CASANARE
Casanare y Meta no escapan a casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende diariamente a nivel nacional 66 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que van desde el maltrato verbal y psicológico, pasando por la negligencia de los padres o cuidadores, hasta sus peores formas como el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la trata de personas.
Los datos del primer trimestre del año muestran que la situación sigue siendo muy compleja en Colombia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Mientras en 2017 el ICBF abrió 24.330 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), entre enero y marzo de 2018 la cifra alcanzó los 5.870 casos.
El tipo de violencia por el que el ICBF inicia el mayor número de procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes está relacionado con delitos como el abuso sexual. En 2016 se reportaron 10.141 casos, en 2017 aumentó hasta los 11.320 casos y para el primer trimestre de este año alcanza los 2.855 casos.
La segunda causa de violencia contra la niñez está relacionada con el maltrato, tanto físico como psicológico y por negligencia, que durante el primer trimestre del año llegó a los 2.574 casos, que en promedio diario (29 casos) se mantiene similar a lo reportado durante todo 2017 y 2016, cuando se registró un total de 10.869 y 10.674 casos, respectivamente.
Vale destacar que el mayor número de casos de maltrato (73 por ciento) es por negligencia de los padres frente al cuidado de sus hijos. Durante el primer trimestre de 2018 llegó a 1.874 casos, con un promedio diario de 20 casos, similar a lo reportado durante todo 2017 y 2016, cuando se registró un total de 7.725 y 7.488 casos, respectivamente.
Otra de las causas por las que los menores de edad reciben protección del ICBF está relacionada con el maltrato físico. En 2017 el ICBF reportó 2.533 casos, 33 casos menos de los que se presentaron en 2016. Durante el primer trimestre de 2018 el ICBF ya abrió 575 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico.
Casanare con 66 casos y Meta con 181, forman parte de las regiones del país donde se abrieron procesos administrativos para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, durante el primer trimestre de 2018.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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