CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
CASANARE
24 años de cárcel para cabecilla del Clan del Golfo que aceptó ordenar 21 asesinatos en Casanare
Por la ola de violencia registrada en diferentes municipios de Casanare entre 2020 y 2021, la Fiscalía General de la Nación identificó a un cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo, del ‘Clan del Golfo’ que ordenó, por cadena de mando, al menos 21 crímenes en la región.
Se trata de José Antonio Hernández Pérez, alias Zamir, quien mediante preacuerdo aceptó su responsabilidad en los asesinatos y fue condenado por un juez de conocimiento a 24 años y 10 meses de prisión.
Según la Fiscalía, las acciones delincuenciales se registraron en Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué, como parte del control territorial que ejercía este grupo armado en el territorio.
Uno de los crímenes que se le atribuyen, es el del líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Cusiana en Tauramena, Julio Velásquez Martínez, ocurrido el 7 de diciembre de 2020.
La víctima se encontraba en un taller de ornamentación en el momento que hombres, que se movilizaban en una motocicleta, lo atacaron con arma de fuego causándole la muerte.
El hecho se presentó porque se negó a trabajar con el grupo ilegal. Otro de los asesinatos, se registró el 9 de mayo de 2021, en Orocué, donde integrantes de la subestructura cumpliendo órdenes de alias Zamir, dispararon en repetidas ocasiones a
un hombre y posteriormente arrojaron su cuerpo a un río. El hecho se habría perpetrado porque la víctima supuestamente estaba suministrando información a las autoridades sobre las actividades de grupos armados en la región.
Por todo lo anterior, fue sentenciado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las tres conductas agravadas.
El ingeniero Guillermo Pérez asumió oficialmente como nuevo director de Política Sectorial del Departamento Administrativo de Planeación de Casanare.
Es profesional en Ingeniería Industrial, con estudios en ingeniería de telecomunicaciones, especialista en Administración, próximo especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y actualmente cursa una maestría en Dirección y Administración de Empresas. Cuenta además con certificaciones como auditor interno internacional, perito avaluador, evaluador de competencias laborales y en implementación y administración de normas ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, entre otras.
Posee una amplia trayectoria como alto directivo, liderando la planeación y ejecución de proyectos de ingeniería en los sectores de hidrocarburos, construcción y sector público. En este último, se ha desempeñado como Secretario de Obras Públicas de Yopal, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E), Secretario de Tránsito (E), Director Departamental de Gestión del Riesgo de Casanare y Representante Legal del Fondo de Gestión del Riesgo.
CASANARE
Descuentos en sanciones e intereses de hasta el 90% a deudores de impuesto vehicular en Casanare
Por iniciativa del gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, la Asamblea Departamental aprobó un proyecto de ordenanza que establece significativos beneficios tributarios para los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto del impuesto sobre vehículos automotores, una medida orientada a aliviar la economía de los ciudadanos y fortalecer los recursos públicos destinados a la inversión social.
La iniciativa, impulsada por la Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Hacienda, permitirá a propietarios de motocicletas de más de 125 c.c. y vehículos particulares ponerse al día con sus obligaciones fiscales, mediante importantes reducciones en sanciones e intereses causados por mora.
El programa contempla un esquema de descuentos progresivos durante la vigencia 2026, incentivando el pronto pago y la normalización de la cartera tributaria del departamento.
Descuentos para deudores morosos:
Del 1 de enero al 30 de abril: Los contribuyentes morosos que realicen su pago en este periodo obtendrán hasta a un 90% de descuento en sanciones e intereses.
Del 1 de mayo al 31 de agosto: Durante esta etapa, el beneficio corresponderá hasta un 70% de descuento.
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre: En la fase final del año, se otorgará hasta el 50% de descuento.
Para mayor información puede escribir a los correos electrónicos: rentas@casanare.gov.co o cobrocoactivo@casanare.gov.co
También se podrá realizar el trámite de liquidación acercándose a la oficina de Rentas Departamental o desde la página web: https://impuestos.casanare.gov.co/impuesto-vehiculos
“Con esta estrategia, la administración departamental busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mejorar la cultura de pago y consolidar las finanzas públicas, en beneficio del desarrollo social y económico de Casanare, por lo que invitamos a los casanareños a realizar el pago del impuesto vehicular y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día”, manifestó Gloria Lucia Rivera, secretaria de Hacienda de Casanare.
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