CASANARE
Veeduría del Centro Social en Yopal desvirtúa presuntas irregularidades del lote donde se construiría el Colegio
Los integrantes de la veeduría del Centro Social de Yopal, desvirtuaron en rueda de prensa varias de las presuntas irregularidades argumentadas por la Alcaldía Municipal, sobre el lote donde se pretende construir la sede de la Institución Educativa, el cual ha sido objeto de controversia en los últimos meses.
En primera instancia, señalaron que no es cierto que existan falencias en cuanto a las vías para el cargue y descargue de los estudiantes, por cuanto están cedidas dentro del proyecto cuatro áreas debidamente reconocidas, y certificadas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal desde el año 2018 al expedir la Licencia Urbanística, y registradas ante la Oficina de Registros Públicos.
Explicaron que tampoco es cierto que todo el lote haya sido donado a la Policía Nacional, por cuanto el predio que corresponde a la entidad policial son solo 3 hectáreas, que están separadas por una avenida doble carril del lote cedido al Centro Social, el cual es de 2 hectáreas más 916 metros.
Añadieron que según certificación expedida por la Oficina Asesora de Planeación Municipal el pasado 07 de junio, se concluye que no existen problemas con el Plan de Ordenamiento Territorial POT, por cuanto el lote no se encuentra en situación de riesgo, cuenta con accesibilidad, suple el déficit educativo del municipio, y se ubica en un sector que es reconocido como de usos y actividades institucionales.
De igual manera, señalaron que según concepto emitido por el Subdirector para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior en respuesta a consulta elevada por un grupo de Concejales de Yopal, se determinó que no existe ninguna norma que prohiba la construcción de una Institución Educativa en cercanías a una Estación de Policía.
Dentro de los argumentos presentados por la Veeduría Ciudadana, agregan que desde el año 2019 la Secretaría de Educación Municipal avaló y conoció del proyecto, y no es cierto que el mismo no fuera de conocimiento por parte de la cartera educativa de la ciudad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
