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Agremiaciones de la industria petrolera lamentan decisión sobre el fracking

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Tanto la Asociación Colombiana del Petróleo ACP, como la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo ACIPET, se pronunciaron lamentando la decisión del Consejo de Estado, de mantener vigentes las restricciones o regulaciones técnicas para el fracking en Colombia, hasta tanto se tome una decisión de fondo al respecto.

La Asociación Colombiana del Petróleo ACP, se pronunció mediante el siguiente Comunicado:

Frente a la decisión del Consejo de Estado que ratifica las medidas cautelares con respecto a las normas técnicas que regulan la implementación de la técnica de exploración y producción de hidrocarburos conocida como fracking, a Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, se permite expresar a la opinión pública: 

1.   Respetamos la decisión del Alto Tribunal de mantener las medidas cautelares sobre la regulación técnica 90341 y 3004 del Ministerio de Minas y Energía, no obstante, lamentamos el sentido del fallo. 

2.    Consideramos que la decisión no toma en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en el sentido de avanzar con los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) que nos darán información completa y transparente y aportarán los elementos técnicos y ambientales suficientes para determinar cualquier ajuste normativo y regulatorio a futuro, si fuera el caso. 

3.    Desde la industria de hidrocarburos hemos insistido en la importancia de avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales y no perder la oportunidad de garantizar la seguridad energética de Colombia, contar con los recursos necesarios para abastecer el mercado interno, generar excedentes para exportación, y lograr los beneficios en materia económica, social y ambiental que traería a los hogares colombianos, las industrias y en general al país.

4.   Si bien la decisión del Alto Tribunal no implica que en Colombia se haya prohibido el fracking, es inevitable que esta decisión afecte la confianza inversionista y la seguridad jurídica poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y energética de Colombia. 

5.   Reiteramos que la industria está abierta a responder todas las preguntas y a entregar información respecto al desarrollo de los yacimientos no convencionales y la técnica del fracking, y a seguir contribuyendo en la búsqueda de soluciones para la viabilización de esta técnica en beneficio de Colombia.

A su turno, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo ACIPET, se pronunció con la siguiente comunicación, considerando la decisión del Consejo de Estado, como “un duro golpe al desarrollo de la actividad petrolera en el país”:

El Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares de la Resolución 90341, por la cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación  de hidrocarburos en yacimientos  no convencionales, lo que constituye un duro golpe al desarrollo de la actividad petrolera en el país, en cuanto a que no se avanzará por ahora en los Proyectos Piloto de Investigación Integral.
 
El principio de precaución es uno de los argumentos por el que el alto tribunal no levantó las medidas cautelares, aduciendo que en el país no se tiene el conocimiento suficiente para realizar esta técnica. Concepto que respetamos pero no compartimos. Otro argumento que expuso la Alta Corte es que en la Constitución se señala que la decisión sobre esta materia recae sobre el Legislativo, y que por tanto el juez no es competente en esta materia.
 
Las consecuencias de esta decisión, afectan de manera directa el inventario de recursos disponibles con los que podría mantenerse la autosuficiencia petrolera del país, ya que los yacimientos no convencionales explotados a través de la técnica del fracking significan tener hidrocarburos por más de 10 años adicionales, si se confirmaran los volúmenes disponibles en las cuencas prospectivas.  
 
Con la decisión del Consejo de Estado el horizonte en materia de autosuficiencia se torna complejo, 6 años para el aceite y 9 años para el gas,  y el fantasma de la importación de hidrocarburos se avecina con todas las implicaciones de orden fiscal y económico que esto significa, lo cual afectará a todos los colombianos.  Aunado a esto está la perdida de regalías a las regiones y el efecto sobre toda la cadena de valor incluyendo el empleo en las zonas productoras.
 
Otro impacto tendrá que ver con la inversión extranjera, con esta noticia empresas que le apostaban al desarrollo de este tipo de yacimientos, seguramente tomarán la decisión de buscar otros países en donde puedan realizar sus inversiones y se les garanticen condiciones jurídicas estables. 
 
Desde Acipet defendemos el fracking, porque estamos convencidos que existe la suficiente preparación de las empresas y sus profesionales para realizarlo bien hecho. Estas empresas de talla mundial han venido realizando esta actividad en muchos otros países como USA, Canadá y Argentina entre otros, con resultados exitosos, sin impactos al medio ambiente y la comunidad, diferentes a los que toda actividad humana puede causar, pero que no representan un riesgo para la vida.
 
Es imperativo que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre esta materia, por eso nuestro llamado siempre será a que se acuda al rigor científico y a las evidencias experimentales que permitan establecer elementos de juicio, que lleven a los estamentos a decisiones que sean responsables con el entorno ambiental, social y económico de todos y cada uno de los colombianos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Pacientes renales, CRUE y hospital itinerante víctimas del archivo del superávit en la Asamblea

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secretaria de salud

Nuevamente, 4 diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental volvieron a cerrar la puerta a los recursos del superávit para Casanare. Por cuarta vez consecutiva, los diputados Juan Fernando Mancipe, Jorge Eduardo García, Marisela Duarte y Luz Mery Niño negaron el proyecto de ordenanza que pretendía incorporar al presupuesto de 2025 el superávit de 2024, decisión que impacta directamente la salud de miles de casanareños.

