CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Salud Municipal, lideró un Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) extraordinario en la vereda Barbasco, luego de identificarse un foco de rabia bovina en esta zona rural del municipio. La intervención tuvo como propósito fortalecer las acciones de prevención, control y vigilancia frente a esta enfermedad zoonótica.
Durante la jornada se desarrolló un espacio educativo dirigido a la comunidad, con la participación del equipo de Atención Primaria en Salud (APS), profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y funcionarios de las secretarías de Salud municipal y departamental, quienes socializaron medidas de prevención y protocolos de atención.
El equipo de Zoonosis brindó orientación sobre los signos y síntomas de la rabia en animales de producción, de compañía y fauna silvestre, así como recomendaciones para reportar oportunamente a las autoridades competentes la presencia de comportamientos inusuales o sospechosos.
Asimismo, el equipo de Vigilancia Epidemiológica compartió información sobre otras enfermedades de origen viral que pueden afectar la salud pública y que pueden prevenirse mediante la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios de salud.
La jornada concluyó con la vinculación de líderes comunitarios del sector a la Red de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad (REVCOM), con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la identificación y notificación temprana de eventos que puedan representar riesgos para la salud pública.
Después de años de espera, gestiones y solicitudes constantes de padres de familia, docentes y estudiantes, la comunidad de la Institución Educativa Centro Social recibe una gran noticia: el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, firmó las escrituras del predio donde se individualiza la nueva sede, un paso decisivo para hacer realidad esta anhelada obra.
La institución, que durante años funcionó en arriendo, generó amplia discusión en la ciudad. Hoy, con esta firma, se formaliza el terreno destinado a levantar una infraestructura propia, moderna y adecuada, que beneficiará a más de 1.800 estudiantes. Además, el mandatario confirmó que el municipio aportará $17.000 millones de pesos incluidos dentro del endeudamiento para la cofinanciación de la obra, garantizando así espacios dignos y acordes a las necesidades académicas.
El camino para llegar a este punto ha sido técnico y riguroso. Desde los primeros meses de gobierno se inició un proceso exhaustivo que incluyó el estudio topográfico del terreno, la obtención de la licencia de subdivisión mediante reloteo, la protocolización de la subdivisión del predio y su radicación en la Notaría Segunda de Yopal. En octubre de 2025, se formalizó la subdivisión en dos predios: uno para la actual estación de Policía y otro para la futura sede del Centro Social, actualmente registrado ante Instrumentos Públicos para la segregación de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria.
La secretaria de Planeación, Narda Perilla, anunció que el próximo 1 de marzo el proyecto de acuerdo será radicado ante el Concejo Municipal para surtir los debates y trámites correspondientes, un paso clave para continuar avanzando. Por su parte, la secretaria de Infraestructura, ingeniera Hernández, informó que se abrirá una vía que separará físicamente el predio de la estación de Policía del lote donde se construirá la institución educativa, atendiendo una solicitud expresa de la comunidad.
Con esta decisión, la administración municipal demuestra su compromiso con la educación como eje fundamental del desarrollo de la ciudad. La nueva sede del Centro Social no solo representa una obra de infraestructura, sino una respuesta concreta a una necesidad sentida por cientos de familias yopaleñas que hoy ven más cerca el sueño de contar con una infraestructura en condiciones adecuadas para sus hijos.
La Secretaría de Movilidad adelantará un estudio técnico, económico y financiero para analizar un posible ajuste en las tarifas del transporte público interveredal. Esta decisión se toma tras una reunión clave sostenida entre el alcalde Marco Tulio Ruíz, conductores y representantes legales de empresas transportadoras en Yopal.
El mandatario señaló durante el encuentro que ‘este estudio permitirá tomar decisiones responsables, garantizando equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y el bienestar de los usuarios, siempre priorizando la calidad y la seguridad en la movilidad’.
Por su parte, el secretario de Movilidad, Michael Castro, destacó la importancia de avanzar en acciones que contribuyan a mejorar el servicio prestado a las comunidades rurales, así como fortalecer el diálogo permanente con el sector transportador.
Asimismo, la administración municipal continuará con la gestión para habilitar un espacio adecuado para el parqueo de las busetas. El objetivo es evitar desórdenes y reducir afectaciones a la movilidad urbana, beneficiando tanto a los transportadores como a la ciudadanía en general.
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