CASANARE
Víctimas y victimarios de falsos positivos en Casanare estuvieron frente a frente
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP adelanta en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03. En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptaron su responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocen los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se refieren a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
Primer día de Audiencia de Reconocimiento de Verdad
En la audiencia hacen presencia 116 víctimas acreditadas ante la JEP, personas provenientes de distintos municipios de Casanare cuyos familiares fueron asesinados y presentados como supuestas bajas en combate.
18 familiares de las víctimas intervienen de manera pública durante los dos días de Audiencia de Reconocimiento de Verdad para expresar el relato de las afectaciones que estos graves crímenes causaron en sus vidas.
Para la realización de esta Audiencia de Reconocimiento se contó con un proceso restaurativo acompañado por distintos profesionales durante más de 9 meses. En total, se llevaron a cabo 13 encuentros restaurativos: 6 con víctimas, 6 con comparecientes y un encuentro entre víctimas y comparecientes.
El magistrado Óscar Parra Vera, quien preside la audiencia, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, explicó los alcances de esta diligencia judicial. “Esta audiencia es un punto de partida de la rendición de cuentas”, señaló.
Parra aclaró que aunque “no están aquí todos los responsables, sino los máximos responsables, eso no implica que no vayamos a llamar a rendir cuentas a las más de 200 personas que no tienen máxima responsabilidad”.
Encuentros preparatorios individuales
Además, el equipo de psicólogos, politólogos y antropólogos de la JEP llevó a cabo 23 encuentros preparatorios individuales, con apoyo del equipo psicosocial del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD – Comparecientes.
Con jarrones de barro, símbolo del largo proceso de restauración de las heridas que han tenido que afrontar, los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’ dieron inicio a la diligencia. Derly Patiño, vocera de las víctimas, habló sobre este camino recorrido y sus dificultades.
“Inicialmente estos jarrones estaban rotos y con las manos de cada uno de los familiares nos tocó reconstruirlos, como nuestras vidas rotas. Hemos unido fuerzas y entrelazado manos para reconstruirnos”, dijo Derly, cuyo esposo, Hugo Édgar Araque, fue asesinado en octubre de 2005.
Contexto de Casanare
En el contexto de Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de, al menos, 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.
Los batallones y unidades operativas adscritas a la Brigada XVI, cuyos miembros estaban inmersos en esta organización criminal, fueron: el ‘Batallón Ramón Nonato Pérez’ (Birno); los batallones contraguerrillas 23 ‘Llaneros del Rondón’, el 29 ‘Héroes del Alto Llano’ y 65 ‘Batalla de Cachirí´.
Así mismo, estaban implicados miembros de los grupos especiales Delta y del Gaula Casanare, cuya función anti extorsión y secuestro se vio tergiversada y orientada a alimentar las cifras de resultados operacionales a través de asesinatos y desapariciones forzadas.
El Gaula Casanare, entre 2005 y 2007, reportó principalmente supuestas bajas en combate. Con solo 70 hombres, logró casi el mismo número de resultados que el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres.
Una característica del entramado criminal que se gestó en Casanare fue el gasto de recursos públicos. La JEP recopiló evidencia de que los recursos de la Dirección del Gaula y de Fondelibertad se usaron para financiar a los reclutadores y comprar armas para implantar a las víctimas.
Víctimas escucharon a víctimarios
En el primer día las víctimas escucharon los testimonios del sargento retirado Faiber Alberto Amaya Ruíz, comandante del grupo Delta 4, Marco Fabián García Céspedes, teniente retirado, comandante de varios grupos especiales de unidades de la Brigada 16, Edwin Leonardo Toro Ramírez, teniente retirado, quien fue comandante del grupo Delta 5 y miembro del Gaula Casanare, Zamir Humberto Casallas, teniente (r), y en su momento, comandante del grupo Delta 4, Orlando Rivas Tovar, entonces director de la seccional del DAS en Casanare, Wilson Camargo Tamayo, coronel (r).
