CASANARE
Casanare y Meta no escapan a casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende diariamente a nivel nacional 66 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que van desde el maltrato verbal y psicológico, pasando por la negligencia de los padres o cuidadores, hasta sus peores formas como el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la trata de personas.
Los datos del primer trimestre del año muestran que la situación sigue siendo muy compleja en Colombia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Mientras en 2017 el ICBF abrió 24.330 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), entre enero y marzo de 2018 la cifra alcanzó los 5.870 casos.
El tipo de violencia por el que el ICBF inicia el mayor número de procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes está relacionado con delitos como el abuso sexual. En 2016 se reportaron 10.141 casos, en 2017 aumentó hasta los 11.320 casos y para el primer trimestre de este año alcanza los 2.855 casos.
La segunda causa de violencia contra la niñez está relacionada con el maltrato, tanto físico como psicológico y por negligencia, que durante el primer trimestre del año llegó a los 2.574 casos, que en promedio diario (29 casos) se mantiene similar a lo reportado durante todo 2017 y 2016, cuando se registró un total de 10.869 y 10.674 casos, respectivamente.
Vale destacar que el mayor número de casos de maltrato (73 por ciento) es por negligencia de los padres frente al cuidado de sus hijos. Durante el primer trimestre de 2018 llegó a 1.874 casos, con un promedio diario de 20 casos, similar a lo reportado durante todo 2017 y 2016, cuando se registró un total de 7.725 y 7.488 casos, respectivamente.
Otra de las causas por las que los menores de edad reciben protección del ICBF está relacionada con el maltrato físico. En 2017 el ICBF reportó 2.533 casos, 33 casos menos de los que se presentaron en 2016. Durante el primer trimestre de 2018 el ICBF ya abrió 575 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico.
Casanare con 66 casos y Meta con 181, forman parte de las regiones del país donde se abrieron procesos administrativos para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, durante el primer trimestre de 2018.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
