CASANARE
Viacrucis para Secretario de Obras de Yopal, Concejo Municipal le adelantará moción de censura
En esta ocasión recae sobre Guillermo Pérez, Secretario de Obras Públicas.
Luego del debate de control político, el Concejo de Yopal tomó la decisión de iniciar el proceso de moción de censura contra Guillermo Pérez, secretario de Obras Públicas Municipal. La proposición fue presentada y aprobada por 11 de los 17 cabildantes, quienes argumentaron que el funcionario no está cumpliendo con sus objetivos como director de ese despacho de la Alcaldía. Es la segunda moción de censura promovida por el Concejo de Yopal, luego de la accidentada que se aprobó contra la Secretaria de Hacienda, María Nelly Bermúdez.
Según la proposición radicada, el Secretario de Obras dio respuestas incongruentes, evasivas e imprecisas al cuestionario enviado por el Concejo para el debate de control político, y tampoco resolvió claramente las preguntas de manera personal y oral. Por tal razón, se propuso la moción de censura con audiencia pública para que el funcionario rinda los descargos correspondientes el próximo lunes 15 de abril, y la votación se hará el sábado 20 de abril.
“No cumple con sus funciones”
De acuerdo con los cabildantes proponentes, el funcionario no está cumpliendo con sus funciones, pues no dio respuesta clara a los cuestionamientos planteados por el Concejo de Yopal, respecto de la contratación por $33 mil millones para la pavimentación de vías urbanas, y las demoras y adendas que se han venido presentando en el mencionado proceso.
“… Se evidencia que el señor Secretario objeto de censura, no está interviniendo de manera directa en el proceso contractual…; no está dirigiendo el proceso contractual…”, indica la proposición presentada por los 11 Concejales.
“Me imagino….”
Una de las criticadas respuestas que dio el funcionario al cuestionario del Concejo de Yopal, hace referencia a una de las adendas en ese proceso contractual que es firmado por el Secretario y que trata sobre el tiempo que requiere para la revisión en relación a la subsanación del único oferente y qué afecta el cronograma. Ante la pregunta, Guillermo Pérez contestó “se debe señalar que las adendas que modifican el cronograma del proceso después del cierre son de mero trámite, por lo anterior la norma no exime que se deba justificar o motivar el acto, en el caso en concreto me imagino que el comité de acuerdo a las funciones señaladas en el decreto 0192 del 2018, determinó que en ese plazo podría evaluar los documentos de subsanación”.
Para los Concejales proponentes, en dicha respuesta se evidencia que el Secretario no está interviniendo de manera directa en el proceso contractual referido a su expresión “me imagino”, “esto vislumbra la forma como pierde el control de la dirección del proceso contractual circunstancia que es censurable pues si bien es cierto el Secretario tiene profesionales de apoyo que en quienes puede delegar ciertas funciones, pero también es cierto que la responsabilidad sigue estando en su cabeza y es claro que no está cumpliendo la función específica”, reza la proposición presentada y aprobada.
¿Quién firma las adendas?
La pregunta número 4 del cuestionario también fue objeto de críticas por parte de los 11 cabildantes proponentes a la moción de censura, en ella se indagó “de acuerdo al manual de contratación del municipio, ¿quién es la persona delegada para firmar o expedir adendas en los procesos contractuales?”, ante ello el funcionario respondió: “de conformidad con el manual de contratación de la entidad vigente en el decreto 0192 del 2018 las adendas deben ser proyectadas por el comité asesor y evaluador de contratación, suscritos por los mismos y por el secretario de despacho que adelanta el proceso de selección”.
Sin embargo, cuando los concejales verifican las adendas número 01 del primero de febrero del 2019 y 02 del 13 de febrero del 2019 que corresponden al proceso contractual de los $33 mil millones, ninguna de ellas están formadas o suscritas por el ingeniero Guillermo Alberto Pérez como Secretario de despacho, ya que se observan las firmas únicamente de los habilitantes financieros, técnicos y jurídico; en ese orden de ideas se evidencia que el señor secretario no está interviniendo de manera directa en el proceso contractual.
Así las cosas, habrá que esperar las respuestas del Secretario de Obras Públicas Municipal el próximo lunes santo, la votación que hará el Concejo de Yopal el sábado de pascua.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
