REGIÓN
56 víctimas recibieron indemnización en Casanare
En una jornada de entrega de cartas de indemnización, por valor de $1.067 millones, los sobrevivientes del conflicto obtuvieron la compensación económica por los daños que sufrieron.
En el auditorio San Juan Eudes de la Universidad Minuto de Dios sede Yopal (Casanare), recibieron la carta de indemnización 56 víctimas del conflicto armado priorizadas por ser mayores de 74 años o por tener enfermedades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, certificadas por la EPS, o una discapacidad que produzca dificultad en el desempeño mayor o igual al 40%.
El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos orientales, Carlos Pardo Alezones, enfatizó en que la medida de priorización se estableció en la resolución 01958 de 2019 con el propósito de determinar un orden de entrega progresiva de esta medida de reparación integral, y para evitar que estas personas fallezcan sin haber recibido la indemnización o para mejorar su calidad de vida teniendo en cuenta que se les dificulta mucho generar ingresos.
En este departamento de los Llanos orientales, 10.038 personas han sido indemnizadas por un valor total cercano a $65.375 millones, lo que da muestra que la Unidad para las Víctimas avanza en la reparación económica a quienes sufrieron a causa del conflicto armado, buscando ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción de sus proyectos de vida.
Con la carta de indemnización, las víctimas pueden ir a la entidad financiera a reclamar el dinero cuyo monto depende del hecho victimizante que los haya afectado y de la cantidad de personas que integren el grupo familiar incluido en el Registro Único de Víctimas.
En la jornada, las víctimas recibieron orientación y asesoría para la adecuada inversión de los recursos. Gracias a esta charla, Yina Herrera, una beneficiaria, entendió que invertir el dinero en su vivienda es lo mejor que puede hacer, pues con esto mejorará su calidad de vida y de quienes viven con ella.
Fuente: Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos orientales
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Tunja (Boyacá) Arturo José Fructuoso Montejo Niño (periodo 2008-2011), presuntamente implicado en posibles irregularidades en la ejecución de un convenio interadministrativo y en la suscripción de un contrato para realizar encuestas para el Sisbén.
En desarrollo de esta misma investigación también fue judicializada Claudia Fanny Barajas Bautista, asesora del referido programa y supervisora del contrato.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública imputó a los investigados los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Al parecer, Montejo Niño, como ordenador del gasto y representante legal de la capital boyacense, avaló el contrato que ampliaba la realización de las encuestas que determinarían los beneficiarios del SISBEN III en Tunja.
La investigación estableció que el 6 de agosto de 2010 y con vigencia de tres meses y medio, la administración local suscribió un convenio con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) que, con recursos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asumiría los costos de la aplicación de las encuestas.
La investigación determinó que el desembolso del dinero se cumplió, pero la Alcaldía realizó la contratación con posterioridad a la culminación del convenio, el cual no fue renovado. De la misma manera, se determinó que el proceso de realización de las encuestas no cumplió con los parámetros establecidos por el DNP, entre otras eventuales irregularidades.
Ante el incumplimiento, el dinero debió ser restituido al Fonade, por lo que el pago de la contratación de las referidas encuestas se surtió con recursos propios, constituyéndose en un detrimento patrimonial para el municipio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Soldados de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional junto a la Infantería de Marina, de la Armada de Colombia, lograron la incautación de más de 19 toneladas de coltán.
La acción se presentó en le puesto de control sobre la Ruta 38, vía que conduce a la inspección de Palmarito, municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada.
Al realizar la inspeccion a un camión, los uniformados encontraron 19.160 kilogramos de coltán. Por ello, se procedió a la incautación del material y del vehículo, poniéndolos a disposición de la autoridad competente para su judicialización.
El coltán está compuesto por minerales como la columbita, casiterita y tantalita, y cuando es explotado de manera ilícita se convierte en fuente de financiamiento ilegal para los grupos armados organizados al margen de la ley.
Fuente: Ejército Nacional
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), logró la judicialización de dos hombres que estarían involucrados en graves afectaciones a animales domésticos y de granja en Boyacá.
Ataque a ‘Malinoi’
El 24 de octubre del año en curso, Jaime Daza Granados presuntamente atacó con un arma blanca a un perro llamado ‘Malinoi’, en la vereda Centro Rural de Zetaquira (Boyacá).
La investigación da cuenta de que el hombre reaccionó violentamente porque el canino le ladró. Debido a la herida ‘Malinoi’ fue intervenido quirúrgicamente en varias de sus vértebras para salvarle la vida y le fue amputada la cola.
Por estos hechos, Daza Granados fue imputado por el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.
Agresión a una oveja
El pasado 3 de junio, en la vereda El Tablón, en Floresta (Boyacá), Alberto Izaquita Silva habría agredido a una oveja. La dueña del animal señaló que se percató que faltaba una hembra del rebaño, por lo que salió a su búsqueda. En un predio cercano la encontró amarrada mientras el hoy procesado realizaba actos sexuales.
La oveja sufrió lesiones de gravedad, se alteró su comportamiento y empezó a mostrar rechazo hacia los humanos. En ese sentido, Izaquita Silva fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
