REGIÓN
7% de los funcionarios en Colombia han tenido sanciones disciplinarias, penales o fiscales
De los 13.614 candidatos elegidos en 2015 para ocupar cargos públicos en Gobernaciones, Alcaldías, Concejos y Asambleas, 913 funcionarios recibieron 1.220 sanciones; es decir, el 6.7% de los candidatos han sido sancionados al menos una vez, revela investigación del Ranking de partidos políticos de la Misión de Observación Electoral MOE.
La investigación que toma datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI, y procesados por la MOE, recopilan la información de los hoy alcaldes, gobernadores, concejales y diputados elegidos en 2015. En ese sentido, la información incorpora sanciones dadas desde el 26 de octubre de 1977 hasta el 28 de marzo de 2019.
Según Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “A pesar de que existen mecanismos como la ventanilla única que proporcionan información sobre los antecedentes y que los procesos de entrega de avales pueden resultar de meses de negociaciones y análisis, los partidos políticos anteponen la posibilidad del éxito electoral momentáneo sobre la estabilidad, la gobernanza y el desarrollo de los municipios. Por esta irresponsabilidad es que, por ejemplo, desde 2015 hemos tenido 24 costosas elecciones atípicas que habrían podido evitarse”.
El estudio de la MOE encontró un total de 843 funcionarios elegidos en el 2015 que han tenido al menos una sanción disciplinaria, 79 con sanciones fiscales y 45 con causas penales. Cabe anotar que la sumatoria da un total de 960, debido a que 45 autoridades locales cometieron más de un tipo de falta. Por tipo de sanción la MOE encontró 1.074 sanciones por causas disciplinarias (88%), 96 fueron por faltas fiscales (7.9%) y 50 por causas penales (4.1%).
Análisis por partido político
El informe de la MOE resalta que de las 344 organizaciones políticas que ganaron las elecciones locales de 2015 (Partidos políticos, movimientos, Grupos Significativos de Ciudadanos y Coaliciones), 49 organizaciones tuvieron al menos un funcionario sancionado: de los 13 partidos políticos con personería jurídica, todos tuvieron al menos un sancionado, de hecho 11 de ellos concentran el 94% de todas las sanciones encontradas en esta investigación.
| No. | Partido, Movimiento o GSC | Tipo | Electos | Sancionados | Proporción sancionados frente a electos | Porcentaje respecto al total de sancionados | Sanciones |
| 1 | Partido Liberal Colombiano | Partido | 2.326 | 178 | 7,65% | 19,50% | 219 |
| 2 | Partido Conservador Colombiano | Partido | 2.181 | 169 | 7,75% | 18,51% | 210 |
| 3 | Partido de la U | Partido | 2.425 | 164 | 6,76% | 17,96% | 209 |
| 4 | Partido Cambio Radical | Partido | 1.907 | 115 | 6,03% | 12,60% | 141 |
| 5 | Partido Opción Ciudadana | Partido | 934 | 61 | 6,53% | 6,68% | 148 |
| 6 | Partido Alianza Social Independiente | Partido | 783 | 52 | 6,64% | 5,70% | 63 |
| 7 | Partido Centro Democrático | Partido | 664 | 38 | 5,72% | 4,16% | 39 |
| 8 | Partido Alianza Verde | Partido | 930 | 36 | 3,87% | 3,94% | 45 |
| 9 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia | Partido | 384 | 20 | 5,21% | 2,19% | 28 |
| 10 | Partido Polo Democrático Alternativo | Partido | 250 | 17 | 6,80% | 1,86% | 37 |
En cargos de Gobernación, Cambio Radical es el único partido que tiene 2 funcionarios con algún tipo de sanción y Caldas Territorio de Oportunidades (Grupo Significativo de Ciudadanos), su único funcionario concentra 6 sanciones. Frente a diputados sancionados, el ranking encontró que el Partido Liberal es quien más funcionarios tienen con 18, que concentran 27 sanciones distintas y el partido de la U con 15 diputados sancionados que concentran 20 distintas sanciones.
Para la Alcaldía, el estudio de la MOE señala que el partido con mayor cantidad de sancionados es el Conservador, que en 39 alcaldes concentra 55 sanciones. Para el Concejo, que es el cargo con mayor cantidad de sancionados en toda la investigación, el partido Liberal es el que más sancionados tiene, pues 139 de sus electos concentran 162 sanciones.
Responsabilidad de los partidos políticos
El estudio de la MOE indagó sobre qué tantas sanciones tenían los candidatos antes de ser elegidos y de los cuales los partidos políticos claramente ya tenían alguna información. En este aspecto la MOE encontró que un año antes de las elecciones de autoridades locales de 2015 ya se tenían 579 funcionarios con algún tipo de sanción, de los cuales 704 eran sanciones disciplinarias, 74 fiscales y 27 penales.
“Se encontró que los Partidos Políticos ya tenían información a la hora de avalar a candidatos en 579 casos. Esto es grave pues las sanciones encontradas en este periodo son el 66% del total de las faltas en contradas en toda la investigación. A esto hay que sumar que 50 funcionarios más fueron sancionados en pleno proceso electoral de 2015, lo que nos muestra un panorama de irresponsabilidad y falta de criterios objetivos y transparentes a la hora de otorgar avales”, afirma la directora Barrios.
Ahora bien, según la MOE, existe un factor aún más explícito que podría acarrear sanciones directas a los partidos políticos. Según el artículo 107 de la Constitución Colombiana, los partidos políticos serán sancionados cuando avalen candidatos que hayan sido condenados con sentencia ejecutoriada por delitos como vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación ciudadana y de lesa humanidad.
Para la MOE en esta investigación se encontraron 19 posibles casos en donde se podrían cumplir estas condiciones y en donde, de comprobarse la información, los partidos políticos podrían tener sanciones desde multas o la imposibilidad de presentar candidatos en algunas circunscripciones, hasta la pérdida de la personería jurídica. Sin embargo, debido a la dificultad de acceder a toda la información que se puede tener sobre estos casos, la MOE los entregará al Consejo Nacional Electoral, quien como autoridad encargada, tendrá la labor de evaluar y tomar las decisiones pertinentes.
Casos especiales
Al analizar casos especiales se encontraron 19 funcionarios que reúnen 88 sanciones disciplinarias, quienes recibieron entre 4 a 8 faltas. 47 funcionarios tienen más de un tipo de falta: 30 fueron sancionados en materia disciplinar y fiscal, 10 funcionarios por temas disciplinarios y penales y solo un funcionario ha sido sancionado por los tres tipos de faltas (disciplinarias, penales y fiscales).
Análisis por sexo
Finalmente, para el análisis por sexo se obtuvo que, de los candidatos electos en 2015, 11.273 son hombres (82,83%) y 2.336 son mujeres (17,17%). De los 913 funcionarios sancionados, 816 son hombres (89,38%) y 97 son mujeres (10,62%). No obstante, del total de candidatos electos, 6% son hombres que han recibido al menos una sanción por las diferentes causales analizadas y para el caso de las mujeres, la cifra es del 0,7%. En el análisis del número de sanciones, los resultados reflejan también una amplia diferencia, con 1.107 faltas cometidas por hombres (90,74%) y 113 cometidas por mujeres (9,26%).
Fuente: Misión de Observación Electoral MOE
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
