META
Estas medidas tomará el Gobierno Nacional sobre vía al Llano
el Jefe de Estado solicitó identificar medidas de carácter económico
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este jueves un paquete de medidas económicas y sociales para superar la crisis generada por los recientes derrumbes en la Vía al Llano.
Presidente Iván Duque, luego de sobrevuelo a la vía al Llano.
“Les voy a pedir a los miembros del Gobierno Nacional, que hacen parte del Gabinete, a los señores ministros, que me ayuden a identificar unas medidas de carácter económico que podamos anunciar la próxima semana, para atender, sobre todo, a los sectores que se han visto más afectados”, explicó el Jefe de Estado desde Guayabetal (Cundinamarca), donde lideró una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para buscar soluciones frente a las dificultades de movilidad que se registran en este corredor vial.
“Nuestra presencia hoy acá es para mostrar el interés y la responsabilidad que quiere tener el Gobierno Nacional con la comunidad; trabajar con los gobernadores, con los alcaldes, y entender que esta situación amerita el trabajo articulado y coordinado”, dijo el Mandatario.
En ese sentido, como parte de las medidas, dijo que el Gobierno Nacional ha dispuesto de los recursos necesarios para desarrollar las obras que buscan dar solución a los problemas que se presentan en la Vía al Llano.
“Se han articulado más de 150.000 millones de pesos para todas las obras, que nos permitan enfrentar los riesgos que existen. Por eso, se harán las obras de terrazas y se procederá con el túnel falso, para proteger la continuidad en el servicio de movilidad”, señaló.
De igual manera, aseveró que a través de los Puestos de Mando Unificado (PMU), se mantendrá un monitoreo permanente que garantice la seguridad de los usuarios que transitan por este corredor vial.
“Se han adelantado más de siete Puestos de Mando Unificado, donde se miden todos los riesgos, y se ha trabajado con el concesionario para que, a más tardar el próximo domingo, tengamos un radar de alta tecnología para detectar cualquier movimiento sobre la montaña. Mientras se instala este radar, estaremos, con todos los equipos técnicos que tenemos a disposición, monitoreando de manera permanente cualquier situación de riesgo”, precisó.
A la reunión del Puesto de Mando Unificado, que fue liderada por el Jefe de Estado, asistieron, entre otros, los gobernadores del Meta, Marcela Amaya, y de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; el Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez; el Subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Guillermo Escobar, y los alcaldes de Villavicencio, Wilmar Barbosa, y de Guayabetal, Javier Castro. Así mismo, delegados del concesionario y representantes de la comunidad.
Otras medidas
Adicionalmente, el Presidente Duque pidió al concesionario disponer de baños, servicios sociales y zonas de descanso para los usuarios de la vía, quienes, en ocasiones, por causa de los derrumbes, deben esperar hasta que se normalice el tráfico.
Así mismo, el Presidente sostuvo que se analizó la posibilidad de restringir, en algunos horarios y de forma temporal, el tráfico vehicular nocturno en el tramo afectado por los derrumbes, con miras a preservar la seguridad de los usuarios.
Finalmente, el Presidente Duque señaló que se buscan los recursos necesarios para intervenir otros puntos críticos evidenciados en la carretera, lo cual se hará de manera coordinada entre el Gobierno Nacional, los gobernadores de Cundinamarca y Meta, y los alcaldes de los municipios de la zona de influencia de la Vía al Llano.
Fuente: El Diario del Llano – Hola Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
