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Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral

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Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.

Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.

Esta reparación integral comprende:

  • La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
  • La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
  • La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
  • Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:

1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.

2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.

3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.

4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.

5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.

6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

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Instituto Financiero de Casanare ofrece beneficios para normalizar créditos en mora y recuperar cartera

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El Instituto Financiero de Casanare (IFC) ha lanzado una campaña para que los usuarios de créditos en mora puedan normalizar su cartera. La iniciativa incluye descuentos en intereses de mora y, en algunos casos, la condonación de hasta el 100% del capital, buscando facilitar a los deudores el ponerse al día con sus obligaciones financieras.

La invitación está dirigida principalmente a quienes poseen deudas pendientes del Decreto No.0223 de 2015, correspondiente al convenio liquidado entre el Fondo Departamento de Casanare e ICETEX. Estos mecanismos no solo alivian la carga de los deudores y codeudores, sino que también permiten al IFC recuperar recursos esenciales para financiar nuevos sueños de los casanareños a través de programas como el Fondo de Educación Superior (FESCA).

Más de 5.000 personas fueron beneficiarias de estos créditos educativos y tienen el compromiso de retornar los fondos. El equipo de recuperación de cartera del IFC ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamadas masivas y logrando la cancelación de cerca de 800 créditos hasta la fecha. Sin embargo, el desafío persiste, con 49 mil millones de pesos pendientes de recuperación, fondos vitales para el sostenimiento del FESCA.

Los usuarios pueden acceder a diversas modalidades de normalización, adaptadas a cada caso particular. Estas incluyen prórrogas si la cuota está vencida, refinanciaciones con ampliación de plazos y disminución de cuotas si las condiciones de ingresos han cambiado, o acuerdos de pago para deudas con más de 30 días de mora. Para situaciones financieras más complejas, se ofrece la reestructuración, permitiendo a los deudores ‘empezar de cero’, y la posibilidad de realizar abonos a capital si la situación económica mejora.

Respecto a los créditos educativos antiguos, el IFC aclara que el convenio con Icetex estuvo vigente hasta 2009. Los préstamos desembolsados en 1998, 2003, 2004 y 2005 son totalmente reembolsables según los términos firmados. Para otros años, los usuarios deben verificar si su crédito es condonable, lo cual dependía de condiciones específicas como la realización de labores sociales o la creación de empresas, y pueden solicitar su expediente para revisión.

Para mayor facilidad, el IFC ha dispuesto varios canales de comunicación: la aplicación móvil del IFC para pagos por PSE y seguimiento de créditos, el WhatsApp 3115830981 y el correo electrónico ventanillaunica@ifc.gov.co. Además, se recuerda a los usuarios del crédito educativo FESCA que el plazo para renovar su crédito vence el 31 de marzo, y pueden realizarlo a través de la web www.ifc.gov.co, la App #IFCMovil, o presencialmente en las oficinas de Yopal.

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Alto costo del cierre financiero en proyecto Torres de San Salvador en Yopal genera inconformismo

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El proyecto de vivienda “Torres de San Salvador”, que contempla la construcción de 416 apartamentos de interés social (VIS) en Yopal de manera conjunta entre la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare sigue avanzando en su estructuración. Los detalles de esta iniciativa fueron presentados y discutidos en una mesa de trabajo organizada en el Concejo Municipal de Yopal.

La propuesta incluye el desarrollo de cuatro torres multifamiliares, con apartamentos de aproximadamente 61,96 metros cuadrados cada uno, ubicadas estratégicamente en la calle 30 con carrera 21, antigua sede de la Subasta Ganadera. Además de las unidades residenciales, el diseño contempla un bloque comercial de un piso para integrar servicios y actividad económica.

Se construirán torres de 13 pisos con 8 apartamentos por piso, de acuerdo con lo expresado por el Gerente del INDEV, Nelson Nieto. Un tema que generó controversia entre la ciudadanía asistente a la mesa de trabajo, fue el elevado costo del cierre financiero para las familias que salgan beneficiadas, lo cual dejaría por fuera a núcleos familiares vulnerables.

Según explicó Nelson Nieto, Gerente del INDEV, estos costos estarán en $63, $73 y $83 millones de pesos para cada familia, teniendo en cuenta el puntaje que logren luego del análisis de la documentación que presenten para ingresar al proyecto, cuando se abra la convocatoria.

En el encuentro participaron representantes de la secretaría de planeación, el instituto de desarrollo urbano y vivienda de Yopal (indev) y la gobernación de Casanare. Ellos expusieron los aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos de este complejo habitacional a concejales y asistentes.

Se ha informado que habrá una convocatoria para familias interesadas, con requisitos como ahorro programado y acceso a crédito. La administración municipal también está habilitando predios sociales prioritarios para entregar lotes con servicios públicos, impulsando la vivienda formal y planificada en la ciudad.

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Tras más de 13 años de espera avanza proceso de titulación en La Chaparrera en Yopal

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Después de más de 13 años de espera, el proceso de titulación de predios para familias del sector La Chaparrera comienza a materializarse. Se ha informado el inicio de la transferencia de propiedades de la Gobernación de Casanare al municipio de Yopal, un paso esencial para el saneamiento jurídico y la posterior entrega de títulos.

Durante una jornada de socialización con la comunidad, la secretaria de planeación de Yopal, Narda Perilla, junto con la secretaria general de la gobernación de Casanare, Neydi Oróstegui, explicaron los avances técnicos y administrativos que permitirán formalizar las viviendas.

Actualmente, 71 predios figuran a nombre de la gobernación; de estos, ocho ya han sido transferidos al municipio, y 25 están pendientes de localización espacial. Además, se han recibido 30 solicitudes de familias interesadas en formalizar sus predios, con tres de ellas ya en proceso de titulación.

Este proceso de transferencia facultará al municipio para continuar con las etapas necesarias para la legalización de las viviendas y la expedición de títulos de propiedad. Adán Wilches Espinosa, beneficiario, expresó su satisfacción. La administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Marco Tulio Ruiz, busca consolidar el ordenamiento territorial y brindar seguridad jurídica a las familias que han esperado por años la legalización de sus hogares.

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