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La verdad no judicial de la guerra en los Llanos
Con el convencimiento de que las verdades del conflicto armado, que desgarraron a tantas familias llaneras, no se pueden construir en los estrados judiciales, sino en los territorios, se realizó ayer en Villavicencio el encuentro “Hablemos de verdad”.
Durante el evento, organizado por Colombia 2020 de El Espectador y su capítulo Colombia en Transición, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, se escucharon conmovedores e increíbles testimonios desde todas las orillas del dolor.
En Villavicencio se reunieron excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios y líderes de víctimas que se comprometieron a construir una verdad múltiple del conflicto armado.
En el estreno de este nuevo formato de encuentros, excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios, líderes de víctimas y población en general conversaron sobre la necesidad de que la verdad sobre lo que padecieron en el conflicto saliera a la luz.
Manuel de Jesús Pirabán, excomandante del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dijo, por ejemplo, que se arrepentía de haber pertenecido a este grupo armado y pidió perdón a los llaneros por el enorme daño causado. También se comprometió a seguir aportando su verdad de la guerra, tanto en Justicia y Paz como en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, porque, según él, “hoy solo se conoce apenas el 40 % de lo que sucedió en esta región”. De hecho, manifestó que sigue firme en la entrega de información de fosas comunes, pero que el proceso de exhumaciones por parte de la Fiscalía en esta región está frenado desde 2014.
Pirabán se refirió, especialmente, a la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, por el bloque Centauros que él comandó, donde fueron asesinados al menos 49 personas y cientos más fueron desplazadas.
Así como a la masacre de Caño Jabón, cometida también por los paramilitares un año después, en la que asesinaron a 27 personas.
Sobre esta última, el excomandante paramilitar reconoció que falta por esclarecerse qué pasó, “porque al día siguiente del hecho ingresaron las Farc y porque en la zona también hacían presencia hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”. En ese momento Pirabán le pidió perdón a Balbina Niño, víctima directa de esta matanza, quien aún busca a su hermano desaparecido.
Balbina Niño no resistió el llanto y aceptó el perdón de Pirabán. Lo hizo, dijo, en nombre de otros de sus familiares muertos en la guerra. Como ella, fue representativa la participación de varias víctimas en este encuentro, que aseguraron no tener rabia ni rencor, pero sí un anhelo legítimo de saber qué pasó con sus familiares desaparecidos y sus bienes despojados.
Una de ellas fue María Cecilia Lozano, representante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, quien ha sufrido cinco desplazamientos y dos atentados contra su vida. El último en enero de 2018. “Aquí lo que queremos es la verdad. Pero no la verdad a medias. Porque Mapiripán es uno de los municipios que más ha sufrido despojos y no nos han entregado las tierras. ¿Quiénes están en las tierras hoy? ¿Quiénes los mandaron? ¿Quiénes pagaron?”, se preguntó.
O el testimonio de valentía y coraje de la familia Aljure, que ha sido víctima de todos los actores armados desde la violencia y hoy cumplen 51 años conmemorando la memoria de 11 de sus familiares asesinados. “Señores de las Farc y de los paramilitares, nosotros no hablamos con rencor ni con odio, la única arma con la que quisiera hablarles es con la Biblia y allí dice conoceréis la verdad y esa los hará libres. Y eso que les digo no me lo contaron, esa es la verdad que sabemos”, dijo William Aljure.
El espacio fue una expresión para abrazar los dolores, sin el protocolo de los escenarios de justicia. Por eso, para muchos, fue importante que Eduardo Espinel, presidente del Comité Intergremial del Meta, reconociera que los empresarios también tuvieron responsabilidades en el conflicto armado, así como fueron también víctimas del mismo. “En esta zona el empresariado no estuvo tan involucrado en la guerra como en otras regiones. Obviamente sí hubo pagos de empresarios hacia actores armados, a guerrilla y paramilitares, para que los dejaran trabajar. Pero también fuimos víctimas”, dijo y relató secuestros, intimidaciones y extorsiones de los que fueron objeto como gremio.
