CASANARE
Veeduría del Centro Social en Yopal desvirtúa presuntas irregularidades del lote donde se construiría el Colegio
Los integrantes de la veeduría del Centro Social de Yopal, desvirtuaron en rueda de prensa varias de las presuntas irregularidades argumentadas por la Alcaldía Municipal, sobre el lote donde se pretende construir la sede de la Institución Educativa, el cual ha sido objeto de controversia en los últimos meses.
En primera instancia, señalaron que no es cierto que existan falencias en cuanto a las vías para el cargue y descargue de los estudiantes, por cuanto están cedidas dentro del proyecto cuatro áreas debidamente reconocidas, y certificadas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal desde el año 2018 al expedir la Licencia Urbanística, y registradas ante la Oficina de Registros Públicos.
Explicaron que tampoco es cierto que todo el lote haya sido donado a la Policía Nacional, por cuanto el predio que corresponde a la entidad policial son solo 3 hectáreas, que están separadas por una avenida doble carril del lote cedido al Centro Social, el cual es de 2 hectáreas más 916 metros.
Añadieron que según certificación expedida por la Oficina Asesora de Planeación Municipal el pasado 07 de junio, se concluye que no existen problemas con el Plan de Ordenamiento Territorial POT, por cuanto el lote no se encuentra en situación de riesgo, cuenta con accesibilidad, suple el déficit educativo del municipio, y se ubica en un sector que es reconocido como de usos y actividades institucionales.
De igual manera, señalaron que según concepto emitido por el Subdirector para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior en respuesta a consulta elevada por un grupo de Concejales de Yopal, se determinó que no existe ninguna norma que prohiba la construcción de una Institución Educativa en cercanías a una Estación de Policía.
Dentro de los argumentos presentados por la Veeduría Ciudadana, agregan que desde el año 2019 la Secretaría de Educación Municipal avaló y conoció del proyecto, y no es cierto que el mismo no fuera de conocimiento por parte de la cartera educativa de la ciudad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
