CASANARE
Casanare: vergonzoso primer lugar a nivel nacional en violencia de pareja y muertes en accidentes
Casanare tiene la tasa más alta de personas muertas y heridas en accidentes de tránsito, a nivel nacional. Es primero en violencia de pareja a nivel nacional y segundo en maltrato a adultos mayores
Casanare continúa mostrando elevados índices de violencia en diferentes aspectos, de acuerdo con el reporte entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses FORENSIS 2018, que describe la tendencia y presencia de las principales formas de violencia en las regiones.
Un ejemplo de ello es que el departamento con la tasa más alta de reconocimientos médicos por clínica forense fue Casanare con una tasa de 1.336,91 por cada 100 mil habitantes, y su capital Yopal con una tasa de 1.904,17 por cada 100 mil habitantes, la más alta entre las capitales. Paz de Ariporo aparece, inclusive, con una tasa superior a la de Yopal con 2.075,11 por cada 100 mil habitantes.
Según Medicina Legal, los reconocimientos médicos consisten en realizar valoraciones médico-legales, dentro de procesos judiciales o por orden escrita de una autoridad competente, bien sea por violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, accidentes de tránsito, exámenes médico legales por presuntos delitos sexuales, y lesiones accidentales.
Las cifras de Casanare
El consolidado para Casanare durante 2018 muestra que se practicaron en total 3.906 valoraciones médico-legales, de las cuales 1.324 fueron ordenadas por violencia interpersonal, 478 por violencia intrafamiliar, 1.012 por violencia de pareja, 525 por accidentes de tránsito, 498 por presuntos delitos sexuales, y 69 por lesiones accidentales.
En materia de violencia intrafamiliar el primer lugar lo ocupa Yopal con 250 valoraciones médico-legales ordenadas, seguido de Paz de Ariporo con 75, Aguazul con 52, Tauramena con 30, Monterrey con 18, Pore con 12, Villanueva con 9, San Luis de Palenque con 6, Hato Corozal y Nunchía con 5 casos cada uno, Támara con 4 valoraciones ordenadas; Maní, Orocué y Trinidad con 3 cada uno; Sabanalarga con 2 casos, y Chámeza con 1 caso.
Primeros a nivel nacional
Respecto a la violencia de pareja, el primer lugar también lo ocupa Yopal dentro de las valoraciones médico-legales ordenadas con 672, seguido de Aguazul con 100, Paz de Ariporo con 75, Tauramena con 40, Monterrey con 21, Pore con 15, Villanueva con 14, Trinidad con 13, Orocué con 12, Nunchía con 11, Hato Corozal con 10, Chámeza y Maní con 7 casos cada uno, San Luis de Palenque con 6, Sabanalarga con 5, y Támara con 4 casos.
En resumen, según la tasa de ocurrencia de casos, Casanare ocupa el nada honroso primer lugar a nivel nacional en violencia de pareja con una tasa de 336,36 casos por cada cien mil habitantes, correspondiendo al grupo de personas entre 25 y 29 años de edad los más recurrentes. Por cada hombre que denuncia ser víctima de violencia por parte de su pareja, en promedio seis mujeres lo hacen. La intolerancia sigue siendo el factor desencadenante de violencia contra la pareja, seguida de los celos, desconfianza y la infidelidad, y en tercer lugar el alcoholismo y la drogadicción.
De los 1.012 casos de violencia de pareja conocidos por Medicina Legal en Casanare durante 2018, las víctimas se distribuyeron en 846 mujeres y 166 hombres. El primer lugar lo ocupa Yopal con 672 casos, seguido de Aguazul con 100 casos, Paz de Ariporo con 75, Tauramena con 40 casos, Monterrey con 21, Pore con 15, Villanueva con 14, Trinidad con 13, Orocué con 12, Nunchía con 11, Hato Corozal con 10, Chámeza y Maní con 7, San Luis de Palenque con 6, Sabanalarga con 5 y Támara con 4 casos.
Acá somos segundos
Pero como si el primer lugar en violencia de pareja fuera poco, Casanare ocupa el deshonroso segundo lugar como departamento con la tasa más alta por cada cien mil habitantes en la comisión de presuntos delitos sexuales (132,71), con la ocurrencia de 498 casos. Además, los municipios de Paz de Ariporo (315), Orocué (285) y Sabanalarga (280,1) ocupan el tercero, cuarto y quinto puesto respectivamente, a nivel nacional entre las localidades con las tasas más altas por la misma conducta.
