CASANARE
Viceministra de Justicia liderará foro en Yopal
Se realizará en la Cámara de Comercio de Casanare
El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Cámara de Comercio de Casanare invitan este jueves 18 de julio, en Yopal, al ‘Foro regional de Acceso a la Justicia en el territorio’, que busca socializar los programas de promoción del acceso a la justicia y construir escenarios de acercamiento con los principales actores del sistema de administración de justicia en las regiones del país.
Esta actividad, que contará con la presencia de la Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López Patrón; y el Director de Justicia Formal de Minjusticia, Esteban Jaramillo, permitirá además analizar las principales problemáticas del sector y unir esfuerzos en el diseño de estrategias que promuevan un fácil y efectivo acceso a la justicia.
Se realizará en el Salón Joropo, en el tercer piso de la Cámara de Comercio de Casanare, ubicada en la Carrera 29 No. 14-47, de 9:00 a.m. a 12 m.
El foro contará también con la presencia de autoridades municipales y departamentales como el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare, Carlos Rojas Arenas; el Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare, Milton Álvarez Alonso; y el magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare, Néstor Trujillo González.
Durante el foro el Director de Justicia Formal, Esteban Jaramillo, socializará los programas de Minjusticia: LegalApp, Conexión Justicia, Suin Juriscol y la Red Tejiendo Justicia. Así como proyectos de reforma y regulación: formación de abogados, consultorios jurídicos, métodos alternativos de solución de conflictos, arbitraje y conciliación.
El foro cierra con un Panel sobre acceso a la justicia en el territorio, que moderará la Directora del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Casanare, Sonia Arenas, y que tendrá como panelistas a la Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López; el Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare, Milton Álvarez Alonso; y el magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare, Néstor Trujillo González; y la directora del programa de Derecho de UNAB- UNISANGIL, Claudia Moreno Cárdenas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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