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25 años de cárcel para sujeto que abusó de su hija en Villavicencio
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó la pena a 25 años de prisión impuesta a un hombre que abusó sexualmente a su propia hija.
Las agresiones contra la menor se presentaron entre diciembre de 2010 y mayo 2011, en Villavicencio (Meta). Los hechos fueron denunciados por la mamá de la víctima luego de descubrir al hombre, en momentos en que abusaba de la niña en su casa.
En audiencias preliminares, realizadas en enero de 2013, el condenado fue imputado por un Fiscal adscrito al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Meta por los delitos de acceso carnal y acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo sucesivo.
Ninguno de los cargos fue aceptado. En agosto de 2014 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio emitió el fallo condenatorio contra el procesado.
En dicho proceso le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esta determinación fue apelada por la defensa.
Al confirmarse la condena del juez de primera instancia, el Tribunal ordenó librar de manera inmediata orden de captura contra el procesado para que cumpla la condena en centro carcelario.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
