Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.

Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.

La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.

Hubo tortura antes de asesinarlos

En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.

Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.

Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.

Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.

Fuente: Comunicaciones JEP

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino cuatro sitios de interés para la búsqueda en el cementerio municipal de Villanueva, como parte del Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente del departamento.

En este lugar, según la investigación humanitaria y no judicial, habrían sido inhumados varios cuerpos sin identificar en el contexto del conflicto armado.

Durante esta segunda fase, se recuperarán dos cuerpos. En la primera, realizada en octubre de 2024, fueron hallados cinco. Los siete cuerpos han sido trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su proceso de identificación. Una vez establecidas sus identidades, se adelantará la entrega digna a sus familiares, indicó Ibeth Rocío Cáceres, investigadora de la Unidad de Búsqueda.

Hay 139 personas registradas como desaparecidas

En Villanueva se registran 139 personas dadas por desaparecidas. La Entidad hace un llamado a quienes buscan a sus familiares y consideran que pudieron haber sido inhumados en este campo santo, para que se comuniquen con la UBPD. Así mismo, se garantiza completa confidencialidad y reserva, para quienes aportan información. Los aportes se utilizarán exclusivamente con finos humanitarios, para establecer qué ocurrió con quienes aún no han sido encontrados en el contexto del conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016.

En Casanare, la Unidad de Búsqueda ha logrado la recuperación de 102 cuerpos, algunos de ellos ya han sido identificados y entregados dignamente a sus seres queridos. Sin embargo, aún seguimos buscando a más de dos mil personas que permanecen desaparecidas en el departamento.

En Casanare, la sede de la UBPD está ubicada en la Calle 16 # 22 – 65, barrio Bello Horizonte, también se puede contactar a través del 3162809395 y del correo: tyopalcorrespondencia@unidadbusqueda.gov.co

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, condenó enérgicamente el vil asesinato de Marinela Ortiz Neita, una mujer taxista que fue atacada por delincuentes en la noche del miércoles en la vía entre Torres de San Marcos y Llano Lindo, en Yopal.

En su pronunciamiento, el mandatario expresó un mensaje de solidaridad con la familia de la víctima y con todo el gremio de taxistas, al tiempo que llamó a la ciudadanía a no dejarse amedrentar por actos de terror como este. Durante su intervención, Ortiz Zorro anunció la captura de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ERPAC, señalados de estar vinculados con el hecho.

Destacó el valor de un ciudadano que, mediante una videollamada, logró identificar a uno de los cabecillas de la banda, quien estaría ordenando homicidios desde prisión. “A nombre de todo Casanare, le agradezco a este valiente ciudadano y a nuestra Fuerza Pública por su trabajo incansable”, afirmó.

Respaldo a la Fuerza Pública

El gobernador también hizo un llamado urgente a la unidad y al respaldo decidido a la Fuerza Pública. Señaló que Casanare, a diferencia de otros departamentos del país, no ha sido arrastrado por la guerra entre grupos armados gracias al control territorial que ejerce el Ejército Nacional en la frontera con Arauca y Vichada. Recordó con admiración el esfuerzo de soldados y oficiales que enfrentan difíciles condiciones para proteger a la población.

Asimismo, reiteró que la violencia que golpea al país es consecuencia directa del narcotráfico, el cual ha generado una lucha entre grupos ilegales por el control territorial y ha fortalecido el microtráfico en ciudades y barrios. “Hoy los gobernadores y alcaldes del país enfrentamos solos una guerra urbana alimentada por rentas criminales”, advirtió Ortiz Zorro.

Finalmente, el mandatario destacó el proyecto de tecnología e inteligencia artificial que se construye en Yopal para combatir la delincuencia con herramientas modernas. “Queremos convertir a Yopal en una de las ciudades más avanzadas de América Latina en materia de seguridad. Sin seguridad, no hay progreso”, concluyó.

Fuente: El Diario del Llano  – HOLA Casanare