CASANARE
Empresas de energía de la Orinoquia sancionadas por fallas en el servicio y altas tarifas
Multas por más de $ 45 mil millones de pesos ha impuesto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en lo corrido del presente año, a 72 prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas por incumplimientos a la regulación vigente.
Según la Superservicios, las sanciones recaen sobre 27 prestadores de energía, 20 de gas, 11 de acueducto, alcantarillado y aseo, 7 de acueducto y alcantarillado, 6 de aseo y 1 de acueducto y aseo. Son resultado de procesos de investigación iniciados por la superintendencia entre el 2016 y el 2019.
Las principales razones para imponer las multas se derivan de incumplimientos a indicadores de calidad de agua, normas técnicas, regulación en materia de subsidios, reglamento de instalaciones eléctricas, inversiones y metodologías tarifarias; también por fallas de continuidad en la prestación, medición del consumo, reporte de información, planes de contingencia, recolección y disposición final de residuos, entre otros.
Las multas
En el reporte de la Superservicios figuran multas contra Empresas como la Electrificadora del Meta con $5.958 millones de pesos por incumplimiento al régimen tarifario, cuyo proceso se encuentra en proceso de reposición; la Empresa de Energía de Arauca tiene dos procesos sancionatorios, uno por $877 millones de pesos por falla en la prestación del servicio, el cual se encuentra para recurso de reposición, y otro proceso por valor de $192 millones de pesos por falla en la prestación del servicio e incumplimiento en los indicadores de calidad.
El caso Enerca
En el listado también figura un proceso sancionatorio contra la Empresa de Energía de Casanare ENERCA, por valor de $206 millones. Respecto de esta sanción, voceros de ENERCA señalaron que la misma ya se canceló a la Superservicios, y que se originó porque durante los años 2014 y 2015 la Superintendencia realizó visita de vigilancia y control, abriendo 4 expedientes por incumplimiento a la Ley 142, los hallazgos no subsanados fueron consolidados en un solo expediente. En razón a lo anterior, se firmó en diciembre de 2017 el programa de gestión voluntaria, al cual se le dio cumplimiento a cabalidad a partir del segundo semestre de 2018 y todo el 2019, y en prueba se firmó acta de cierre con cumplimiento total el día 12 de febrero de 2020.
“Seguimos con otros procesos en curso, e iniciamos las indagaciones preliminares y requerimientos a las empresas sobre las cuales hemos recibido quejas de los usuarios durante este año; y en particular desde que inició la emergencia sanitaria, en relación con incremento de tarifas, medición por promedio y cortes o suspensiones no autorizados. Estamos monitoreando a las empresas para evitar abusos, pues es inaceptable que familias y empresarios se afecten con incrementos injustificados en sus facturas o reciban un mal servicio”, aseguró la superintendente Natasha Avendaño García.
¿Cómo hacer una reclamación?
La Superintendencia recuerda los pasos a seguir, conforme lo determina el Código Contencioso Administrativo:
- Antes de acudir a la Superservicios, interponga un derecho de petición ante la empresa prestadora exponiendo la situación que considera lo afecta o que vulnera sus derechos como usuario. La empresa tiene 15 días hábiles para responderle.
- Si no está de acuerdo con la respuesta, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, interponga ante el prestador un Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación.
- Una vez resuelto el Recurso de Reposición, la empresa debe enviar el expediente a la Superservicios para que esta entidad lo revise y resuelva su Recurso de Apelación.
- Si la empresa no resuelve de forma concreta o no responde en el término de 15 días hábiles, el usuario puede radicar ante la Superservicios una solicitud de investigación por Silencio Administrativo Positivo, adjuntando copia de la petición radicada ante la empresa.
- Si la empresa niega o rechaza el Recurso de Apelación, el usuario puede interponer ante la Superservicios el Recurso de Queja dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la empresa en la que le rechaza o niega la apelación. Es necesario adjuntar este documento.
Estos trámites se pueden realizar en la plataforma TeResuelvo https://teresuelvo.superservicios.gov.co/. La entidad ofrece orientación en las líneas de atención 01800 910 305 para todo el país y (1) 691 3006 en Bogotá.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Gestión de Zorro y Archila logró $40 mil millones para que “despegue” el Aeropuerto El Alcaraván
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una inversión de $40.000 millones para fortalecer la infraestructura aérea del departamento, tras una reunión con el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto, el representante a la Cámara Hugo Archila y el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro.
Del total de los recursos, $18.000 millones se destinarán al proceso de internacionalización del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, que contempla estudios y diseños del terminal de carga, construcción de su infraestructura, rehabilitación de la pista y adquisición de terrenos para su ampliación.
El convenio interadministrativo entre el departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la RAP Llanos y la Aeronáutica Civil será firmado este viernes 7 de noviembre, consolidando un avance determinante en la modernización del principal aeropuerto de la región Orinoquia.
CASANARE
Procuraduría indaga posibles irregularidades en licitación del PAE de internados en Casanare
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en averiguación de responsables de la Gobernación de Casanare, por posibles irregularidades en la adjudicación del contrato del servicio de alimentación escolar para estudiantes matriculados en la estrategia de residencias escolares de las instituciones educativas oficiales del departamento, que fue declarado desierto.
El ente de control señaló que, al parecer, en desarrollo del proceso, el comité evaluador habría aceptado que un proponente presentara observaciones extemporáneas al informe de evaluación.
La indagación también busca establecer la presunta intención, por parte de dicho comité, de adjudicar el contrato a un postulante que, según los denunciantes, no cumplía con los requisitos habilitantes de tipo jurídico, técnico y financiero.
También se denunció una presunta dilación injustificada de la audiencia de adjudicación y un posible riesgo de omisión del proceso licitatorio que, a juicio del quejoso, tenía por objeto justificar la declaratoria de una urgencia manifiesta que permitiría realizar la contratación de manera directa, eludiendo el proceso licitatorio que se encontraba en curso.
CASANARE
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