CASANARE
Varias obras correctivas y de protección adelanta Gestión del Riesgo en el norte de Casanare
Una comisión de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Casanare realizó entrega, monitoreo y socialización de obras en los municipios de Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal, las cuales buscan proteger comunidades y rehabilitar vías afectadas durante los ocho meses de intensas lluvias en este 2022.En este sentido, Arvey Méndez director de la citada oficina, acompañado del alcalde Darío García y los diputados Alejandro López y Jorge García, dieron apertura a la recuperación de más de 30 km de la vía que conduce a las veredas Las Mercedes, Berlín y Santa María, que comunica a por lo menos 300 familias campesinas.El trabajo se desarrollará de manera conjunta entre las comunidades, la Administración de Salomón Sanabria, Alcaldía Municipal, los diputados Jorge García y Alejandro López, en procura de generar desarrollo y mejores condiciones de vida en el campo.Por otro lado, se entregó el importante arreglo al anillo vial que conecta las veredas de Paz de Ariporo: Aquimindia y El Jordán, con veredas de Hato corozal: Manare, La Libertad, San Luis y Llano Grande. “Son 30 km que los recorríamos en una hora porque hace muchos años no se le hacía un mantenimiento, ahora nos estamos gastando 20 minutos. Estamos listos para trabajar y producir”, con júbilo, señaló Jose Antonio Torres, presidente de JAC de la vereda Aquimindia. Igualmente en la vereda La Mesa del municipio de la Virgen de Manare, se realiza una canalización y dique de por lo menos 1.5 km donde se protegen viviendas, el plantel educativo y la carretera de este sector.En Pore, se canalizan 500 metros del río Guachiría, en punto crítico donde el afluente genera estragos a 50 familias de la vereda Guachiría.Son 500 metros en los que se busca encauzar el río por su parte céntrica, con el fin de prevenir y reducir las afectaciones.Con estas obras, se busca reducir las emergencias en la próxima temporada invernal y mejorar la movilidad de campesinos en sectores donde las vías fueron impactadas por las lluvias.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