En lo que concierne a valoraciones médico-legales ordenadas por la comisión de presuntos delitos sexuales, el primer lugar también es para Yopal con 195 valoraciones ordenadas, seguido de Paz de Ariporo con 83, Aguazul con 48, Villanueva con 31, Orocué con 24, Monterrey con 20, Hato Corozal y Tauramena con 18 casos cada uno, Pore con 14, Maní y Trinidad con 12 cada uno, Sabanalarga con 8, Nunchía con 4, Támara y San Luis de Palenque con 3 casos cada uno, Recetor y Sácama con 2 casos cada uno, y Chámeza con 1 caso. El 88% de estas víctimas de presuntos delitos sexuales en Casanare fueron mujeres, es decir, 438 casos. .
Otras violencias
Ahora bien, hablando de violencia contra niños, niñas y adolescentes, las cifras de Medicina Legal señalan que en Casanare durante 2018 fueron reportados 256 casos. En este ítem el primer lugar lo ocupa Yopal con 102 casos, seguido de Paz de Ariporo con 50, Aguazul con 37, Tauramena con 28, Monterrey con 15, Villanueva con 8, Pore con 4, Hato Corozal con 3; Maní, Orocué y San Luis de Palenque con 2 casos cada uno; Nunchía, Sabanalarga y Trinidad con 1 caso cada uno.
Segundos maltratando adultos mayores
Casanare no se queda atrás en lo que respecta a la violencia contra adultos mayores, encontrando que según las cifras de Medicina Legal durante el 2018 se presentaron 21 casos reportados, 13 de las víctimas fueron mujeres y 8 hombres. Estas cifras ubican a Casanare en el deshonroso segundo lugar a nivel nacional, detrás de Guainía, con la tasa más elevada por cada cien mil habitantes, en materia de violencia contra adultos mayores, con una tasa de 70,41. Respecto a las personas agresoras de los adultos mayores, se encuentra que el grupo más numeroso es el de los hijos con el 41,71 % del total de casos, seguido de los hermanos con el 12,30 % y el de nietos con el 11,37 %.
Muertes por causa externa
En este tema, las cifras muestran que durante 2018 en Casanare se presentaron 53 homicidios, 111 personas murieron en accidentes de tránsito, 34 personas murieron de manera accidental, se registraron 24 suicidios y 11 muertes por causa indeterminada, para un total de 233 casos con una tasa de 62,80 casos por cada 100 mil habitantes.
Respecto a los homicidios, Yopal ocupó el primer lugar con 12 casos (9 hombres – 3 mujeres), seguido de Villanueva con 11 (9 hombres – 2 mujeres), Hato Corozal con 6 (5 hombres – 1 mujer), Aguazul (4 hombres), Nunchía (4 hombres) y San Luis de Palenque (3 hombres – 1 mujer) con 4 casos cada uno, Tauramena con 3 (3 hombres), Maní (2 hombres) y Támara (2 hombres) con 2 casos, ubicando finalmente a Monterrey (1 hombre), Paz de Ariporo (1 hombre), Pore (1 hombre), Recetor (1 hombre) y Sabanalarga (1 hombre) con 1 caso cada uno. En municipios como Orocué, Sácama, Trinidad, La Salina y Chámeza no se presentaron homicidios durante 2018, según Medicina Legal.
En lo relacionado con los suicidios, durante 2018 se presentaron 24 casos en el departamento de Casanare según Medicina Legal, de los cuales en Yopal y Paz de Ariporo se registraron 5 casos en cada municipio; seguidos de Aguazul, Tauramena y Trinidad con 2 casos cada uno; además de Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Pore, Támara y Villanueva, con 1 caso cada uno. Casanare mostró el año inmediatamente anterior una tasa de 7,10 casos por cada cien mil habitantes en materia de suicidios, muy por encima de la tasa promedio nacional que fue de 5,93 casos.
Primer lugar a nivel nacional
Hablando de muertes en accidentes de tránsito, encontramos que la lista durante 2018 la encabeza Yopal con 38 personas fallecidas, Aguazul con 18 casos; Monterrey con 10 personas fallecidas; Maní, Tauramena y Villanueva con 7 casos cada uno; Hato Corozal, Paz de Ariporo y Pore con 5 casos en cada localidad; Nunchía con 3 casos; Orocué y Sabanalarga con 2 casos cada uno; Recetor y Trinidad con 1 caso cada uno. Con las 111 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante 2018, Casanare se ubica como el departamento con la tasa más alta de muertes en accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes. Se le suma que tiene también, la tasa más alta a nivel nacional de personas heridas en accidentes de tránsito, con un total de 636 personas lesionadas.
Por último, el informe FORENSIS de Medicina Legal revela que durante 2018 se presentó en Casanare la desaparición de 10 personas -6 hombres y 4 mujeres-, de las cuales 7 desaparecieron en Yopal, y 1 en cada uno de los municipios de Paz de Ariporo, Aguazul y Villanueva.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Repudio por lider comunal asesinada en zona rural de Aguazul
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Procuraduría investiga denuncias en construcción del malecón de Yopal
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta