CASANARE
Víctimas y victimarios de falsos positivos en Casanare estuvieron frente a frente
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP adelanta en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03. En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptaron su responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocen los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se refieren a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
Primer día de Audiencia de Reconocimiento de Verdad
En la audiencia hacen presencia 116 víctimas acreditadas ante la JEP, personas provenientes de distintos municipios de Casanare cuyos familiares fueron asesinados y presentados como supuestas bajas en combate.
18 familiares de las víctimas intervienen de manera pública durante los dos días de Audiencia de Reconocimiento de Verdad para expresar el relato de las afectaciones que estos graves crímenes causaron en sus vidas.
Para la realización de esta Audiencia de Reconocimiento se contó con un proceso restaurativo acompañado por distintos profesionales durante más de 9 meses. En total, se llevaron a cabo 13 encuentros restaurativos: 6 con víctimas, 6 con comparecientes y un encuentro entre víctimas y comparecientes.
El magistrado Óscar Parra Vera, quien preside la audiencia, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, explicó los alcances de esta diligencia judicial. “Esta audiencia es un punto de partida de la rendición de cuentas”, señaló.
Parra aclaró que aunque “no están aquí todos los responsables, sino los máximos responsables, eso no implica que no vayamos a llamar a rendir cuentas a las más de 200 personas que no tienen máxima responsabilidad”.
Encuentros preparatorios individuales
Además, el equipo de psicólogos, politólogos y antropólogos de la JEP llevó a cabo 23 encuentros preparatorios individuales, con apoyo del equipo psicosocial del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD – Comparecientes.
Con jarrones de barro, símbolo del largo proceso de restauración de las heridas que han tenido que afrontar, los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’ dieron inicio a la diligencia. Derly Patiño, vocera de las víctimas, habló sobre este camino recorrido y sus dificultades.
“Inicialmente estos jarrones estaban rotos y con las manos de cada uno de los familiares nos tocó reconstruirlos, como nuestras vidas rotas. Hemos unido fuerzas y entrelazado manos para reconstruirnos”, dijo Derly, cuyo esposo, Hugo Édgar Araque, fue asesinado en octubre de 2005.
Contexto de Casanare
En el contexto de Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de, al menos, 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.
Los batallones y unidades operativas adscritas a la Brigada XVI, cuyos miembros estaban inmersos en esta organización criminal, fueron: el ‘Batallón Ramón Nonato Pérez’ (Birno); los batallones contraguerrillas 23 ‘Llaneros del Rondón’, el 29 ‘Héroes del Alto Llano’ y 65 ‘Batalla de Cachirí´.
Así mismo, estaban implicados miembros de los grupos especiales Delta y del Gaula Casanare, cuya función anti extorsión y secuestro se vio tergiversada y orientada a alimentar las cifras de resultados operacionales a través de asesinatos y desapariciones forzadas.
El Gaula Casanare, entre 2005 y 2007, reportó principalmente supuestas bajas en combate. Con solo 70 hombres, logró casi el mismo número de resultados que el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres.
Una característica del entramado criminal que se gestó en Casanare fue el gasto de recursos públicos. La JEP recopiló evidencia de que los recursos de la Dirección del Gaula y de Fondelibertad se usaron para financiar a los reclutadores y comprar armas para implantar a las víctimas.
Víctimas escucharon a víctimarios
En el primer día las víctimas escucharon los testimonios del sargento retirado Faiber Alberto Amaya Ruíz, comandante del grupo Delta 4, Marco Fabián García Céspedes, teniente retirado, comandante de varios grupos especiales de unidades de la Brigada 16, Edwin Leonardo Toro Ramírez, teniente retirado, quien fue comandante del grupo Delta 5 y miembro del Gaula Casanare, Zamir Humberto Casallas, teniente (r), y en su momento, comandante del grupo Delta 4, Orlando Rivas Tovar, entonces director de la seccional del DAS en Casanare, Wilson Camargo Tamayo, coronel (r).
También fue escuchado Wilson Rodríguez Mimisica, uno de los dos civiles reclutadores imputados por ‘falsos positivos’ en Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare, con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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