El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió a favor del Gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, el incidente de desacato proferido en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, por los subsidios para el proyecto de vivienda “Torres de Santo Domingo”.

Como se recuerda, el pasado 7 de diciembre se dio a conocer el fallo de primera instancia del mencionado Juzgado, que declaró que Josué Alirio Barrera en calidad de Gobernador de Casanare y Sandra Lorena Cruz como Jefe de Vivienda Departamental, incumplieron a título de culpa los compromisos adquiridos en la audiencia de pacto de cumplimiento, por lo que dicho fallo les imponía una sanción equivalente a 6 SMLMV.

La Gobernación de Casanare apeló ante el Tribunal Administrativo de Casanare, donde el gobernador Josué Alirio Barrera manifestó que la Junta de Vivienda Comunitaria no ha presentado el concepto estructural del proyecto, aspecto evidenciado en visitas del DNP, en las cuales se señala que los diseños arquitectónicos, estructurales y Licencia de Construcción no son coherentes con las características descritas en los estudios de suelo y cimentación, por lo que se ha reiterado la solicitud de dicha información en múltiples ocasiones, y no ha sido entregada argumentando que el proyecto no tiene fallas y que se trata de especulaciones.

El mandatario casanareño reitera que los recursos serán desembolsados una vez que el constructor entregue las unidades habitacionales de acuerdo a las condiciones contractuales, y resalta que estos recursos no se han desembolsado toda vez que a la fecha el constructor solo tiene adelantados 56 apartamentos, pero que estos no son funcionales pues falta instalaciones de puertas, unidades sanitarias, mesón, lavaplatos, entre otros.

También se manifestó que desde agosto del 2016 se solicitó a la Junta de Vivienda que aportaran los datos de los beneficiarios de los 56 apartamentos, el desenglobe del terreno, pero no se aportó dicha información a la Oficina de Vivienda Departamental.

Bajo estos argumentos y los soportes de los mismos, el Tribunal Administrativo de Casanare le dio la razón a la Gobernación, y manifiesta en las conclusiones del fallo que no se puede ordenar lo imposible, pues si la construcción está mal se debe corregir, y hasta tanto no se dé esta corrección, los subsidios no se deben entregar, hasta que el constructor cumpla con las obligaciones contractuales.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare