CASANARE
Fuerza Aérea trasladará caimanes llaneros desde Orocué hasta el Vichada
Treinta caimanes llaneros que fueron criados en el Parque Wisirare cerca de Orocué, serán liberados el 21 de noviembre en el Parque Nacional El Tuparro, ubicado en el departamento de Vichada, gracias a la Fuerza Aérea Colombiana, quien coordinará toda la logística de transporte, tanto aéreo como terrestre, para desplazar a los reptiles en óptimas condiciones.
Esta liberación será una travesía, debido a que el lugar en donde se encuentran los animales, a casi 40 minutos de Orocué, tiene una vía de difícil acceso por carretera sin pavimentar hasta la pista del municipio, en donde los animales se transportarán en aeronaves de la Fuerza Aérea hasta el Grupo Aéreo de Casanare en Yopal, para continuar la ruta hasta el Grupo Aéreo del Oriente en Marandúa, Vichada, en el que se terminará de hacer el desplazamiento por tierra hasta el destino final.
Especie en peligro de extinción
El caimán llanero es una de las 12 especies en mayor riesgo de extinción en el mundo, razón por la cual el Grupo Aéreo de Casanare lo adoptó en el 2015 y, desde entonces ha apoyado a la Fundación Palmarito, que se unió desde el 2011 al programa liderado por Parque Naturales Nacionales de Colombia, con el fin de preservar su conservación a través de la reproducción de los mismos, para ser liberados después de los dos años, tiempo en el que se pueda garantizar la vida del animal.
Personal militar del GACAS asistió a la jornada de medición, extracción de muestras e identificación de los reptiles que serán liberados en su hábitat natural, en el cual estuvo el equipo de médicos veterinarios y biólogos pertenecientes a Wildlife Conservation Society, Corporinoquia y a la Fundación Palmarito, en donde se pudo reconocer el trabajo que ésta última hace, dejando a los animales en cuarentena listos para ser puestos en libertad.
Fue precisamente en el 2015 cuando se realizó la primera liberación en la historia de Colombia de esta especie, en la cual “la Fuerza Aérea tuvo un papel fundamental porque nos ayudó con toda la logística del transporte aéreo y terrestre, alimentación y hospedaje para todo el equipo de especialistas, como lo ha hecho en las otras cinco liberaciones que se han realizado en Arauca, Paz de Ariporo y dos veces más en el Parque Nacional El Tuparro. Esta sería la sexta, con la que se completarían más de 200 ejemplares liberados” puntualizó Rafael Antello, Investigador científico de la Fundación Palmarito.
La Fuerza Aérea llega a los lugares más apartados de la geografía colombiana, no solo a ayudar a las personas que más lo necesitan, sino también a promover todas las causas que tengan como finalidad la preservación del medio ambiente.
Fuente: Comunicaciones Grupo Aéreo de Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
