META
Familia víctima de los paramilitares en Puerto Gaitán fue compensada con vivienda
Después de 15 años, José Enrique Hernández* y su familia, cumplirán el sueño de volver a tener una vivienda en reemplazo del predio que debieron dejar abandonado en la vereda de San Pedro de Arimena.
La vida para los Hernández*, siempre estuvo marcada por el destierro: inicialmente en 1993 debieron salir desplazados desde el municipio Mesetas (Meta) rumbo a Villavicencio por la presión de la guerrilla. Luego, en 1999, se fueron a probar suerte a Puerto Gaitán, donde se establecieron en un terreno baldío de 15 hectáreas al que denominaron “Villa María” y el cual también tuvieron que abandonar por culpa de la violencia paramilitar.
“En nuestra finca teníamos una casa de madera y cultivábamos plátano, maíz, caña, árboles frutales y arroz. Corría el año 2004 cuando llegaron a la zona integrantes del bloque Centauros de las Autodefensas al mando a alias “Aguila” y convencieron a uno de mis hijos de que se fuera a trabajar con ellos a una finca”, señaló José Enrique*.
Añadió que “seis meses después me enteré de que mi hijo se encontraba en un retén, me fui a buscarlo y lo convencí de que regresara con su familia y que luego se marchara para Bogotá. A los dos meses de la huida de mi hijo los paramilitares fueron a nuestra vivienda y nos amenazaron, por eso el 20 de julio de 2005 en la madrugada, salimos huyendo en una canoa hacia el casco urbano de Puerto Gaitán y luego hacia Bogotá” narró don José.
“Con la compensación que se entregará a esta familia víctima del desplazamiento forzado, la URT contribuirá con el mejoramiento de sus condiciones de vida”, afirmó el director de la Unidad en Meta, Wilson Leyton.
La sentencia emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio Especializado en Restitución de Tierras, también establece que los Hernández*, deben ser incluidos en programas de generación de ingresos y acceso a la oferta institucional del Estado, que buscan reparar integralmente a las víctimas de la violencia y deben contar con una efectiva atención y acompañamiento médico para garantizarles condiciones de salud y vida digna.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
