CASANARE
Unitrópico será pública en el segundo semestre de 2021
Desde la Ley 30 de 1992 es la primera vez que se cambia el régimen de una institución educativa de privada a pública. Se trata de la Fundación Universitaria del Trópico Americano (Unitrópico), que ya tiene marco normativo (Ley 1937 de 2018), recursos para su funcionamiento y en este momento está en el proceso de evaluación de la sala de trámites institucionales de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES).
“La transformación de Unitrópico en la universidad pública de la Orinoquía es una gestión que adelantamos con constancia y compromiso. Lo hacemos por las familias de los jóvenes de mi Región que tendrán la oportunidad de acceder a formación profesional en una institución pública con condiciones económicas más favorables y cerca de sus comunidades”, afirmó la senadora Amanda Rocío González quien ha acompañado el proceso de la Universidad.
En las últimas horas se dio una reunión en el Ministerio de Educación Nacional para aclarar los términos estimados del proceso. Allí, el Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez; la senadora casanareña, Amanda González y el Rector de Unitrópico, Oriol Jiménez; anunciaron que evaluación de la sala de trámites de CONACES se realizará el día 27 de noviembre de 2020.
Además, “luego del concepto favorable de CONACES sigue el trámite en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que esperamos dé su visto bueno en el mes de febrero de 2021”, continuó la Senadora mientras anunció que el Viceministro Pérez estará en el departamento de Casanare a mediados del mes de diciembre.
Se estima que, cuando dicho proceso se haya dado, el Ministerio de Educación Nacional proceda a expedir un acto administrativo aprobando el estudio de factibilidad en el mes de marzo de 2021. “Surtido este trámite el Gobernador Salomón Sanabria, podrá convocar a la Asamblea Departamental para que autorice la transformación de Unitrópico en Universidad Pública. Con esto inferimos que será 100 % pública en el segundo semestre de 2021”, enfatizó Amanda Rocío.
La Presidenta de la Comisión Sexta del Senado, dijo que quiere que Yopal se convierta en una ciudadela universitaria que dinamice la economía y mejore la calidad de vida de todos los casanareños. “Cada vez estamos más cerca de materializar el sueño de que Unitrópico sea nuestra universidad pública”, finalizó.
Fuente: Comunicaciones Senadora Amanda Rocío González
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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