CASANARE
Amargo día para Jhon Jairo Torres y sus seguidores en Yopal, seguirá preso en La Picota
Nada bien jurídicamente le fue al preso Alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, en las dos audiencias que se surtieron ante el Tribunal Superior del Circuito, por los casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como por urbanizador ilegal.
A primera hora y con ponencia de la Magistrada Gloria Esperanza Malaver, el Tribunal revocó la decisión del Juez Iván Dueñas, que el pasado 18 de noviembre decretó la nulidad de lo actuado en el caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La defensa de Jhon Jairo Torres argumentaba que existían dos procesos iguales contra su cliente, uno que se lleva por el sistema antiguo de Ley 600, y otro que se adelanta por los mismos delitos pero bajo el nuevo Sistema al tenor de la Ley 906.
“El presente proceso (el que se lleva por Ley 906) trae como imputación el concurso heterogéneo con la posible existencia del delito de lavado de activos. De manera que por este simple hecho, por la existencia de la imputación y acusación por lavado de activos el proceso no podría desaparecer jurídicamente con el decreto de una nulidad procesal desde la imputación, así las cosas, la providencia recurrida debe ser revocada para que en su lugar se continúe desarrollando la audiencia de acusación y se siga el juicio”, señala el fallo del Tribunal.
De esta manera, el alcalde Jhon Jairo Torres continuará recluido en la Cárcel La Picota de la capital de la república, a la espera que se prosiga el juicio en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Urbanizador ilegal
Se adelantó una segunda Audiencia, esta vez relacionada con el proceso por Urbanización Ilegal donde Jhon Jairo Torres ya aceptó cargos, y la defensa apelaba el fallo del Juez Tercero Penal de Yopal el pasado 30 de septiembre de 2016, que negó la retractación a esa aceptación de cargos por parte de Torres Torres.
Teniendo en cuenta que el Alcalde se encuentra capturado y detenido en la Penitenciaría Nacional de La Picota, la audiencia se iba a realizar de manera virtual logrando comunicación entre la Penitenciaría y el Palacio de Justicia, pero finalmente Jhon Jairo Torres manifestó que iba a asistir, por lo que la audiencia debió realizarse sin su comparecencia, así fuera virtual.
El abogado defensor de Jhon Jairo Torres, Isnardo Gómez Urquijo, alegaba que su cliente no había sido debidamente informado de los efectos de aceptar la imputación, además que la defensa hecha en su momento por el ex fiscal Mario Iguarán no había sido la debida, adecuada y esperada de parte de un profesional del Derecho.
Gómez Urquijo también había recusado a los Magistrados del Tribunal Superior de Yopal, quienes debían conocer en segunda instancia el proceso para resolver la apelación que él mismo había interpuesto, recusación que fue negada por conjueces designados por el Tribunal.
Así las cosas, el Tribunal decidió confirmar en su integralidad la decisión tomada por el Juez Tercero Penal de Yopal, de no aceptar la retractación a Jhon Jairo Torres en el proceso por urbanizador ilegal, ni decretar la nulidad solicitada por la defensa.
De igual manera, el Tribunal solicitará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, investigar al abogado defensor Isnardo Gómez Urquijo, por la posible dilación en que haya hecho incurrir el proceso con sus actuaciones.
De esta manera, el proceso por Urbanizador Ilegal retornará al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, donde se surtirá la audiencia para individualización de la pena y lectura de fallo condenatorio, teniendo en cuenta que por este delito ya aceptó cargos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
