CASANARE
Víctimas y victimarios de falsos positivos en Casanare estuvieron frente a frente
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP adelanta en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03. En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptaron su responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocen los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se refieren a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
Primer día de Audiencia de Reconocimiento de Verdad
En la audiencia hacen presencia 116 víctimas acreditadas ante la JEP, personas provenientes de distintos municipios de Casanare cuyos familiares fueron asesinados y presentados como supuestas bajas en combate.
18 familiares de las víctimas intervienen de manera pública durante los dos días de Audiencia de Reconocimiento de Verdad para expresar el relato de las afectaciones que estos graves crímenes causaron en sus vidas.
Para la realización de esta Audiencia de Reconocimiento se contó con un proceso restaurativo acompañado por distintos profesionales durante más de 9 meses. En total, se llevaron a cabo 13 encuentros restaurativos: 6 con víctimas, 6 con comparecientes y un encuentro entre víctimas y comparecientes.
El magistrado Óscar Parra Vera, quien preside la audiencia, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, explicó los alcances de esta diligencia judicial. “Esta audiencia es un punto de partida de la rendición de cuentas”, señaló.
Parra aclaró que aunque “no están aquí todos los responsables, sino los máximos responsables, eso no implica que no vayamos a llamar a rendir cuentas a las más de 200 personas que no tienen máxima responsabilidad”.
Encuentros preparatorios individuales
Además, el equipo de psicólogos, politólogos y antropólogos de la JEP llevó a cabo 23 encuentros preparatorios individuales, con apoyo del equipo psicosocial del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD – Comparecientes.
Con jarrones de barro, símbolo del largo proceso de restauración de las heridas que han tenido que afrontar, los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’ dieron inicio a la diligencia. Derly Patiño, vocera de las víctimas, habló sobre este camino recorrido y sus dificultades.
“Inicialmente estos jarrones estaban rotos y con las manos de cada uno de los familiares nos tocó reconstruirlos, como nuestras vidas rotas. Hemos unido fuerzas y entrelazado manos para reconstruirnos”, dijo Derly, cuyo esposo, Hugo Édgar Araque, fue asesinado en octubre de 2005.
Contexto de Casanare
En el contexto de Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de, al menos, 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.
Los batallones y unidades operativas adscritas a la Brigada XVI, cuyos miembros estaban inmersos en esta organización criminal, fueron: el ‘Batallón Ramón Nonato Pérez’ (Birno); los batallones contraguerrillas 23 ‘Llaneros del Rondón’, el 29 ‘Héroes del Alto Llano’ y 65 ‘Batalla de Cachirí´.
Así mismo, estaban implicados miembros de los grupos especiales Delta y del Gaula Casanare, cuya función anti extorsión y secuestro se vio tergiversada y orientada a alimentar las cifras de resultados operacionales a través de asesinatos y desapariciones forzadas.
El Gaula Casanare, entre 2005 y 2007, reportó principalmente supuestas bajas en combate. Con solo 70 hombres, logró casi el mismo número de resultados que el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres.
Una característica del entramado criminal que se gestó en Casanare fue el gasto de recursos públicos. La JEP recopiló evidencia de que los recursos de la Dirección del Gaula y de Fondelibertad se usaron para financiar a los reclutadores y comprar armas para implantar a las víctimas.
Víctimas escucharon a víctimarios
En el primer día las víctimas escucharon los testimonios del sargento retirado Faiber Alberto Amaya Ruíz, comandante del grupo Delta 4, Marco Fabián García Céspedes, teniente retirado, comandante de varios grupos especiales de unidades de la Brigada 16, Edwin Leonardo Toro Ramírez, teniente retirado, quien fue comandante del grupo Delta 5 y miembro del Gaula Casanare, Zamir Humberto Casallas, teniente (r), y en su momento, comandante del grupo Delta 4, Orlando Rivas Tovar, entonces director de la seccional del DAS en Casanare, Wilson Camargo Tamayo, coronel (r).
También fue escuchado Wilson Rodríguez Mimisica, uno de los dos civiles reclutadores imputados por ‘falsos positivos’ en Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare, con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
CASANARE
Formulan cargos a 2 policías de carreteras por muerte de joven en Casanare en 2021
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces intendente de la Policía y jefe del cuadrante vial No. 3 Araguaney de la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare, Geiler Camacho Molano y el patrullero Emmanuel Iván Silva Rodríguez (2021), por la muerte del joven Johan Sebastián Ortega, de 20 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto con su compañera, por la vía Yopal – Paz de Ariporo.
