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Ya están en servicio 10.5 nuevos kilómetros de doble calzada en la Vía al Llano
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, puso al servicio de los colombianos 10,5 nuevos kilómetros de doble calzada en el tramo Chirajara–Fundadores, en el corredor Bogotá-Villavicencio, una vía que hace parte del programa de Autopistas de Cuarta Generación (4G).
Los 10,5 kilómetros entregados por el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), incluyen 2,3 kilómetros de doble calzada entre Chirajara y Puente La Pala de 105 metros incluidos los retornos, el túnel uno (1), cuya longitud es de 1.900 metros.
Este túnel cuenta con galerías de emergencia para la evacuación en caso de presentarse alguna contingencia. También con sistemas de ventilación, iluminación y sistemas de extinción de incendio, lo que hace de ésta una obra funcional y segura para los usuarios.
Los usuarios de la Vía al Llano igualmente podrán hacer uso desde hoy de 5,7 kilómetros en el sector de Pipiral, incluyendo el viaducto de 712 metros, además de 2,5 kilómetros de vía nueva en jurisdicción de la vereda de Buenavista, en la entrada a la capital del departamento del Meta.
Por su parte, el Presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, señaló que es reconfortante poner en marcha obras como estas, modernas y con un alto nivel de seguridad, pensando siempre en los beneficios para las comunidades, especialmente para esta región del país, tales como la generación de 9.942 empleos desde el inicio de las obras y el ahorro en tiempos de recorrido.
De acuerdo con Gutiérrez, el tramo puesto en funcionamiento hace parte del denominado Tercio Final del proyecto y tiene una longitud de 22,6 kilómetros e incluye la construcción de 6 túneles, 21 viaductos y 7 puentes peatonales.
A su turno, el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reconoció el esfuerzo del Gobierno y dijo que “esta es la vía de nuestro desarrollo y sabemos que usted, Presidente, le ha puesto todo el empeño”.
Obras en el kilómetro 58
Durante su recorrido por las obras entregadas, el Presidente Duque verificó los avances de las obras de mitigación registradas en el kilómetro 58, zona que fue afectada por derrumbes.
Las obras de protección en el kilómetro 58 de la Vía al Llano incluyen la instalación de un tablestacado, que es una barrera metálica de protección que tiene una longitud de 216 metros aproximadamente y que además está compuesta por 18 módulos divididos en 54 secciones de 4 metros de longitud, 6 metros de altura y una profundidad de 12 metros, lo que permite contener el material que se pueda desprender del talud.
Los 18 módulos ya están instalados, incluso con el relleno de concreto.
Fuente: Presidencia de la República
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