A su turno, Isabela Sanroque, excombatiente de las Farc, se unió a este llamado de verdad. Y aseguró que el partido FARC está hoy comprometido como partido político a contar lo que sucedió en el conflicto. “No habrá paz ni duelo colectivo si no ponemos la verdad múltiple de los distintos hechos de la guerra”, aseguró. En la misma orilla, Mauricio Jaramillo, excomandante de las Farc, se comprometió con la entrega de los desaparecidos del conflicto armado y aseguró que muy pronto se conocerán esos resultados de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El comisionado para la verdad, Alfredo Molano Bravo, fue testigo y protagonista de este espacio y reconoció el valor de esta escucha. “Escuchar es muy difícil porque siempre se hace a través de juicios que nos impiden escuchar de una manera limpia” y detalló este camino que empezaron con la Comisión de la Verdad. “Cuando comenzamos en la Comisión cada grupo y cada sector y gremio quería contar su verdad: los militares, los empresarios, los guerrilleros, los paramilitares, etc. La verdad incomoda, cuando no incomoda no es del todo la verdad. La verdad de la Comisión es una verdad mayúscula que supere las versiones parciales. Nuestra obligación es una verdad histórica no judicial y en ella entran los principios de dignidad humana”.
Y eso es lo que sobre todo hubo en este encuentro por la verdad: dignidad y valentía. Por eso bien apuntaba Germán Plata, de la agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ), cuando dijo al final: “Debemos reencontrarnos y reconocernos más allá del miedo para seguir adelante. Tenemos que atrevernos a plantear el país que queremos”.
Fuente: colombia2020.elespectador.com – Colombia en Transición
Lo que hace algunos años fue un escenario de miedo, desplazamiento y abandono forzado, hoy es ejemplo de resiliencia, productividad y esperanza. La familia de Juan María Torres y Audita Acosta, víctimas del conflicto armado en San Juanito (Meta), logró consolidar con éxito su proyecto productivo de fríjol gracias al acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Según la sentencia emitida en favor de esta familia por la justicia especializada, los esposos habitaron durante décadas el predio ‘Buena Vista’, ubicado en la vereda El Carmen. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, los constantes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública, así como las amenazas de reclutamiento forzado contra sus hijos, los obligaron a abandonar su tierra y desplazarse en el año 2004.
Tras el proceso de restitución, la URT garantizó la reparación integral de esta familia campesina mediante la implementación de un proyecto productivo de fríjol, con una inversión equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recursos que permitieron fortalecer la producción agrícola, realizar adecuaciones en el predio y mejorar sus condiciones de trabajo.
La intervención también incluyó acciones de seguridad alimentaria, mediante la entrega de gallinas ponedoras, apoyo para la producción de maíz, el fortalecimiento de la cría de cerdos, cultivos de granadilla y la adecuación de una bodega para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
Uno de los logros más significativos para la familia fue la entrega de una vivienda rural digna en el predio restituido, permitiéndoles regresar de manera definitiva a su tierra y reconstruir su proyecto de vida en condiciones adecuadas y seguras.
Actualmente, Juan y Audita continúan desarrollando sus actividades agrícolas y pecuarias, con cultivos de maíz y fríjol, además de la producción porcina. Su visión de futuro apunta ahora a diversificar su actividad económica mediante la siembra de sagú y la adquisición de una máquina para su procesamiento, iniciativa con la que buscan generar nuevos ingresos y fortalecer su emprendimiento rural.
El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, destacó este caso como un ejemplo del impacto transformador de la política pública de restitución: “nos llena de orgullo ver cómo las familias restituidas convierten las oportunidades en proyectos de vida sostenibles. Este caso demuestra que la restitución va mucho más allá de devolver la tierra; significa generar condiciones reales para que las víctimas permanezcan en el territorio, produzcan, mejoren su calidad de vida y construyan futuro con dignidad”.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
