CASANARE
Internado del Salvador Camacho en Nunchía, un elefante blanco menos en Casanare
Luego de permanecer por más de 7 años inconcluso, la Gobernación de Casanare terminó el internado del Colegio Salvador Camacho Roldán en el municipio de Nunchía, logrando de esta manera que la comunidad educativa del sector rural tenga este espacio que evita la deserción escolar.
La obra beneficia a 120 niños, niñas y jóvenes nunchianos de los sectores más alejados del municipio y que por su ubicación geográfica, se ven obligados a pasar dificultades para llegar a estudiar. A partir del primero de octubre iniciará operaciones con los primeros 50 niños, niñas y jóvenes.
Con la entrega de este internado, los menores de veredas como El Pedregal, Vijagual, Magüito, Puerto Payero, Buenavista, entre otras, ya no tendrán que levantarse a las 3 de la mañana para poder asistir al Colegio. Los estudiantes agradecieron al mandatario Departamental la gestión realizada para la terminación de esta obra que desde más de siete años estaba abandonada.
La secretaria de Educación Sandra Patricia Rincón, manifestó que esta obra genera gran impacto para la comunidad, porque los niños de escasos recursos tendrán la oportunidad de disfrutar de un lugar con ambiente hogareño, educativo, deportivo y cultural, formando personas integrales para la sociedad.
Por su parte, Miryam Esteban Núñez, rectora de la Institución Educativa, agradeció el apoyo y la buena voluntad del gobernador Alirio Barrera, y a su equipo de trabajo al dar respuesta a la necesidad inmediata de tener un internado para beneficiar a la comunidad del sector rural.
Los trabajos contemplaron la terminación de los módulos de las unidades sanitarias para los niños y niñas; duchas, módulos de alojamientos, restaurante escolar, áreas de lavamanos, parque biosaludable, zonas de urbanismo, parque infantil, cerramiento perimetral, instalaciones eléctricas, acometidas hidráulicas, tanque subterráneo y aéreo que garantiza el suministro de agua para el internado, entre otras mejoras como la utilización de energía fotovoltaica, para garantizar el ahorro energético y funcionamiento del mismo.
Fredy Higuera Márquez, alcalde de Nunchía, destacó la importancia de que se haya culminado esta importante obra del sector educativo, y agradeció al Gobierno departamental por destinar los más de $1.600 millones de pesos para tal efecto.
Por último, el Diputado Diego Aranguren, quien junto con sus homólogos Sonia Shirley Bernal, Luis Hernando Otálora y Julián Roa estuvieron en el acto de entrega del Internado, destacó que paulatinamente el Gobierno Departamental ha venido cumpliendo su compromiso de terminar obras inconclusas en el departamento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
