CASANARE
Vía del Cusiana aún requiere más de $28 mil millones, dice la Veeduría
Tras la culminación del contrato de realización de las obras en la carretera del Cusiana, que comunica a los departamentos de Boyacá y Casanare, el corredor vial se va a quedar sin doliente alguno por parte de la clase dirigente de los dos departamentos.
Así lo indicó el integrante de la Veeduría de esta vía, Rafael Nossa Moreno, quien señaló que pese a los recursos que fueron gestionados por administraciones anteriores, hoy se cuenta con una transitabilidad de un 98%.
“Esta vía se asemeja a un paciente que no tiene los recursos y mucho menos los cuidados que requiere para su mantenimiento”, dijo Rafael Nossa.
El pasado 25 de diciembre culminó el contrato que tenía la Unión Temporal Hidalgo e Hidalgo y según precisó el veedor ciudadano, la vía queda sin equipo de carreteras disponible para cualquier emergencia.
La unión temporal concluyó los compromisos relacionados con obras en el puente de La Granja, atención a unos cinco puntos críticos en donde el río se estaba llevando la banca, el mantenimiento de unos 35 kilómetros y pavimentación de unos 14 kilómetros.
En el desarrollo de los trabajos que duraron aproximadamente 36 meses en ejecución, se invirtieron unos 59 mil millones, de los $70 mil millones que se habían presupuestado.
No obstante, la vía requiere recursos urgentes para atender unos puntos críticos en el sitio de La Granja, donde en los últimos meses se presentó un deslizamiento.
Otro lugar que hace parte de puntos críticos está ubicado entre Aguazul y Unete, donde el río continua llevándose la banca de la carretera, para lo cual se solicitaron hace más de seis meses 28 mil millones de pesos que aún no se han podido gestionar.
Pese a que los recursos necesarios superan la cifra inicialmente mencionada, este vocero de la comunidad indicó que es necesario que se desarrollen al menos las obras más urgentes con el fin de evitar que colapse totalmente.
Fuente: Sistema Integrado de Información – Foto: William Rodolfo Torres – RCN Radio
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
