La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).

A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.

También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.

“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.

Fuente: Comunicaciones URT

La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.

Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.

Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.

Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Después de 30 años de abandonar forzadamente su predio, una mujer y su familia, víctimas del conflicto armado, serán compensadas. El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, falló a su favor y ordenó la restitución mediante compensación del predio rural ‘Los Valientes’, un terreno de más de 13 hectáreas.

La sentencia reconoce que no es posible el retorno, por razones de seguridad y salud, por lo que la familia deberá ser compensada económicamente. La historia se remonta al año 1984, cuando la pareja de esposos adquirió este predio, ubicado en la vereda Loma del Pañuelo. Allí criaron a sus hijos, sembraron café, yuca, maíz y plátano.

Llegó la violencia y el destierro

El 10 de diciembre de 1994, la violencia les arrancó la tranquilidad: las Farc asesinaron al jefe del hogar y a su hijo mayor, obligando a la madre y al hijo menor a abandonar su tierra. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en un constante peregrinaje por Acacías y Villavicencio, en Meta, tal como Falan y Mariquita, en Tolima.

El Tribunal no solo reconoció el abandono forzado y el despojo violento con enfoque de género, sino que rechazó los argumentos del opositor, quien alegó haber adquirido el terreno “de buena fe” en 2007.

Además, el fallo ordena a la Agencia Nacional de Tierras que adelante la recuperación del baldío y coordine con la URT la compensación para la mujer, quien por su edad, discapacidad de su hijo y riesgo vigente (hoy protegida por la UNP), no puede regresar al campo.

El terreno se encuentra además dentro del bloque LLA36 de exploración y producción de hidrocarburos, operado por la empresa MONTECZ S.A., una realidad que suma desafíos, pero no impide la reparación.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que  “este fallo es también una alerta sobre la necesidad de seguir protegiendo a las mujeres campesinas, a quienes la guerra desplazó y silenció por años”.

Fuente: Comunicaciones Unidad de Restitución de Tierras