META
Se enreda la doble calzada Villavicencio – Yopal. Se fue a Tribunal de Arbitramento
Como un baldado de agua fría cayó en la dirigencia política del Meta, la decisión de la Concesionaria de la vía entre Villavicencio y Yopal de demandar a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- ante un tribunal de arbitramento, por un presunto incumplimiento al contrato firmado en octubre del año 2015, pues después de tres años no se han iniciado las obras.
“Estamos sorprendidos con el silencio de la Concesionaria Covioriente, encargada del proyecto de doble calzada y mejoramiento vial en el trayecto hacia Yopal, pues después de tres años aún no inicia los trabajos y nos sorprende que en una actitud no muy clara, haya decidido presentar una demanda ante un tribunal de arbitramento sin informar ni a la Gobernación, los Alcaldes, ni a las comunidades”, manifestó la Gobernadora Marcela Amaya.
Según lo confirmó a NOTICIAS YA el veedor de las comunidades ante el proyecto de concesión, Néstor Restrepo Roldán, el tema se lo confirmó el vocero de la Concesionaria Óscar Hernández Gaona, quien le ratificó que desde el pasado mes de octubre, Covioriente tomó la decisión de presentar una demanda en contra del gobierno nacional, representado en la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, argumentando mayores cantidades de obra que no estaban estipuladas en el contrato de concesión firmado en el 2.015, lo que implica desbalance en el cierre financiero del proyecto.
Precisó Restrepo Roldán, que el concesionario que ya había anunciado el inicio de las obras de construcción de las dobles calzadas, en las llamadas unidades funcionales 1 y 7 es decir las que ya estaban concertadas con la ANI, se echó para atrás, argumentando tener objeciones en los diseños y obras en las unidades 2 a la 6, por mayor cantidad de obra a ejecutar.
Esta es casi la misma situación jurídica en la que se encuentra el contrato de la llamada malla vial del Meta, firmado con la Concesionaria Concesión Vial de los Llanos para los corredores viales a Granada y Puerto Gaitán, que también está a la espera de la decisión que se tome en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por su parte la Gobernadora del Meta invitó a los gremios, a la dirigencia política, el comercio, los transportadores y a la comunidad a conformar un frente común para exigir respuestas del Presidente Santos, que a 5 meses de terminar su mandato le ha incumplido a los metenses.
“Llegó el momento que el Meta tenga una agenda de prioridades entre los candidatos que aspiran a la presidencia, pues seguimos siendo el primer productor de petróleo de Colombia, garantizamos la seguridad alimentaria de Bogotá y el centro del país y hemos cumplido con la inversión en las dobles calzadas y vías terciarias con recursos propios, y las dobles calzadas las financiamos a punto del pago de peajes, pero simplemente no aguantamos más” puntualizó la mandataria.
Fuente: www.noticiasyafm.com
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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