CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
CASANARE
Cámara de Comercio de Casanare pide buscar alternativas a la fuerte alza del peaje San Pedro
La Cámara de Comercio de Casanare (CCC) se pronunció frente al elevado incremento, superior al 60 %, en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado sobre la Marginal de la Selva, en jurisdicción del municipio de Villanueva, advirtiendo sobre los impactos económicos que esta medida puede generar en el sur del departamento.
La entidad gremial reconoce que la infraestructura vial es un eje estratégico para la competitividad y el desarrollo sostenible de la región, al tiempo que advierte que el incremento en el valor de la tarifa en esas condiciones podría afectar la competitividad de la región.
En su análisis, la CCC recordó que el aumento responde a la aplicación de ajustes tarifarios acumulados por la suspensión de incrementos por IPC en años anteriores, así como a las condiciones del contrato de concesión del corredor Villavicencio – Yopal, bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), que contempla la recuperación de inversiones, operación, mantenimiento y ejecución de obras.
El gremio empresarial alertó que un incremento de esta magnitud impacta de manera directa la estructura de costos de las empresas locales, especialmente en los sectores de comercio, transporte, agroindustria y turismo, además de afectar a los hogares y trabajadores que transitan de forma frecuente por esta vía, lo que podría traducirse en mayores precios finales y pérdida de competitividad territorial.
Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Casanare hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Concesionaria Vial del Oriente – Covioriente para abrir un espacio de diálogo técnico y constructivo que permita revisar la proporcionalidad y gradualidad del ajuste tarifario, así como evaluar alternativas como incrementos progresivos, tarifas diferenciales o mecanismos de mitigación para los usuarios recurrentes, reiterando su disposición para facilitar escenarios de concertación en beneficio del desarrollo económico del departamento.
La empresa GeoPark confirmó el hallazgo de una granada de fragmentación sin detonar en inmediaciones del campo Tigana, bloque Llanos 34, en el departamento de Casanare, zona rural del municipio de Tauramena, durante la tarde de este martes 6 de enero.
Según la compañía, el artefacto fue detectado de manera oportuna y presentaba el seguro puesto, lo que permitió una reacción inmediata sin que se produjeran riesgos mayores.
Tras la identificación del elemento explosivo, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad establecidos. Como medida preventiva, el personal operativo fue evacuado, el área acordonada y se dio aviso a la fuerza pública especializada, que asumió el control de la situación.
GeoPark informó que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la operación petrolera. Posteriormente, las autoridades realizaron una detonación controlada de la granada, garantizando la seguridad del personal y del entorno cercano al campo petrolero.
De manera preliminar, se investiga la posibilidad de que el hallazgo corresponda a acciones intimidatorias por parte de delincuentes contra la compañía petrolera. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer el origen del artefacto y las circunstancias en las que fue abandonado, sin que hasta el momento se conozcan responsables o hipótesis concluyentes.
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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó la consecución de los recursos necesarios para la construcción de la nueva Torre de Alta Complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO). Este importante avance se concretó tras la confirmación de financiación por parte del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2697 del 23 de diciembre de 2025, y el interés del Departamento Nacional de Planeación en concurrir con aportes.
La inversión total para este proyecto asciende a 225.273 millones de pesos. De esta cifra, el Gobierno nacional, mediante la gestión del gobernador Zorro, aportará 106.700 millones de pesos, con 60.000 millones provenientes del Ministerio de Salud y 46.700 millones del DNP. La Gobernación de Casanare, por su parte, asignará 118.573 millones de pesos, consolidando la financiación para esta obra clave.
Ortiz Zorro destacó que la nueva torre transformará estructuralmente la atención en salud del departamento. Según el mandatario, la infraestructura permitirá reducir las largas esperas por remisiones y consolidará a Casanare como un modelo en la prestación de servicios, ofreciendo tecnología de última generación y una atención digna y humanizada para los usuarios del sistema.
El proyecto, fruto de la colaboración entre la Secretaría de Salud, Red Salud Casanare y el HORO, inicia ahora su fase de contratación, con un plazo de ejecución estimado en 23 meses. La futura torre contará con 23 especialidades, incluyendo consulta externa, anestesia, cirugía pediátrica y gastroenterología.
Además, incorporará servicios esenciales como unidad renal, unidad materno infantil de alto riesgo en obstetricia, unidad oncológica, unidad de trauma, y unidades de cuidados intensivos e intermedios. Con seis pisos de arquitectura moderna, el sexto nivel estará dedicado a docencia e investigación, apuntando a la certificación como hospital universitario. Actualmente, se avanza también en la estructuración del proyecto de dotación biomédica para la torre.
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