CASANARE
Casanare y Meta no escapan a casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende diariamente a nivel nacional 66 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que van desde el maltrato verbal y psicológico, pasando por la negligencia de los padres o cuidadores, hasta sus peores formas como el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la trata de personas.
Los datos del primer trimestre del año muestran que la situación sigue siendo muy compleja en Colombia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Mientras en 2017 el ICBF abrió 24.330 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), entre enero y marzo de 2018 la cifra alcanzó los 5.870 casos.
El tipo de violencia por el que el ICBF inicia el mayor número de procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes está relacionado con delitos como el abuso sexual. En 2016 se reportaron 10.141 casos, en 2017 aumentó hasta los 11.320 casos y para el primer trimestre de este año alcanza los 2.855 casos.
La segunda causa de violencia contra la niñez está relacionada con el maltrato, tanto físico como psicológico y por negligencia, que durante el primer trimestre del año llegó a los 2.574 casos, que en promedio diario (29 casos) se mantiene similar a lo reportado durante todo 2017 y 2016, cuando se registró un total de 10.869 y 10.674 casos, respectivamente.
Vale destacar que el mayor número de casos de maltrato (73 por ciento) es por negligencia de los padres frente al cuidado de sus hijos. Durante el primer trimestre de 2018 llegó a 1.874 casos, con un promedio diario de 20 casos, similar a lo reportado durante todo 2017 y 2016, cuando se registró un total de 7.725 y 7.488 casos, respectivamente.
Otra de las causas por las que los menores de edad reciben protección del ICBF está relacionada con el maltrato físico. En 2017 el ICBF reportó 2.533 casos, 33 casos menos de los que se presentaron en 2016. Durante el primer trimestre de 2018 el ICBF ya abrió 575 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico.
Casanare con 66 casos y Meta con 181, forman parte de las regiones del país donde se abrieron procesos administrativos para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, durante el primer trimestre de 2018.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
