CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
CASANARE
Brutal caso de violencia intrafamiliar en Yopal dejó cuatro personas heridas y un capturado con pronóstico reservado
Un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrido la noche del pasado jueves 11 de junio en el barrio El Portal de Yopal estuvo a punto de desencadenar una tragedia de mayores proporciones. Según información preliminar, un hombre que habría llegado a su vivienda en aparente estado de embriaguez inició una fuerte discusión con su compañera sentimental, a quien presuntamente agredió física y verbalmente frente a sus hijos, hijastros del hombre.
De acuerdo con el reporte conocido, los hijos de la mujer intervinieron para defenderla, momento en el que el presunto agresor tomó armas blancas e hirió a un hijastro de 26 años y a una hijastra de 22 años. En medio de la confrontación, los familiares habrían reaccionado para repeler el ataque, ocasionándole varias lesiones en la cabeza al hombre con una varilla, quien posteriormente debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece con pronóstico reservado.
La situación escaló aún más cuando el sujeto, al verse golpeado, tomó un machete y persiguió a las víctimas hasta una vía principal cercana, donde habría lesionado a una joven que se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento comercial y que, según las versiones recopiladas, no tenía relación directa con la disputa familiar.
La oportuna intervención de la Policía permitió controlar la situación y capturar al presunto agresor por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente este violento hecho que dejó cuatro personas lesionadas y que, de no haber sido atendido a tiempo, pudo terminar en una tragedia con consecuencias mucho más graves.
CASANARE
Ataque sicarial en Maní dejó una persona muerta y dos más heridas, entre ellas una bebé
Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas y autores del ataque sicarial ocurrido el pasado domingo en horas de la noche en el municipio de Maní, donde resultó muerta una mujer identificada como Jeinys Soraida Sánchez Vargas, además de resultar heridos José Yesmer Cano Gutiérrez y una menor de 07 meses.
Según el reporte policial, los se presentaron pasadas las 8:00 pm, cuando las víctimas se transportaban en una motocicleta por una calle del barrio El Progreso, siendo abordados por dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta NKD, vestidos con overoles amarillos, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.
Aunque en medio de la confusión, inicialmente se habló de la posterior muerte de Cano Gutiérrez, el reporte policial señala que el hombre sobrevivió al ataque, y junto con la bebé de 7 meses fueron trasladados al Hospital Regional de la Orinoquía para recibir atención médica. Del hombre se conoce que se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos. La menor fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable en observación.
Dentro de los actos urgentes, se encontró que José Yesmer Cano Gutiérrez estuvo relacionado en épocas anteriores, con un caso de carneo ilegal de ganado, sin embargo, las autoridades no han dado a conocer ninguna hipótesis de este nuevo hecho de sangre.
CASANARE
En Yopal se trabaja para garantizar atención integral a la población habitante de calle
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, lideró la segunda sesión ordinaria del Comité Operativo de Habitante de Calle, un espacio de articulación interinstitucional en el que se realizó seguimiento a las acciones contempladas en el plan de acción y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades que integran esta instancia.
Durante la jornada se evaluó la ejecución de las actividades con corte al 31 de mayo, identificando avances y estableciendo nuevos compromisos para fortalecer la atención integral a la población habitante de calle y en riesgo de habitarla.
La secretaria de Desarrollo Social, Ziomara Abril, destacó la importancia de este ejercicio de seguimiento para garantizar una respuesta institucional articulada. “El trabajo conjunto entre las entidades nos permite identificar avances, fortalecer las acciones que venimos desarrollando y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población habitante de calle. Cada compromiso asumido representa una oportunidad para garantizar sus derechos y avanzar hacia una atención más integral y efectiva”, afirmó.
Entre los compromisos definidos se encuentra el trabajo conjunto con las dependencias responsables para resolver aspectos relacionados con la ejecución presupuestal, el fortalecimiento de la planeación de las acciones previstas y la articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para avanzar en el proceso de identificación y conformación de la Red de Apoyo para Habitantes de Calle, iniciativa que será liderada por el Ministerio Público.
De igual manera, durante la sesión se revisó la Ruta de Atención para Personas Habitantes de Calle que presenten conductas disruptivas o cuya situación sea reportada por la comunidad. En estos casos, las entidades competentes coordinarán el acompañamiento necesario para su traslado y atención, así como la activación de los procedimientos correspondientes cuando se trate de personas que no pertenezcan al municipio.
A través del Programa Habitante de Calle, la Secretaría de Desarrollo Social continúa liderando acciones de prevención, atención, acompañamiento y articulación institucional, promoviendo estrategias que permitan garantizar los derechos de esta población y fortalecer los mecanismos de respuesta frente a las diferentes situaciones que se presentan en el territorio.
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