ARAUCA
Veinte personas han sido secuestradas este año en Arauca
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el escenario de zozobra que continúan padeciendo los habitantes del departamento de Arauca, ya que los grupos armados al margen de la ley no cesan la práctica del secuestro, este año han privado de su libertad a 20 personas.
“Actualmente, en Arauca registramos 43 secuestros, 34 de esas personas permanecían en poder de grupos armados ilegales al final del año pasado. Quiere decir que nueve de ellas son registros de este año y continúan en manos de las estructuras armadas ilegales. A este reporte se suman otras 11 que fueron plagiadas, pero cuya liberación se produjo posteriormente”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Es importante señalar que los casos expuestos corresponden a información recopilada por la Defensoría del Pueblo, sin embargo, existe un subregistro por la falta de denuncia o puesta en conocimiento de los hechos a las autoridades debido al temor que sienten las familias de las víctimas del flagelo por posibles represalias de los captores.
Panorama de secuestros
La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de 44 casos de personas secuestradas a finales del 2023 y que presuntamente estarían en poder de la guerrilla del ELN o en zonas de gran influencia de ese grupo armado ilegal.
De acuerdo con la información reportada por los equipos en terreno de la entidad de derechos humanos, 34 de los casos fueron en Arauca; seguido por Cauca, con cuatro; Nariño, con tres, y Norte de Santander, con uno. Ocaña también reportó un caso, del cual no se tiene certeza sobre el grupo armado ilegal. En Risaralda se registró un caso de una persona, que posteriormente fue liberada.
En lo corrido del año, la Defensoría ha tenido conocimiento de 23 liberaciones. Es decir, en Arauca fueron liberadas 11 personas; en Ocaña, cinco; en Nariño, tres; en Cauca, dos; en Norte de Santander, una, y en Magdalena Medio, una. Así mismo, tuvo conocimiento de una persona fallecida en cautiverio.
“Es importante aclarar que muchas de las liberaciones tienen relación con retenciones registradas durante este 2024, en otras palabras, personas que fueron reportadas como secuestradas y liberadas después”, asegura Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo insiste en la petición de libertad para todos los secuestrados y reitera la disposición de sus canales humanitarios y su capacidad institucional en todo la geografía colombiana para contribuir al regreso a sus hogares de quienes están en poder de grupos armados ilegales.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
