En el marco de la Audiencia Pública sobre el arroz y los distritos de riego, líderes gremiales, productores y campesinos de los departamentos de Tolima, Huila, Casanare y otras regiones del país, que participaron en la audiencia señalan que el Gobierno Nacional sigue tomando del pelo al campo y a los arroceros del país, hoy como en todas las mesas y reuniones siguen incumpliendo.

A tan solo días del vencimiento de la resolución que estipula el incentivo a la comercialización plazo que finaliza el 30 de junio, ningún agricultor ha recibido el apoyo, debido a que el operador encargado aún no ha sido designado. Esta omisión pone en riesgo no solo la sostenibilidad de las cosechas actuales, sino también la confianza del sector en el cumplimiento institucional.

Incertidumbre con el precio

A esto se suma la completa falta de información sobre la fijación del precio del arroz para el segundo semestre. Hoy, el precio por carga se ubica en $185.000, pero circulan versiones no oficiales que anuncian una reducción a $165.000. Esta situación genera una profunda incertidumbre y vulnerabilidad económica para los productores, quienes ven cómo las decisiones clave se dilatan y se les deja sin garantías

“Se convoca a una audiencia pública solo a perder nuestro tiempo, lo que debería ser un ejercicio técnico y transparente se ha convertido en un terreno fértil para el rumor, la improvisación y el incumplimiento. El campo colombiano no necesita más promesas ni intermediarios sin facultades: necesita acciones urgentes, certezas y respeto por quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.” señaló Carlos Arturo Rojas, líder arrocero y gerente de Usocoello.

Otras temáticas de la agenda de discusión giraron en torno a problemáticas estructurales del sector: la ausencia de una política clara de exportación, el abandono de los distritos de riego, y la falta de incentivos a la comercialización. Los arroceros durante toda la audiencia denunciaron el incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados en marzo de este año, un hecho con el que advierten, pone en riesgo la viabilidad del cultivo de arroz y la seguridad alimentaria del país.

Gabriel Núñez, Líder arrocero y gerente de Coagrodistritos, aseguró “Ha habido un incumplimiento total. Nada se ha cumplido, ni en Tolima, ni en Huila, ni en ningún otro departamento. Hemos insistido en que el Ministerio de Ambiente ausente hoy instale mesas técnicas urgentes para revisar la tasa de uso del agua en el sector agropecuario. Si no hay compromisos serios hoy, entenderemos que se están burlando del campo colombiano”.

La falta de avances en los compromisos financieros, la ausencia de garantías frente al precio de compra de la cosecha del segundo semestre han sido también tema importante de discusión en la audiencia.

Fuente: Mabel Rocío Castillo Pineda – Periodista

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.

“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.

La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:

1. Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
2. Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
3. Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
4. Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
5. Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.

“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.

La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.

Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.

Fuente: Comunicaciones Mineducación

Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.

Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.

Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).

El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.

Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.

Fuente: Comunicaciones Función Pública