CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Las autoridades avanzan con la investigación del homicidio sucedido en horas de la tarde del sábado 27 de diciembre, en la calle 50 con carrera 3, a la altura del puente de ingreso a la invasión Mi Nueva Esperanza en Yopal, donde fue ultimada con arma de fuego una mujer identificada como Jineth Alejandra Alcalá Buitrago, de 19 años, conocida con el alias de “Aleja DT”, quien recibió tres impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos.
De acuerdo con la información preliminar, la joven se encontraba en el sitio conversando con otra persona cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego tipo revólver.
Tras cometer el ataque, los agresores huyeron del lugar en contravía, con rumbo hacia la carrera 1, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Las autoridades fueron alertadas de inmediato y acordonaron la zona para adelantar los actos urgentes.
Se conoció que la víctima se desempeñaba como trabajadora sexual en el sector del parque La Estancia. Las autoridades competentes asumieron la investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con la identificación y captura de los responsables.
CASANARE
Alcaldía de Yopal mantiene restricción al tránsito de motocicletas el 31 de diciembre y 01 de enero
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Movilidad, lamentó el trágico balance de seguridad vial registrado durante las festividades del 24 y 25 de diciembre, donde en tan solo 48 horas, cinco personas perdieron la vida en siniestros viales diferentes, una cifra que enciende las alarmas de las autoridades municipales.
El reporte oficial indica que la mortalidad en las vías de la capital casanareña ha experimentado un crecimiento crítico. En lo que va del año 2025, 73 personas han fallecido en accidentes de tránsito, superando las 67 víctimas registradas en el mismo periodo de 2024. Este aumento del 9% refleja la necesidad de un cambio drástico en el comportamiento ciudadano.
Ante esta situación y con el objetivo de salvaguardar la vida de los ciudadanos durante el cierre de año, la Administración Municipal reitera la vigencia del Decreto 184 de 19 de diciembre de 2025, el cual establece la restricción de circulación de motocicletas desde las 10:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 1 de enero y el jueves 01 desde las 10:00 p.m hasta las 5:00 a.m del viernes 02 de enero del 2026.
“La seguridad vial es un compromiso de todos. Instamos a los conductores a respetar las normas de tránsito y a ser conscientes de que su imprudencia no solo pone en riesgo su integridad, sino la vida de los demás”, declaró Michael Castro, Secretario de Movilidad de Yopal.
Intensificarán operativos de control
Igualmente, se intensificará los operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, se mantendrán las campañas de sensibilización y se aplicarán sanciones severas a quienes infrinjan la Ley.
Es de vital importancia el respeto a los límites de velocidad, la tolerancia cero al alcohol, el uso de elementos de protección (casco y cinturón) y evitar la fatiga o distracciones como el celular.
Se invita a la comunidad a denunciar conductas irresponsables y a multiplicar el mensaje de prevención entre familiares y amigos.
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha realizado la entrega de 30 polos apícolas. Esta acción se enmarca en la implementación de un esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), diseñado para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicas del departamento.
Los incentivos económicos en especie fueron distribuidos de manera progresiva entre marzo y abril, beneficiando a comunidades rurales de los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor. La entrega se concentró en veredas clave como Cunamá, Volcán Blanco, San Miguel de Farallones, Primavera, Alto Lindo, San Benito, El Triunfo, Centro Norte, Sinagaza, Brisas del Tonce, Centro Sur, Barriales, Tegüíta Alta y Baja, San Rafael, San Francisco, Comogó, Vijagual y Cerro Rico.
En total, se entregaron 30 unidades apícolas completamente equipadas, que incluyen 300 colmenas de abejas Apis Mellifera, junto con indumentaria, herramientas, equipos para la extracción de miel y material biológico. La distribución específica fue de 11 polos apícolas en Chámeza, 9 en Recetor y 10 en Aguazul.
Cada polo apícola está provisto de colmenas, alzas, soportes metálicos con sistema antihormigas, porta núcleos, núcleos biológicos con reina fecunda, suplementos nutricionales, overoles de protección, centrífuga, ahumador y herramientas menores. Adicionalmente, el proyecto contempla cuatro talleres de formación y once meses de asistencia técnica y acompañamiento continuo.
Pagos por servicios ambientales
Un total de 30 familias rurales de los tres municipios resultaron beneficiadas con esta iniciativa, que no solo reconoce su compromiso con la protección de los recursos naturales, sino que también les proporciona una fuente adicional de ingresos sostenibles, compatible con la conservación del entorno y la regulación del recurso hídrico.
El objetivo fundamental del proyecto es incentivar y fortalecer las acciones de protección y restauración de los bosques, compensando a las comunidades rurales por los servicios ecosistémicos que prestan. Simultáneamente, se promueven medios de vida sostenibles, como la apicultura, que contribuyen al desarrollo rural y a la preservación ambiental del departamento.
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