CASANARE
Unidad para las víctimas presentó programa de atención en Casanare
La Unidad para las Víctimas presentó ante delegados de las alcaldías de Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo; de la Personería y de la Defensoría del Pueblo, las medidas de prevención para la prestación del servicio en los Puntos (PAV) y Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV).
El protocolo elaborado establece los lineamientos, medidas sanitarias, preventivas y de mitigación que permiten la bioseguridad, fomentan el autocuidado de los colaboradores, funcionarios y población víctima, y facilitan la continuidad en la atención presencial.
Frente al proceso de atención, el documento indica que será necesario establecer un filtro para que solo las personas aptas (sin enfermedades previas ni síntomas asociados al COVID-19), ingresen al establecimiento.
También recomienda adoptar un protocolo para la desinfección de las suelas de los zapatos; tomar temperatura de manera previa; exigir el uso de tapabocas; mantener la distancia preventiva; no permitir el acceso de acompañantes; abandonar el lugar una vez se reciba la atención solicitada, y realizar labores de sensibilización para que las personas opten por la atención telefónica o virtual.
Más disposiciones
Así mismo, se dispone de los entes territoriales para que en concordancia con la Ley 1448 de 2011, que establece su responsabilidad en los PAV y CRAV, garanticen la disponibilidad de agua potable, jabón líquido, toallas desechables, productos de desinfección como alcohol y gel antibacterial, y canecas cerradas en los lugares y espacios de atención.
Dentro de las estrategias opcionales para la asistencia, estos nuevos lineamientos indican que los puntos y centros de atención, podrán acogerse a medidas como horarios especiales, flexibles, doble turno, atención sujeta a pico y cédula o por agendamiento, y focalización de servicios.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), con corte al pasado 31 de marzo, en Casanare hay 59.979 víctimas sujetos de atención.
Fuente: Unidad para las Víctimas
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
