CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Una violenta incursión armada registrada la tarde del martes en una finca de la vereda Marroquín, corregimiento El Morro, zona rural de Yopal, dejó como saldo una persona muerta, otra gravemente herida y el hurto de varios elementos de valor. De acuerdo con las primeras versiones, cinco sujetos llegaron hasta el predio del señor Fermín Gutiérrez, conocido en la zona como “Descachado”, donde intimidaron a los presentes y desataron momentos de terror.
Según la información, los delincuentes amarraron a la esposa del propietario y atacaron a Gutiérrez, quien sufrió graves lesiones en una de sus manos al intentar oponerse al hurto. Cuando se retiraban del lugar fue asesinado José Domingo Torres, quien llegó a la vivienda. Los responsables huyeron en un automóvil Aveo gris y en una motocicleta hurtada de la misma finca.
La esposa de don Fermín logró desatarse y dar aviso a sus vecinos, quienes rápidamente difundieron mensajes de alarma por redes sociales, lo que permitió tender un cerco a los delincuentes, que se extendió por sectores veredales y hasta la vía alterna que comunica a Tauramena con Monterrey, donde el vehículo fue ubicado. En medio de la persecución se registró un intercambio de disparos y fueron capturadas dos personas, además de la aprehensión de un menor de edad, presuntamente vinculado al caso.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las diligencias judiciales y la recolección de los elementos materiales probatorios hallados Las autoridades continúan con la búsqueda de otros posibles implicados y avanzan en el esclarecimiento de este hecho que vuelve a encender las alarmas por la seguridad en la zona rural del sur de Casanare.
La Alcaldía de Yopal y la ESE Salud Yopal entregaron oficialmente el Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) en el corregimiento de Tacarimena. Esta acción marca el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo, que preveía la habilitación de cuatro infraestructuras de salud en el sector rural durante el actual cuatrienio.
El PAPS, que estuvo sin intervención por más de 20 años, fue sometido a una adecuación integral. Las mejoras incluyeron reparaciones estructurales, mantenimiento de cubiertas, reemplazo de puertas y ventanas, así como la actualización de los sistemas eléctrico e hidrosanitario, lo que permitió su reapertura para la prestación de servicios esenciales.
Con la puesta en marcha de este puesto de salud, aproximadamente 400 habitantes del centro poblado y de ocho veredas aledañas tendrán acceso a servicios de atención médica, odontológica y de enfermería directamente en su territorio. Además, se programarán brigadas con especialistas, lo que reducirá significativamente los desplazamientos al casco urbano y aliviará la carga de los servicios de mayor complejidad.
Durante la ceremonia de entrega, se anunció que la ESE Salud Yopal ha obtenido la acreditación en salud, posicionándose en el puesto 65 entre más de 7.000 entidades de este tipo a nivel nacional, según el sistema de evaluación. Este reconocimiento subraya el compromiso de la entidad con los estándares de calidad en la prestación de sus servicios.
El PAPS de Tacarimena es la cuarta infraestructura rural habilitada, sumándose a las ya existentes en La Chaparrera, Quebradaseca y El Morro. La administración municipal tiene previsto llevar a cabo nuevas intervenciones en Punto Nuevo y construir nuevos puestos de salud en El Taladro y Mata de Limón, como parte de su estrategia para fortalecer la red pública de salud en las zonas rurales.
CASANARE
Lo citaron y le llegó la muerte, asesinan un hombre en la Marginal del Llano, frente al nuevo Terminal de Yopal
Un hombre identificado como Danny Arley Méndez Gutiérrez, conocido con el alias de “Gato”, fue asesinado la noche de este lunes 23 de febrero en zona rural de Yopal. El ataque ocurrió hacia las 9:10 p.m. en la vereda Upamena, sobre la vía Marginal del Llano que comunica Yopal con Aguazul, frente al sector donde se construye el nuevo Terminal de Transportes.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima llegó al lugar en una motocicleta de placas FDU63H en compañía de su pareja sentimental, luego de haber sido citado presuntamente por una mujer. Al arribar al sitio, fue abordado por dos sujetos que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron a pie hacia una zona boscosa cercana.
Había sido condenado por homicidio
Según fuentes oficiales, Méndez Gutiérrez registraba antecedentes judiciales en calidad de investigado por delitos como hurto calificado, lesiones personales y había sido condenado por homicidio. Además, había estado privado de la libertad durante 10 años por el homicidio el 01 de diciembre de 2012 del comerciante Juan Manuel Patiño, propietario de la empresa Figurados del Casanare durante un atraco, y se encontraba actualmente en libertad condicional.
Según labores de inteligencia, Méndez Gutiérrez se dedicaba al expendido de estupefacientes, y era una de las personas que coordinaba el ingreso de estupefacientes al centro carcelario La Guafilla, mediante la modalidad de lanzado desde la parte externa a los patios.
Las autoridades adelantan labores investigativas para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.