La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, advirtió que la medida frena proyectos estratégicos que estaban listos para ejecutarse. El más urgente: la apertura de la Unidad Renal del Hospital Regional de la Orinoquía, donde más de 230 pacientes con enfermedad renal en estado crítico esperan poder acceder a diálisis diarias sin depender de un operador privado que no logra cubrir la demanda. “Hoy estos usuarios seguirán viviendo entre ruegos y traslados, porque se les negó la posibilidad de un servicio digno en su propio departamento”, señaló la funcionaria.

Otros proyectos afectados

La lista de afectados no termina ahí. El Hospital Itinerante, uno de los programas de mayor impacto del actual gobierno, también quedó contra las cuerdas. La falta de recursos impide comprar equipos biomédicos exclusivos para esta estrategia, lo que obliga a movilizar aparatos del uso diario del HORO y deja todo el plan a merced de una eventual falla técnica. Se trata de un proyecto que ya ha llegado a más de 4.000 casanareños con cerca de 600 cirugías, y que ahora podría frenarse por lo que la secretaria calificó como “una decisión irresponsable”.

Otro frente crítico es la preparación frente a la fiebre amarilla. Aunque en Casanare no se registran casos, departamentos vecinos como Meta y Arauca sí reportan contagios y muertes. Sin recursos adicionales, la Secretaría de Salud no podrá contratar personal ni logística para responder ante un eventual brote, pese a que el territorio es endémico para el virus. “Estamos a nada de que el virus entre al departamento, pero nos quitaron las herramientas para reaccionar a tiempo”, advirtió Chávez.

CRUE y Línea Amiga afectados también

Tampoco se salvaron servicios vitales como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que coordina la atención de accidentes de tránsito, emergencias médicas y la línea amiga para problemas de salud mental. Los recursos para su operación solo alcanzan hasta octubre, dejando incierta su continuidad en los últimos dos meses del año, en un departamento con altos índices de accidentalidad vial.

Mientras tanto, planes de fortalecimiento de hospitales públicos como Red Salud también se quedaron sin piso. La adquisición de equipos para urgencias y hospitalización, claves en una posible emergencia sanitaria, quedó en veremos. Desde la Gobernación, el llamado es a buscar salidas con el Ministerio de Salud, pero la incertidumbre es evidente. Lo que está claro es que, en medio de disputas políticas, los más golpeados son los pacientes casanareños, que ahora ven cómo sus necesidades quedaron relegadas al archivo de 4 diputados de la Asamblea.

Fuente: El Diario del Llano

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A la cárcel los seis capturados en Casanare que extorsionaban a nombre del ERPAC

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces con funciones de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas, quienes se hacían pasar como integrantes del grupo armado Nuevo Renacer ERPAC, y que serían responsables de cometer actos de terrorismo y extorsiones en Trinidad, Villanueva y Monterrey.

Fiscales de la Seccional Casanare les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, extorsión agravada; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

¿Quiénes son los capturados?

Servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) capturaron a Jorge Alexander Pulido Gil, alias “Polaco”, en el municipio de Trinidad quien, al parecer, contactaba a sus víctimas por mensajes de texto, a nombre del grupo armado, para exigirles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de su familia.

Según la Fiscalía, en uno de los casos alias “Polaco” envió un video de una casa que estaba siendo quemada, con una amenaza contra una de sus víctimas para infundir temor.

De otra parte, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en Villanueva a Yeimi Andrea Pachón Vela, Luis Carlos Jiménez Armedia y Karen Lorena Hernández Bastos; quienes, según la Fiscalía, presuntamente, forzaban a ganaderos, comerciantes, agricultores, entre otros, para que pagaran altas sumas de dinero, a cambio de no atentar contra su integridad, la de su familia y sus bienes.

Se estableció, según la Fiscalía, que cada una de estas tres personas cumplía un rol diferente al interior de la organización delincuencial.

Por último, Jénifer Caroline Ríos Arteaga y Brayan Alexis Bedoya Roa fueron capturados en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, mientras exigían el pago de 11 millones de pesos a un comerciante de Monterrey, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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46 motocicletas inmovilizadas el primer fin de semana con restricción de circulación en Yopal

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46 motocicletas inmovilizadas por circular en horarios y sectores restringidos, un vehículo particular retenido, 63 órdenes de comparendo, de las cuales 3 correspondieron a conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, es el balance de la primera semana de aplicación del decreto de restricción en la circulación de motocicletas en horario nocturno durante los fines de semana en Yopal, según balance de la Secretaría de Movilidad.

Con la implementación del Decreto 116 del 13 de agosto de 2025, se dio inicio a la restricción en la circulación de motocicletas durante los fines de semana en Yopal, medida que busca reducir accidentes y tragedias en las vías, y así motivar a quienes salen a altas horas de la noche, para que usen métodos de transporte diferentes.

Incumplir la norma tiene sanciones

La Administración Municipal recordó que incumplir las disposiciones del Decreto acarrea sanciones de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, en particular lo establecido en el literal C, numeral 14 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, y demás normas aplicables. Las autoridades seguirán ejerciendo los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

Más allá de las sanciones, este esfuerzo busca concientizar a la ciudadanía a cuidar la vida propia y la de los demás, de igual modo, se invita a mantener el compromiso por estas restricciones, entendiendo que cada decisión en la vía es un paso más hacia una con menos víctimas por siniestros viales.

Fuente: El Diario del Llano

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