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2021, en el kilómetro 25 de la citada vía. Allí, tras una persecución policial el intendente Camacho Molano habría disparado su arma de fuego de dotación oficial contra el ciudadano causándole una grave herida en el cuello que le produjo instantes después la muerte.
Advierte el Ministerio Público que la acción se habría producido por el hecho de no atender de manera inmediata el llamado que se le hizo para detener la motocicleta, razón que no se constituía, a juicio de la Procuraduría, razón válida para dispararle.
El Ministerio Público también cuestionó la conducta del patrullero Silva Rodríguez, quien, al parecer, sin justa causa, no habría auxiliado al joven que resultó gravemente herido por el disparo que le propinó el intendente Molano.
De acuerdo con las pruebas recaudadas el investigado no lo habría trasladado de manera inmediata, pese a contar con el vehículo policial para hacerlo y, una vez decidió transportarlo, se detuvo en dos oportunidades perdiendo tiempo valioso para la atención médica que requería el ciudadano, quien ingresó al Hospital Regional de la Orinoquia sin signos vitales.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta de los uniformados como falta gravísima a título de dolo.
¿Cómo fueron los hechos?
Como se recuerda en este caso que causó conmoción en Casanare, los dos jóvenes se desplazaban en motocicleta hacia una finca y pararon antes del retén, como lo narró en su momento Jenny Carolina Prieto, la mujer que acompañaba a la víctima mortal, al momento de los hechos, quien narró pormenorizadamente cómo fueron los mismos, lanzando graves acusaciones contra la Policía Nacional, señalando además que nada de lo que se les acusa es cierto, y que al joven le dispararon a quemarropa luego de una persecución policial. Este fue el relato de la joven, para la época de los hechos.
CASANARE
Yopal refuerza detección temprana del VIH y búsqueda activa, este año se han registrado 7 casos
El municipio de Yopal ha fortalecido significativamente sus estrategias de detección temprana y atención integral del VIH en los últimos años. Esto se ha logrado mediante la ampliación de la búsqueda activa institucional y el incremento de tamizajes en los servicios de salud.
Según el seguimiento epidemiológico de la Secretaría de Salud Municipal, en 2024 se notificaron 90 casos, en 2025 la cifra fue de 100 y, en lo corrido de 2026, se han registrado 7 casos. Las autoridades sanitarias atribuyen este incremento, en parte, al fortalecimiento de las acciones de detección, que permiten identificar y vincular oportunamente a las personas a tratamiento.
Las medidas implementadas incluyen la expansión de pruebas diagnósticas en diversos puntos de atención, el desarrollo de jornadas de sensibilización y una estrecha articulación con los prestadores de servicios de salud. Esto asegura un seguimiento clínico adecuado y el acceso a una atención integral para quienes lo necesitan.
Se enfatiza que un diagnóstico temprano es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus y asegurar el inicio oportuno de los tratamientos, lo que contribuye a controlar la propagación.
Finalmente, la Secretaría de Salud recomienda a la comunidad mantener prácticas de autocuidado, como el uso constante de preservativos en todas las relaciones sexuales, realizarse la prueba de VIH periódicamente y acudir a los servicios de salud ante cualquier inquietud o síntoma, promoviendo la prevención activa.
CASANARE
Alcaldía de Yopal acerca servicios a personas con discapacidad en San Rafael de Morichal
La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud Municipal de Yopal realizaron una jornada de caracterización y revisión de historias clínicas en el corregimiento de San Rafael de Morichal, dirigida a personas con discapacidad. Esta iniciativa busca expedir el Certificado de Discapacidad sin necesidad de que los ciudadanos se trasladen al casco urbano.
Un equipo interdisciplinario de la Administración Municipal llevó directamente al territorio este proceso, evitando que los habitantes de la zona rural deban incurrir en gastos y dificultades de desplazamiento para realizar el trámite esencial para el reconocimiento de su condición.
El Certificado de Discapacidad es un documento fundamental que identifica y caracteriza la condición de la persona mediante una valoración clínica multidisciplinaria. Esto permite reconocer sus necesidades y orientar de forma diferenciada las intervenciones institucionales en salud y atención social, fortaleciendo la planeación de estrategias.
La secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández, enfatizó que estas jornadas facilitan el acceso a los servicios en áreas donde los traslados son complejos. Señaló que la administración está “acercando la oferta institucional a las comunidades”, y el programa de Discapacidad adelanta una búsqueda activa para consolidar información que permita una atención diferencial y oportuna.
El proceso contó con el acompañamiento activo de la Secretaría de Salud Municipal, que se encargó de la revisión de las historias clínicas. Esto fue crucial para la valoración multidisciplinaria necesaria para acceder al Certificado de Discapacidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos vigentes.
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