META
Cuatro capturas por irregularidades en contrato de internet para Colegios de Villavicencio
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un nuevo caso de malversación de recursos que afecta al sector educativo en Villavicencio (Meta), esta vez con la prestación del servicio de internet que supuestamente beneficiaría a instituciones educativas del municipio.
Mediante labores investigativas, se evidenciaron posibles irregularidades en la celebración del Convenio Interadministrativo 0787 del 11 de julio de 2016, entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y Asomaroquia (Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y la Orinoquía), por un valor superior a los mil novecientos millones de pesos, de los cuales el municipio aportaba $1.671 millones y la Asociación $261.
El objeto del convenio era la prestación del servicio de conectividad a 149 colegios oficiales de la capital de Meta, sin embargo, se conoció que se habrían generado presuntos sobrecostos, además de una aparente violación de los principios de contratación estatal, entre ellos los de planeación, transparencia, responsabilidad y objetividad.
La Fiscalía determinó que supuestamente se direccionó el contrato para favorecer a Asomaroquia, aun cuando esta empresa no era idónea para la ejecución del mismo. Los investigadores establecieron que para conseguir el propósito, al parecer se falsificaron documentos que acreditaban la experiencia de la compañía, así como los estudios previos.
Por otra parte, se detectó que también se adulteraron firmas de personas con las cuales supuestamente subcontrataron servicios, y los dineros destinados para ello presuntamente terminaron en manos de los investigados, producto de esos falsos contratos.
Con base en estas inconsistencias halladas, el ente acusador estableció la celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, que ocasionó un posible detrimento de $1.266’560.000 (mil doscientos sesenta y seis millones quinientos sesenta mil pesos).
Las capturas
El CTI de la Fiscalía capturó en Bogotá y Villavicencio a cuatro funcionarios que al parecer están implicados en el fraude.
1. Elmer González González, representante legal de Asomaroquia (Capturado en Villavicencio).
2. Néstor Humberto Romero García, gerente para el Desarrollo de las TIC, adscrito a Asomaroquia (Capturado en Bogotá).
3. Hugo Leonardo Ortíz Cárdenas, ingeniero supervisor por parte de la Secretaría de Educación de Villavicencio y quien además proyectó los estudios previos (Capturado en Villavicencio).
4. Jackelin Casallas Bautista, supervisora de Asomaroquia (Capturada en Bogotá).
Ante un juez de control de garantías de Villavicencio, la Fiscalía les imputó cargos a los detenidos —en calidad de coautores— como presuntos responsables de los delitos de:
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
Peculado por apropiación
Falsedad ideológica en documento público
Falsedad en documento privado
Otras tres personas son investigadas por estos hechos, entre ellas, dos exfuncionarios de la Administración Municipal.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
