CASANARE
Víctimas y victimarios de falsos positivos en Casanare estuvieron frente a frente
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP adelanta en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03. En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptaron su responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocen los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se refieren a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
Primer día de Audiencia de Reconocimiento de Verdad
En la audiencia hacen presencia 116 víctimas acreditadas ante la JEP, personas provenientes de distintos municipios de Casanare cuyos familiares fueron asesinados y presentados como supuestas bajas en combate.
18 familiares de las víctimas intervienen de manera pública durante los dos días de Audiencia de Reconocimiento de Verdad para expresar el relato de las afectaciones que estos graves crímenes causaron en sus vidas.
Para la realización de esta Audiencia de Reconocimiento se contó con un proceso restaurativo acompañado por distintos profesionales durante más de 9 meses. En total, se llevaron a cabo 13 encuentros restaurativos: 6 con víctimas, 6 con comparecientes y un encuentro entre víctimas y comparecientes.
El magistrado Óscar Parra Vera, quien preside la audiencia, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, explicó los alcances de esta diligencia judicial. “Esta audiencia es un punto de partida de la rendición de cuentas”, señaló.
Parra aclaró que aunque “no están aquí todos los responsables, sino los máximos responsables, eso no implica que no vayamos a llamar a rendir cuentas a las más de 200 personas que no tienen máxima responsabilidad”.
Encuentros preparatorios individuales
Además, el equipo de psicólogos, politólogos y antropólogos de la JEP llevó a cabo 23 encuentros preparatorios individuales, con apoyo del equipo psicosocial del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD – Comparecientes.
Con jarrones de barro, símbolo del largo proceso de restauración de las heridas que han tenido que afrontar, los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’ dieron inicio a la diligencia. Derly Patiño, vocera de las víctimas, habló sobre este camino recorrido y sus dificultades.
“Inicialmente estos jarrones estaban rotos y con las manos de cada uno de los familiares nos tocó reconstruirlos, como nuestras vidas rotas. Hemos unido fuerzas y entrelazado manos para reconstruirnos”, dijo Derly, cuyo esposo, Hugo Édgar Araque, fue asesinado en octubre de 2005.
Contexto de Casanare
En el contexto de Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de, al menos, 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.
Los batallones y unidades operativas adscritas a la Brigada XVI, cuyos miembros estaban inmersos en esta organización criminal, fueron: el ‘Batallón Ramón Nonato Pérez’ (Birno); los batallones contraguerrillas 23 ‘Llaneros del Rondón’, el 29 ‘Héroes del Alto Llano’ y 65 ‘Batalla de Cachirí´.
Así mismo, estaban implicados miembros de los grupos especiales Delta y del Gaula Casanare, cuya función anti extorsión y secuestro se vio tergiversada y orientada a alimentar las cifras de resultados operacionales a través de asesinatos y desapariciones forzadas.
El Gaula Casanare, entre 2005 y 2007, reportó principalmente supuestas bajas en combate. Con solo 70 hombres, logró casi el mismo número de resultados que el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres.
Una característica del entramado criminal que se gestó en Casanare fue el gasto de recursos públicos. La JEP recopiló evidencia de que los recursos de la Dirección del Gaula y de Fondelibertad se usaron para financiar a los reclutadores y comprar armas para implantar a las víctimas.
Víctimas escucharon a víctimarios
En el primer día las víctimas escucharon los testimonios del sargento retirado Faiber Alberto Amaya Ruíz, comandante del grupo Delta 4, Marco Fabián García Céspedes, teniente retirado, comandante de varios grupos especiales de unidades de la Brigada 16, Edwin Leonardo Toro Ramírez, teniente retirado, quien fue comandante del grupo Delta 5 y miembro del Gaula Casanare, Zamir Humberto Casallas, teniente (r), y en su momento, comandante del grupo Delta 4, Orlando Rivas Tovar, entonces director de la seccional del DAS en Casanare, Wilson Camargo Tamayo, coronel (r).
También fue escuchado Wilson Rodríguez Mimisica, uno de los dos civiles reclutadores imputados por ‘falsos positivos’ en Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare, con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, junto a la secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, realizó una visita de seguimiento a las obras de pavimentación de la vía a Mate´pantano, donde se confirmó el inicio de la instalación de carpeta asfáltica en este corredor de 4,5 kilómetros.
