CASANARE
Reforma a las CAR a punto de concretarse en el Congreso
A un debate en la plenaria del Senado quedó de ser aprobada la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), la cual apunta a fortalecer la transparencia, gobernabilidad y su gestión. La iniciativa hace importantes ajustes como eliminar la reelección del director y la introducción de mecanismos de acceso a la información pública.
Sin embargo, el interrogante que surge es si ello será suficiente para mejorar estas instituciones creadas por la Constitución del 91, como autoridades ambientales en las diferentes regiones, o solo aplaza la intención que han tenido algunos de suprimirlas por supuestamente ser inoperantes.
Más de 20 proyectos en los últimos 15 años de reforma a las CAR han sucumbido en el Congreso, por lo que hay gran expectativa con esta iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical que fue aprobada la semana anterior por la Comisión Quinta del Senado y que, como se dijo, solo les resta un peldaño en la plenaria de esta Corporación.
Los principales señalamientos a las 33 CAR que hay en el país es que son usadas como fortines políticos, la gestión en ocasiones no es la mejor en su función como autoridad ambiental, de planeación ambiental del territorio, la administración, seguimiento, control y vigilancia del uso del ambiente, de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas estratégicos. También se han presentado irregularidades en la contratación.
A mediados del 2018 el procurador General, Fernando Carrillo, respaldó la eliminación de las CAR tras considerarlas como “el nido de corrupción más grande que ataca derechos fundamentales en Colombia”.
En tanto que el presidente Duque pidió el año pasado en uno de sus talleres Construyendo País a las CAR que “se conviertan en genuinas autoridades ambientales y no en fortines de la politiquería”.
Por su parte, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) ha señalado que son las entidades que más logros y acciones ambientales regionales reportan al país, porque son las que implementan las políticas, están y actúan en el territorio.
El proyecto
La iniciativa obliga a las CAR a implementar una estrategia de transparencia y acceso a la información pública, bajo criterios diferenciales de accesibilidad, aplicando la política de datos abiertos y de publicidad.
En virtud de ello tendrán que publicar en sus páginas web, entre otros, los instrumentos de planeación institucional y sus informes de avance, presupuesto e informes de ejecución presupuestal; informes de las inversiones realizadas con los recursos provenientes tanto del Presupuesto General de la Nación como de las rentas propias; así como un informe estadístico semestral de los tiempos de demora en la expedición de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás actuaciones administrativas ambientales que se adelanten.
Así mismo este proyecto de reforma impele a las CAR a adoptar en sus procesos de planificación institucional acciones contra la corrupción. También incorporarán los pliegos tipo expedidos por el Gobierno nacional en los cuales se establecerán las condiciones estándar que deben cumplir los proponentes para contratar con las entidades.
Gobernanza
El proyecto modifica la composición de los consejos directivos de las CAR al hacer parte de los mismos a un delegado de las entidades científicas regionales. En tanto mantiene a los actuales integrantes, entre otros, el gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación; un representante del Presidente de la República; el Ministro de Ambiente o su delegado; un representante de los gremios del sector productivo que tengan presencia en la jurisdicción.
El proyecto pone también en cabeza del Consejo Directivo de la Corporación la designación del jefe de control interno, previa selección por méritos, para un periodo de cuatro años que iniciará al finalizar el segundo año del periodo institucional del Director.
En cuanto al director general de la CAR, la iniciativa de ley mantiene su periodo en 4 años, pero elimina la reelección, que en la actualidad se puede hacer por una vez. Aunque esta disposición no aplica a los actuales directores.
De igual forma establece que los miembros del Consejo Directivo durante el ejercicio de sus funciones y en el año siguiente a su retiro no podrán ser designados como director general de la Corporación.
También, el proyecto establece una serie de requisitos para ser director de una CAR, pues la Ley 99 de 1993, que rige a estas instituciones no contempla ninguno. En consecuencia el aspirante debe, entre otras, ser ciudadano colombiano; tener título profesional en áreas relacionadas con las funciones del cargo; así como título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado y 84 meses de experiencia profesional, de los cuales 42 meses deben ser de experiencia profesional relacionada con la gestión ambiental.
La iniciativa también introduce que la selección de los directores de las CAR se adelantará a través de una convocatoria pública abierta.
Otros aspectos
El proyecto dispone que el 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental.
De igual forma establece que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere superior al 4% de la población nacional serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Igualmente, el proyecto señala que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere superior al 4% de la población nacional, ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las CAR, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.
Proposición
El senador Antonio Luis Zabaraín, uno de los autores de este proyecto de reforma a las CAR, dijo a EL NUEVO SIGLO que presentará una proposición en cuarto debate para suprimir el artículo 22 de este proyecto “porque perjudica a los entes territoriales, en cuanto a los aportes que tienen que hacerle a esas corporaciones”.
El Parlamentario de Cambio Radical explicó que se aumenta a favor de las CAR el porcentaje sobre el recaudo en predial, “que no podía ser inferior al 20%, antes era el 15%. Adicionalmente, incrementan la sobretasa que no podrá ser inferior al 2%, y antes no podía ser inferior al 1,5%. Eso nos parece nocivo para los entes territoriales, y por eso estamos presentando una proposición. Al interior de la bancada ya tengo la firma de 12 de los 16 senadores, y logro obtener 14”.
Zabaraín justificó también al respecto que “en el fondo, nosotros como Partido hemos manifestado reparos a esas corporaciones autónomas e, inclusive, queremos en un futuro no muy lejano eliminarlas. Entonces, no es coherente que queramos eliminarlas y por otro lado a través de un artículo busquemos una manera de nutrirlas, inyectándoles más recursos”.
Fuente: El Nuevo Siglo
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
