CASANARE
Unidad de Restitución de Tierras impulsará procesos pendientes en Casanare
En el Casanare las cifras del proceso de restitución son alentadoras. En la etapa administrativa, se han habilitado un total de 1,653 solicitudes, de las cuales 1,092 han completado todos los trámites necesarios. En la etapa judicial, se han presentado 184 demandas individuales por parte del campesinado víctima de despojo y abandono forzado de tierras.
A la fecha, se han emitido 13 sentencias en los municipios de Yopal, Aguazul, Monterrey, Chámeza, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva, que suman un total de 817.19 hectáreas restituidas. Además, hay 581 solicitudes pendientes que están en evaluación y pendientes de decisión de fondo por parte de la URT.
Durante la visita oficial, la directora Territorial de la URT Bogotá, Martha Liliana Arévalo, encabezó el Comité Operativo Local de Restitución, COLR, junto con el Procurador Delegado para Restitución de Tierras y oficiales con poder del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea y luego de examinar las condiciones de seguridad en la zona, logró visto bueno para continuar con el proceso administrativo de solicitudes de restitución en los municipios de Pore, Hato Corozal y Paz de Ariporo.
De igual manera, la Dirección Territorial de la URT, priorizó el fortalecimiento de alianzas institucionales y celebró la primera reunión anual de monitoreo de órdenes judiciales en colaboración con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En total, se monitorearon 13 sentencias específicas que requieren la intervención del instituto. Asimismo, se estableció una coordinación conjunta con la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Casanare, revisando las acciones para avanzar en el cumplimiento de las órdenes y en la ejecución del Plan Operativo Anual de la Mesa de restitución.
La presencia institucional se ha fortalecido con la apertura de la oficina de la URT en Yopal, en 2022, lo cual ha permitido establecer una mayor cercanía y brindar una atención de calidad a la población de Casanare. Este hecho se evidencia en el incremento de la atención y recepción de nuevas solicitudes de restitución en el transcurso de este año. Asimismo, la prioridad del Gobierno del Cambio con las víctimas del conflicto armado se manifiesta en el acompañamiento constante de profesionales de la Dirección Territorial de Bogotá en la región, como parte de su compromiso misional.
Finalmente, y con el propósito de dar a conocer el proceso de Restitución a la comunidad del departamento Casanare se realizó un encuentro con medios de comunicación locales y comunitarios. Allí, Martha Liliana Arévalo, compartió los logros y retos de la política de restitución de tierras en la región, explicó a la comunidad la forma en que pueden llevar a cabo sus solicitudes y enfatizó en que estos trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
CASANARE
Motociclista falleció en choque con camioneta cerca al peaje de Villanueva
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
CASANARE
Exagerado incremento en tarifa del peaje San Pedro desata protestas en Villanueva
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios


