META
Estas medidas tomará el Gobierno Nacional sobre vía al Llano
el Jefe de Estado solicitó identificar medidas de carácter económico
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este jueves un paquete de medidas económicas y sociales para superar la crisis generada por los recientes derrumbes en la Vía al Llano.
Presidente Iván Duque, luego de sobrevuelo a la vía al Llano.
“Les voy a pedir a los miembros del Gobierno Nacional, que hacen parte del Gabinete, a los señores ministros, que me ayuden a identificar unas medidas de carácter económico que podamos anunciar la próxima semana, para atender, sobre todo, a los sectores que se han visto más afectados”, explicó el Jefe de Estado desde Guayabetal (Cundinamarca), donde lideró una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para buscar soluciones frente a las dificultades de movilidad que se registran en este corredor vial.
“Nuestra presencia hoy acá es para mostrar el interés y la responsabilidad que quiere tener el Gobierno Nacional con la comunidad; trabajar con los gobernadores, con los alcaldes, y entender que esta situación amerita el trabajo articulado y coordinado”, dijo el Mandatario.
En ese sentido, como parte de las medidas, dijo que el Gobierno Nacional ha dispuesto de los recursos necesarios para desarrollar las obras que buscan dar solución a los problemas que se presentan en la Vía al Llano.
“Se han articulado más de 150.000 millones de pesos para todas las obras, que nos permitan enfrentar los riesgos que existen. Por eso, se harán las obras de terrazas y se procederá con el túnel falso, para proteger la continuidad en el servicio de movilidad”, señaló.
De igual manera, aseveró que a través de los Puestos de Mando Unificado (PMU), se mantendrá un monitoreo permanente que garantice la seguridad de los usuarios que transitan por este corredor vial.
“Se han adelantado más de siete Puestos de Mando Unificado, donde se miden todos los riesgos, y se ha trabajado con el concesionario para que, a más tardar el próximo domingo, tengamos un radar de alta tecnología para detectar cualquier movimiento sobre la montaña. Mientras se instala este radar, estaremos, con todos los equipos técnicos que tenemos a disposición, monitoreando de manera permanente cualquier situación de riesgo”, precisó.
A la reunión del Puesto de Mando Unificado, que fue liderada por el Jefe de Estado, asistieron, entre otros, los gobernadores del Meta, Marcela Amaya, y de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; el Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez; el Subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Guillermo Escobar, y los alcaldes de Villavicencio, Wilmar Barbosa, y de Guayabetal, Javier Castro. Así mismo, delegados del concesionario y representantes de la comunidad.
Otras medidas
Adicionalmente, el Presidente Duque pidió al concesionario disponer de baños, servicios sociales y zonas de descanso para los usuarios de la vía, quienes, en ocasiones, por causa de los derrumbes, deben esperar hasta que se normalice el tráfico.
Así mismo, el Presidente sostuvo que se analizó la posibilidad de restringir, en algunos horarios y de forma temporal, el tráfico vehicular nocturno en el tramo afectado por los derrumbes, con miras a preservar la seguridad de los usuarios.
Finalmente, el Presidente Duque señaló que se buscan los recursos necesarios para intervenir otros puntos críticos evidenciados en la carretera, lo cual se hará de manera coordinada entre el Gobierno Nacional, los gobernadores de Cundinamarca y Meta, y los alcaldes de los municipios de la zona de influencia de la Vía al Llano.
Fuente: El Diario del Llano – Hola Casanare
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
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Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
