CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Recetor y Chámeza serán escenario de una nueva jornada del Hospital Itinerante, una estrategia liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, que sigue acercando servicios de salud gratuitos a comunidades con acceso limitado a la atención médica.
Durante las jornadas, la población podrá acceder a servicios en pediatría, psicología, optometría, ginecología, medicina general y odontología, así como vacunación, planificación familiar y controles de crecimiento y desarrollo. También se realizarán procedimientos como resección de lipomas y atención de hernias umbilicales, junto con actividades de promoción y prevención, educación en salud mental, nutrición y salud oral, y tamizajes para Chagas, sífilis y VIH.
La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, afirmó que en 2026 se retomó esta iniciativa que ha permitido ampliar la cobertura en distintos municipios. A la fecha, se han llevado a cabo 23 jornadas en el departamento, con más de 42.700 atenciones y 788 procedimientos quirúrgicos.
Estas jornadas se realizan con el apoyo del Hospital Regional de la Orinoquía, las alcaldías y Red Salud Casanare, en un trabajo articulado que busca facilitar el acceso a servicios médicos en diferentes zonas del departamento.
Las actividades se cumplirán el 27 de marzo en Recetor y el 28 y 29 de marzo en Chámeza, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en los centros de salud de cada municipio.
CASANARE
Yopal avanza con plan de vacunación escalonado contra el dengue para proteger a la infancia
Yopal continúa con la implementación del Plan Escalonado de Vacunación contra el dengue, una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud de la Gobernación de Casanare. Esta estrategia busca pYopal, roteger a niños y niñas de 9 años o que cursan cuarto grado de primaria, quienes son uno de los grupos más vulnerables ante la enfermedad que sigue afectando a las familias en el departamento.
Actualmente, las IPS del municipio de Yopal disponen de 2.500 dosis del biológico, con las cuales se espera inmunizar gratuitamente a un número equivalente de menores con la primera dosis. La vacuna es un recurso crucial para prevenir síntomas severos, complicaciones que pueden ser graves y reducir los casos que requieran hospitalización.
El dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti, presente en cerca del 80% del territorio colombiano. Con corte a la semana epidemiológica número 10 de 2026, Casanare ha registrado 206 casos de dengue, con 30 de ellos en Yopal. Del total departamental, el 51,7% presentó signos de alarma y el 0,7% fue clasificado como dengue grave.
A las medidas preventivas tradicionales, como la eliminación de criaderos, la fumigación y el uso de repelentes y mosquiteros, se suma ahora la vacunación como una herramienta fundamental para mitigar el impacto de esta enfermedad en la salud pública. Es esencial mantener todas las acciones de prevención de forma permanente.
La vacuna contra el dengue está indicada para personas entre los 4 y 60 años, sin importar antecedentes de haber padecido la enfermedad. La protección inicia 14 días después de la primera dosis, siendo fundamental completar el esquema con una segunda dosis a los tres meses. Se hace un llamado a madres, padres y cuidadores para que acudan a las IPS del municipio y accedan a esta vacuna gratuita.
El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Cruz, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, ha generado profunda consternación en el municipio de Pore. La localización se produjo en el sector del río Güacharía, donde unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro adelantaron las primeras diligencias judiciales.
En el lugar hicieron presencia integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore, junto con personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban elementos materiales probatorios.
De acuerdo con las autoridades, el caso ya es materia de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cruz. Aunque por ahora no se han entregado hipótesis oficiales, los investigadores trabajan en la recolección de análisis forenses que permitan establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Entre tanto, la familia del fallecido y la comunidad de Pore permanecen a la espera de resultados que permitan conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con celeridad en las indagaciones, con el fin de determinar las causas del deceso y establecer posibles responsabilidades.
