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REGIÓN

7% de los funcionarios en Colombia han tenido sanciones disciplinarias, penales o fiscales

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De los 13.614 candidatos elegidos en 2015 para ocupar cargos públicos en Gobernaciones, Alcaldías, Concejos y Asambleas, 913 funcionarios recibieron 1.220 sanciones; es decir, el 6.7% de los candidatos han sido sancionados al menos una vez, revela investigación del Ranking de partidos políticos de la Misión de Observación Electoral MOE.

La investigación que toma datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI, y procesados por la MOE, recopilan la información de los hoy alcaldes, gobernadores, concejales y diputados elegidos en 2015. En ese sentido, la información incorpora sanciones dadas desde el 26 de octubre de 1977 hasta el 28 de marzo de 2019.

Según Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “A pesar de que existen mecanismos como la ventanilla única que proporcionan información sobre los antecedentes y que los procesos de entrega de avales pueden resultar de meses de negociaciones y análisis, los partidos políticos anteponen la posibilidad del éxito electoral momentáneo sobre la estabilidad, la gobernanza y el desarrollo de los municipios. Por esta irresponsabilidad es que, por ejemplo, desde 2015 hemos tenido 24 costosas elecciones atípicas que habrían podido evitarse”.

El estudio de la MOE encontró un total de 843 funcionarios elegidos en el 2015 que han tenido al menos una sanción disciplinaria, 79 con sanciones fiscales y 45 con causas penales. Cabe anotar que la sumatoria da un total de 960, debido a que 45 autoridades locales cometieron más de un tipo de falta. Por tipo de sanción la MOE encontró 1.074 sanciones por causas disciplinarias (88%), 96 fueron por faltas fiscales (7.9%) y 50 por causas penales (4.1%).

Análisis por partido político

El informe de la MOE resalta que de las 344 organizaciones políticas que ganaron las elecciones locales de 2015 (Partidos políticos, movimientos, Grupos Significativos de Ciudadanos y Coaliciones), 49 organizaciones tuvieron al menos un funcionario sancionado: de los 13 partidos políticos con personería jurídica, todos tuvieron al menos un sancionado, de hecho 11 de ellos concentran el 94% de todas las sanciones encontradas en esta investigación.

No. Partido, Movimiento o GSC Tipo Electos Sancionados Proporción sancionados frente a electos Porcentaje respecto al total de sancionados Sanciones
1 Partido Liberal Colombiano Partido 2.326 178 7,65% 19,50% 219
2 Partido Conservador Colombiano Partido 2.181 169 7,75% 18,51% 210
3 Partido de la U Partido 2.425 164 6,76% 17,96% 209
4 Partido Cambio Radical Partido 1.907 115 6,03% 12,60% 141
5 Partido Opción Ciudadana Partido 934 61 6,53% 6,68% 148
6 Partido Alianza Social Independiente Partido 783 52 6,64% 5,70% 63
7 Partido Centro Democrático Partido 664 38 5,72% 4,16% 39
8 Partido Alianza Verde Partido 930 36 3,87% 3,94% 45
9 Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia Partido 384 20 5,21% 2,19% 28
10 Partido Polo Democrático Alternativo Partido 250 17 6,80% 1,86% 37

En cargos de Gobernación, Cambio Radical es el único partido que tiene 2 funcionarios con algún tipo de sanción y Caldas Territorio de Oportunidades (Grupo Significativo de Ciudadanos), su único funcionario concentra 6 sanciones. Frente a diputados sancionados, el ranking encontró que el Partido Liberal es quien más funcionarios tienen con 18, que concentran 27 sanciones distintas y el partido de la U con 15 diputados sancionados que concentran 20 distintas sanciones.

Para la Alcaldía, el estudio de la MOE señala que el partido con mayor cantidad de sancionados es el Conservador, que en 39 alcaldes concentra 55 sanciones. Para el Concejo, que es el cargo con mayor cantidad de sancionados en toda la investigación, el partido Liberal es el que más sancionados tiene, pues 139 de sus electos concentran 162 sanciones.

Responsabilidad de los partidos políticos

El estudio de la MOE indagó sobre qué tantas sanciones tenían los candidatos antes de ser elegidos y de los cuales los partidos políticos claramente ya tenían alguna información. En este aspecto la MOE encontró que un año antes de las elecciones de autoridades locales de 2015 ya se tenían 579 funcionarios con algún tipo de sanción, de los cuales 704 eran sanciones disciplinarias, 74 fiscales y 27 penales.

“Se encontró que los Partidos Políticos ya tenían información a la hora de avalar a candidatos en 579 casos. Esto es grave pues las sanciones encontradas en este periodo son el 66% del total de las faltas en contradas en toda la investigación. A esto hay que sumar que 50 funcionarios más fueron sancionados en pleno proceso electoral de 2015, lo que nos muestra un panorama de irresponsabilidad y falta de criterios objetivos y transparentes a la hora de otorgar avales”, afirma la directora Barrios.

Ahora bien, según la MOE, existe un factor aún más explícito que podría acarrear sanciones directas a los partidos políticos. Según el artículo 107 de la Constitución Colombiana, los partidos políticos serán sancionados cuando avalen candidatos que hayan sido condenados con sentencia ejecutoriada por delitos como vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación ciudadana y de lesa humanidad.

Para la MOE en esta investigación se encontraron 19 posibles casos en donde se podrían cumplir estas condiciones y en donde, de comprobarse la información, los partidos políticos podrían tener sanciones desde multas o la imposibilidad de presentar candidatos en algunas circunscripciones, hasta la pérdida de la personería jurídica. Sin embargo, debido a la dificultad de acceder a toda la información que se puede tener sobre estos casos, la MOE los entregará al Consejo Nacional Electoral, quien como autoridad encargada, tendrá la labor de evaluar y tomar las decisiones pertinentes.

Casos especiales

Al analizar casos especiales se encontraron 19 funcionarios que reúnen 88 sanciones disciplinarias, quienes recibieron entre 4 a 8 faltas. 47 funcionarios tienen más de un tipo de falta: 30 fueron sancionados en materia disciplinar y fiscal, 10 funcionarios por temas disciplinarios y penales y solo un funcionario ha sido sancionado por los tres tipos de faltas (disciplinarias, penales y fiscales).

Análisis por sexo

Finalmente, para el análisis por sexo se obtuvo que, de los candidatos electos en 2015, 11.273 son hombres (82,83%) y 2.336 son mujeres (17,17%). De los 913 funcionarios sancionados, 816 son hombres (89,38%) y 97 son mujeres (10,62%). No obstante, del total de candidatos electos, 6% son hombres que han recibido al menos una sanción por las diferentes causales analizadas y para el caso de las mujeres, la cifra es del 0,7%. En el análisis del número de sanciones, los resultados reflejan también una amplia diferencia, con 1.107 faltas cometidas por hombres (90,74%) y 113 cometidas por mujeres (9,26%)    

Fuente: Misión de Observación Electoral MOE

REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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REGIÓN

Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.

La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.

Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

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