También fue escuchado Wilson Rodríguez Mimisica, uno de los dos civiles reclutadores imputados por ‘falsos positivos’ en Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare, con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
CASANARE
Contrato de $24 mil millones a microempresa barranquillera desata denuncias contra Capresoca EPS
Una denuncia pública radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos de control pone bajo la lupa la contratación adelantada por Capresoca EPS para la vigencia 2026, durante la administración de la Agente Especial de Intervención, Betty Cecilia Anaya Nieto. El documento advierte posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud, con incrementos contractuales que superan ampliamente el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según la denuncia, el caso más crítico corresponde al contrato 003-2026, suscrito con PROVITALY SAS por un valor cercano a los $24 mil millones de pesos para el suministro de medicamentos bajo la modalidad de cápita. Según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sede de PROVITALY SAS, es una microempresa constituida en 2018, con un capital autorizado y suscrito de apenas seis millones de pesos, lo que genera serios cuestionamientos sobre su capacidad financiera, técnica y operativa para ejecutar un contrato de tal magnitud en 14 municipios de Casanare.
Contrato 003.2026 suscrito con PROVITALY SAS para el suministro de medicamentos en 14 municipios
Certificado de existencia y representación legal de PROVITALY SAS
La denuncia señala que este contrato representa un incremento aproximado del 26 % frente a la vigencia anterior, pese a que los recursos que lo financian —la UPC— solo aumentaron 16,49 % para 2026. Además, se advierte que no habría evidencia de estudios financieros rigurosos ni de verificación de experiencia previa del contratista, quien incluso no habría cumplido requisitos mínimos en convocatorias similares adelantadas por otras entidades del sector salud.
Otras alertas en la denuncia
A estas alertas se suman incrementos desproporcionados en los valores per cápita en los municipios con mayor concentración de afiliados, la inclusión de medicamentos con registros sanitarios vencidos y la fragmentación de rutas integrales de atención. El documento también denuncia presuntos sobrecostos en el contrato de transporte aéreo de pacientes, con alzas de hasta el 114 % en algunas rutas. Ante este panorama, los denunciantes solicitan a los entes de control investigar a fondo la contratación de Capresoca EPS y determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales por el presunto detrimento de los recursos de la salud de los casanareños.
El Diario del Llano buscó respuesta de la Agente Interventora Betty Cecilia Anaya Nieto sobre el mencionado contrato 003.2026, pero la funcionaria no quiso pronunciarse al respecto, señalando que tenía que verificar los estudios previos del contrato.
Con el objetivo de acercar la vacunación a los barrios y facilitar el acceso a los servicios de salud, se habilitó un punto de vacunación en la Comuna VI, como parte del plan de intensificación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), buscando reducir el número de personas susceptibles a enfermedades prevenibles, aumentando el acceso y disminuyendo las oportunidades perdidas de vacunación, especialmente en población prioritaria.
Durante la jornada, se aplicaron todos los biológicos del esquema regular, con énfasis en la vacunación contra fiebre amarilla, tos ferina, sarampión, rubéola y Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, en estos mismos puntos reforzará la vacunación en mujeres gestantes, como también la aplicación a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 17 años contra el VPH, y a menores de 6 años.
Esta iniciativa se articula con instituciones educativas, el ICBF y los diferentes actores del sistema de salud, garantizando el cumplimiento de la ruta de vacunación y fortaleciendo los procesos de información y educación en salud.
Bajo el lema “De regreso a clases con las vacunas al día “#VacúnateYa”, se invita a las familias de la Comuna VI a acercarse al punto de vacunación, revisar sus carnés y completar esquemas, recordando que la vacunación oportuna salva vidas y protege a toda la comunidad.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare, a través del Banco de Maquinaria, lideró una mesa de trabajo articulada con autoridades locales y comunidades rurales de Hato Corozal, con el fin de planificar de manera conjunta las intervenciones viales proyectadas en el municipio.
En el encuentro participaron la alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán Gutiérrez; el secretario de Infraestructura municipal, Antonio Esteban Campuzano; el diputado Omar Ortega y representantes de las veredas El Guafal, El Rubí, Suní, San Nicolás y del centro poblado Puerto Colombia, quienes expusieron sus necesidades y aportaron a la priorización de los trabajos.
Se hará mantenimiento de 30 kilómetros
Como resultado de este ejercicio de concertación, se proyecta el mantenimiento de cerca de 30 kilómetros del corredor vial que comunica el casco urbano de Hato Corozal con Puerto Colombia, intervención que contará con dos frentes de maquinaria listos para iniciar labores una vez se dé apertura oficial al plan.
El gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Infraestructura departamental, Álvaro Rivera, resaltaron que este tipo de espacios fortalecen la planificación responsable, garantizan transparencia en la ejecución de las obras y reflejan el compromiso del Gobierno departamental con la conectividad, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.
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