CASANARE
No brindarán servicios públicos a proyectos La Castellana y Nueva Jerusalén en Yopal
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, a través de su agente especial, Luz Amanda Camacho, ratificó que no concederá disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, a los proyectos de urbanización que se están desarrollando en las zonas de expansión de la ciudad de manera irregular.
Esta determinación se justifica, en que el actual Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado por el Concejo Municipal en el año 2015, incorporó áreas como zonas de expansión urbana, sin tener en cuenta que hasta el momento no se contaba, ni se cuenta, con un plan maestro de alcantarillado sanitario, ni con la ampliación de las redes de distribución de agua potable para estos sectores.
La proliferación de proyectos de vivienda que no cumplen con los requisitos legales es una preocupación compartida con la Administración Municipal, debido a que es la EAAAY quien en última instancia debe asumir la operación y vinculación de nuevos usuarios a la prestación de los servicios de alcantarillado y acueducto. Estas obligaciones, en la mayoría de las veces regidas por instancias judiciales, someten a la empresa a asumir sobrecostos administrativos y operacionales que si no se atienden oportunamente, pueden desembocar en graves desequilibrios financieros; pero más importante y fundamental aún, es que este desarrollo urbano descontrolado puede derivar en serias problemáticas de salud pública.
Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los residentes de la ciudadela La Bendición, donde debido a la construcción no planificada de pozos sépticos, las aguas negras no tienen un manejo adecuado hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, convirtiéndose en foco de contaminación e infección para sus habitantes. Así mismo, tampoco se garantiza a la totalidad de ciudadanos del sector la prestación del servicio de acueducto a través de un sistema de pozos profundos independiente.
Con este antecedente, la EAAAY manifiesta su voz de alerta por el desarrollo de un proyecto urbanístico de similares características conocido como La Nueva Jerusalén – La Castellana, al cual la Empresa no le ha emitido ningún concepto de disponibilidad de los servicios. De igual manera, hace un llamado a los promotores de vivienda para que desarrollen sus iniciativas acorde al marco institucional y legal para no comprometer el desarrollo ordenado y eficiente del municipio.
Fuente: Comunicaciones EAAAY
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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