CASANARE
No brindarán servicios públicos a proyectos La Castellana y Nueva Jerusalén en Yopal
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, a través de su agente especial, Luz Amanda Camacho, ratificó que no concederá disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, a los proyectos de urbanización que se están desarrollando en las zonas de expansión de la ciudad de manera irregular.
Esta determinación se justifica, en que el actual Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado por el Concejo Municipal en el año 2015, incorporó áreas como zonas de expansión urbana, sin tener en cuenta que hasta el momento no se contaba, ni se cuenta, con un plan maestro de alcantarillado sanitario, ni con la ampliación de las redes de distribución de agua potable para estos sectores.
La proliferación de proyectos de vivienda que no cumplen con los requisitos legales es una preocupación compartida con la Administración Municipal, debido a que es la EAAAY quien en última instancia debe asumir la operación y vinculación de nuevos usuarios a la prestación de los servicios de alcantarillado y acueducto. Estas obligaciones, en la mayoría de las veces regidas por instancias judiciales, someten a la empresa a asumir sobrecostos administrativos y operacionales que si no se atienden oportunamente, pueden desembocar en graves desequilibrios financieros; pero más importante y fundamental aún, es que este desarrollo urbano descontrolado puede derivar en serias problemáticas de salud pública.
Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los residentes de la ciudadela La Bendición, donde debido a la construcción no planificada de pozos sépticos, las aguas negras no tienen un manejo adecuado hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, convirtiéndose en foco de contaminación e infección para sus habitantes. Así mismo, tampoco se garantiza a la totalidad de ciudadanos del sector la prestación del servicio de acueducto a través de un sistema de pozos profundos independiente.
Con este antecedente, la EAAAY manifiesta su voz de alerta por el desarrollo de un proyecto urbanístico de similares características conocido como La Nueva Jerusalén – La Castellana, al cual la Empresa no le ha emitido ningún concepto de disponibilidad de los servicios. De igual manera, hace un llamado a los promotores de vivienda para que desarrollen sus iniciativas acorde al marco institucional y legal para no comprometer el desarrollo ordenado y eficiente del municipio.
Fuente: Comunicaciones EAAAY
Buscando actualizar los procesos y brindar la mejor calidad en la prestación de los servicios, a partir del periodo de facturación del mes de noviembre de 2021, la EAAAY iniciará la facturación en sitio a sus usuarios en la ciudad de Yopal.
Este es el método en el cual el funcionario de la empresa toma la lectura del consumo, genera la factura de manera inmediata y en ese mismo momento, se imprime con una impresora portátil y se entrega al suscriptor.
Cabe aclarar que los trabajadores de la EAAAY que realicen estas actividades, deben estar debidamente identificados portando su carné y uniforme de la entidad.
Así mismo, es importante precisar que únicamente la generación de la factura se hará en sitio, los funcionarios de la empresa no están autorizados para recibir dinero de ningún tipo de trámite.
Los pagos de los recibos se continuarán recaudando en los siguientes puntos autorizados:
-Con Supergiros en todos sus locales y tiendas de barrio
-Todas las sedes y sucursales del Banco de Bogotá
-Cajeros automáticos y sucursales de la Red Aval
-Y en los canales virtuales Aval Pay Center, Banca Móvil BBVA
-Pagos por PSE desde la plataforma de trámites en línea de la página web www.eaaay.gov.co
Fuente: EAAAY
La Policía impidió un hecho criminal, que un grupo delincuencial proveniente de la ciudad de Manizales pretendía cometer a un comerciante de la ciudad de Yopal.
Durante actividades de vigilancia, miembros del CAI Progreso abordaron un vehículo y una motocicleta que se movilizaba de manera sospechosa por la carrera 11 con calle 45, al realizar el procedimiento de verificación se logró evidenciar que llevaba varios bolsos y herramientas de un taller de mecánica y celulares.
Al indagar sobre la procedencia de estos elementos las respuestas de estas personas no fueron convincentes y ante la actitud nerviosa los uniformados sospecharon que habían cometido algún hecho delictivo.
Gracias a la destreza de los policías se logró establecer que no solo se trataba de un simple hurto, sino que, estas personas habían intimidado y amordazado a un hombre de 46 años, al interior de un establecimiento comercial de mecánica automotriz.
Por este hecho 4 personas fueron dejas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado.
Los elementos recuperados fueron un vehículo tipo Camioneta Toyota, una motocicleta AKT, un televisor, herramientas del taller de mecánica, avaluados en 100 millones de pesos.
Fuente: Policía Casanare
La Procuraduría General de la Nación requirió a las corporaciones públicas de elección popular del nivel territorial y a siete (7) universidades contratadas para adelantar el concurso de contralores territoriales, información detallada sobre este proceso que se adelanta en todo el país.
La solicitud fue elevada por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, mediante comunicaciones enviadas a las asambleas departamentales y concejos municipales y/o distritales y a las universidades Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas, de Cartagena, del Atlántico, de la Costa, San Buenaventura y Pedagógica y Tecnológica de Tunja.
El Órgano de Control requirió copia de todos los convenios o contratos suscritos con las instituciones de educación superior para adelantar este proceso, e información específica sobre los mecanismos dispuestos para garantizar la objetividad, transparencia y el uso adecuado de la cadena de custodia de las pruebas.
Así mismo, estas entidades deberán suministrar los actos administrativos, guías y demás documentos relacionados con la convocatoria y la aplicación de las pruebas de conocimientos y comportamentales, así como el nombre de las personas que diseñaron, evaluaron y tuvieron acceso a las pruebas, entre otros aspectos.
Los rectores de los entes educativos contratados para adelantar este concurso deberán velar por el cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y publicidad en la aplicación de las pruebas.
En caso de advertirse posibles irregularidades en este proceso el Ministerio Público activará su función disciplinaria.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
