.
Ante la decisión del juez, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico del detenido y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.
JUDICIALEste es el momento en que hombres del CTI realizan la captura en Villavicencio de Pedro Jesús Bello Camejo, señalado como presunto responsable del homicidio del reconocido abogado Carlos Javier Chaux Fajardo, ocurrido en medio de un atraco al interior de su residencia.
Posted by El Diario Del Llano on Monday, July 6, 2020
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