En el sector de La Subasta ya se adelantan labores de aplicación de asfalto, tras la ejecución de trabajos previos como la adecuación y ampliación de la estructura vial, así como la conformación de base y subbase. Estas acciones permiten avanzar en la consolidación de la vía y mejorar las condiciones de transitabilidad en esta zona rural.
“Les dije que yo mismo iba a supervisar las obras. Hoy lo estamos haciendo y ya vemos resultados con el inicio del asfaltado en la vía a Matepantano”, señaló el alcalde durante el recorrido.
Por su parte, la secretaria de Infraestructura señaló que se mantiene un seguimiento permanente a los frentes de obra, con el objetivo de asegurar su avance y calidad. “Seguimos trabajando con ritmo constante para que estas intervenciones se traduzcan en resultados visibles para los ciudadanos”, indicó.
La intervención busca optimizar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la conexión de este corredor con otros sectores del municipio, incluyendo áreas de interés productivo y turístico.
Durante la jornada también se realizó seguimiento a otros frentes de obra en la ciudad, entre ellos la carrera 33A, que registra un avance del 70 %, así como la calle 23A entre carreras 24 y 27, y la carrera 28B, donde continúan las labores de pavimentación.
CASANARE
En mayo inician pruebas del Sistema de Cámaras de Videovigilancia de Yopal, listo Centro de Monitoreo
Yopal se prepara para poner en marcha uno de los sistemas de videovigilancia más modernos del país, con la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Inteligencia y Videovigilancia, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.
“El ojo de la ciudad está aquí, donde vigilaremos cada calle de Yopal y sus centros poblados, poniéndole un cerco a los delincuentes y mejorando la percepción de seguridad de nuestro departamento”, expresó el gobernador al referirse a este proyecto, que cuenta con una inversión de 40 mil millones de pesos y alcanza el 90% de ejecución. La iniciativa contempla la instalación de 238 cámaras de seguridad, de las cuales 233 ya están ubicadas en el área urbana de Yopal y en los corregimientos de Morichal, La Chaparrera, El Morro y La Niata.
Asimismo, las cámaras cuentan con tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas, lo que permitirá identificar y rastrear personas y vehículos sospechosos. El sistema también incluye más de 100 kilómetros de fibra óptica y un moderno centro de monitoreo y control ubicado en el edificio Emiro Sossa, donde ya se completó la instalación de aires acondicionados, equipos técnicos, mobiliario, y están en adecuaciones de infraestructura en los pisos quinto y sexto.
Por otra parte, Julio Ramos, secretario de Gobierno, explicó que la estructura física ya se encuentra al 100% y que durante mayo se desarrollará la fase de pruebas para verificar conectividad, configuración técnica y corregir cualquier novedad antes de su entrega oficial. “Hemos trabajado mes a mes para que este centro lo entreguemos en mayo. Ya está la postería, la instalación de cámaras y toda la fibra óptica”, señaló.
CASANARE
Capresoca responde que no es responsable de las obligaciones de PROMED con personal de enfermería
Capresoca EPS se pronunció frente a la manifestación realizada este lunes por personal de enfermería vinculado a la IPS PROMED, quienes exigen el pago de honorarios por servicios prestados en el marco del contrato N.° 165 de 2025. La entidad aclaró que dicho contrato tenía una duración de nueve meses y un valor superior a los 7.400 millones de pesos.
Según Capresoca, con corte a febrero de 2026 se han girado más de 5.110 millones de pesos, equivalentes al 68 % del valor total del contrato, tras cumplir con los procesos de radicación, auditoría y aprobación de cuentas. Asimismo, indicó que el contrato se encuentra actualmente en etapa de liquidación, con un valor proyectado pendiente de pago cercano a los 1.389 millones de pesos, luego de aplicar descuentos por glosas, retenciones y saldos no ejecutados.
Que responda PROMED
La EPS precisó que el pago restante se realizará una vez se completen los trámites administrativos en las áreas contable, financiera y jurídica, y se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal. Sin embargo, enfatizó que, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa laboral vigente, no tiene responsabilidad sobre las obligaciones laborales adquiridas por PROMED con su personal, al tratarse de un prestador autónomo.
Finalmente, Capresoca indicó que los trabajadores afectados pueden acudir a las instancias legales correspondientes para reclamar sus derechos, proceso que, según la entidad, es necesario para activar posibles mecanismos ante la aseguradora que respalda el contrato. La situación mantiene la preocupación del personal de salud, que continúa a la espera del pago por los servicios prestados.
