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Tribunal Administrativo de Casanare revoca incidente de desacato contra Gobernador Alirio Barrera

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El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió a favor del Gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, el incidente de desacato proferido en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, por los subsidios para el proyecto de vivienda “Torres de Santo Domingo”.

Como se recuerda, el pasado 7 de diciembre se dio a conocer el fallo de primera instancia del mencionado Juzgado, que declaró que Josué Alirio Barrera en calidad de Gobernador de Casanare y Sandra Lorena Cruz como Jefe de Vivienda Departamental, incumplieron a título de culpa los compromisos adquiridos en la audiencia de pacto de cumplimiento, por lo que dicho fallo les imponía una sanción equivalente a 6 SMLMV.

La Gobernación de Casanare apeló ante el Tribunal Administrativo de Casanare, donde el gobernador Josué Alirio Barrera manifestó que la Junta de Vivienda Comunitaria no ha presentado el concepto estructural del proyecto, aspecto evidenciado en visitas del DNP, en las cuales se señala que los diseños arquitectónicos, estructurales y Licencia de Construcción no son coherentes con las características descritas en los estudios de suelo y cimentación, por lo que se ha reiterado la solicitud de dicha información en múltiples ocasiones, y no ha sido entregada argumentando que el proyecto no tiene fallas y que se trata de especulaciones.

El mandatario casanareño reitera que los recursos serán desembolsados una vez que el constructor entregue las unidades habitacionales de acuerdo a las condiciones contractuales, y resalta que estos recursos no se han desembolsado toda vez que a la fecha el constructor solo tiene adelantados 56 apartamentos, pero que estos no son funcionales pues falta instalaciones de puertas, unidades sanitarias, mesón, lavaplatos, entre otros.

También se manifestó que desde agosto del 2016 se solicitó a la Junta de Vivienda que aportaran los datos de los beneficiarios de los 56 apartamentos, el desenglobe del terreno, pero no se aportó dicha información a la Oficina de Vivienda Departamental.

Bajo estos argumentos y los soportes de los mismos, el Tribunal Administrativo de Casanare le dio la razón a la Gobernación, y manifiesta en las conclusiones del fallo que no se puede ordenar lo imposible, pues si la construcción está mal se debe corregir, y hasta tanto no se dé esta corrección, los subsidios no se deben entregar, hasta que el constructor cumpla con las obligaciones contractuales.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Cierres programados para reforzar el Puente La Cabuya iniciarán el 02 de mayo

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que el cierre programado del puente La Cabuya (Río Cravo Sur), ubicado en la ruta Yopal – Paz de Ariporo, será reprogramado a partir del 02 de mayo de 2026, atendiendo una solicitud formal presentada por Ecopetrol.

Inicialmente, el cierre estaba autorizado para efectuarse entre el 2 de marzo y el 2 de abril, con el fin de adelantar las actividades de reforzamiento estructural del puente. Sin embargo, el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez Gómez, confirmó que mediante oficio, Ecopetrol solicitó aplazar los trabajos. “Entre marzo y abril, la empresa debe garantizar la movilidad de equipos extradimensionados y extrapesados necesarios para el desarrollo de proyectos estratégicos en la región, incluidos equipos de alto tonelaje destinados a operaciones en la locación Floreña TF20”, destacó.

Estas actividades, relacionadas con la seguridad energética y el abastecimiento de gas natural del país, requieren mantener habilitado el tránsito por el puente durante este periodo. En atención a esta solicitud, y con el propósito de garantizar tanto la movilidad segura como la continuidad de operaciones estratégicas en la región, Invías reprogramará el inicio del cierre total del puente al 2 de mayo de 2026, fecha en la que se retomarán los trabajos de reforzamiento estructural previamente programados.

Invías reitera su compromiso con el desarrollo vial del departamento y con la articulación institucional para evitar afectaciones a la comunidad y a las operaciones estratégicas del país. Una vez se acerque la fecha del cierre
reprogramado, se informarán los horarios, rutas alternas y demás medidas de manejo de tránsito que aplicarán durante la ejecución de las obras.

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Yopal en alerta roja por incendios forestales, Gestión del Riesgo reitera medidas

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La Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) informa a la comunidad de Yopal que el municipio se encuentra en alerta roja por incendios forestales debido a las condiciones climáticas actuales. Se reitera a la comunidad adoptar medidas para reducir este tipo de eventualidades.

La alerta roja indica una probabilidad inminente de ocurrencia de incendios, lo que requiere acción inmediata por parte de la ciudadanía y organismos de socorro. Las altas temperaturas, la disminución de lluvias y la presencia de material vegetal seco aumentan significativamente la vulnerabilidad en el territorio.

Por ello, se recomienda evitar la quema de basura, rastrojos o material vegetal, no encender fogatas en zonas rurales o áreas abiertas, no arrojar colillas de cigarrillo y no dejar residuos como botellas de vidrio en zonas verdes. Se insta a reportar de inmediato cualquier presencia de humo o incendio a las líneas 119 o al 3208532940 (Bomberos Yopal).

Cabe destacar que, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, entre enero y febrero de 2026 se han registrado 40 incendios forestales y 196 quemas prohibidas. La Administración Municipal y los organismos de respuesta permanecen en monitoreo constante y articulación permanente con las autoridades ambientales.

“Reducir el riesgo es responsabilidad de todos. Un acto imprudente puede generar emergencias que afecten vidas, viviendas, ecosistemas y recursos naturales del municipio”, señaló Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD.

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Alcaldía de Yopal suspendió facturación del impuesto predial hasta corregir errores en avalúos

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La Alcaldía de Yopal suspendió la facturación del impuesto predial hasta garantizar cobros justos y reales para los predios del municipio. Esta decisión se toma tras identificar múltiples inconsistencias en la información entregada por los prestadores de servicio catastral en el marco del convenio 1707 de 2023, suscrito por la administración anterior.

La medida no desconoce la obligación tributaria, sino que busca liquidar el impuesto sobre información técnica confiable y jurídicamente válida. Se prioriza que cada contribuyente pague lo que realmente corresponde, sin sobrecostos por errores. Se detectaron 16.500 predios con inconsistencias como información incompleta, registros vacíos, predios sin destino económico o dirección, y duplicidad.

Estas irregularidades fueron consignadas en nueve informes de supervisión y comunicadas a las autoridades competentes. La alcaldía activó mecanismos contractuales y legales para exigir a los prestadores de servicio catastral el cumplimiento de sus obligaciones. En febrero de 2025, se generaron recibos con incrementos significativos, causando inconformidad ciudadana.

El alcalde Marco Tulio Ruiz instaló mesas de concertación con el Ministerio Público y solicitó intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro y el IGAC. El municipio habilitó siete puntos para reclamaciones, recibiendo más de 1.200 derechos de petición. La Superintendencia identificó hallazgos con presunta incidencia penal y la Contraloría General informó sobre un posible daño patrimonial de $6.332 millones.

Adicionalmente, la actual administración decidió no extender el modelo catastral a la zona rural por $18.700 millones, dada la situación en el área urbana. Se tramitaron dos proyectos de acuerdo para otorgar alivios tributarios y para 2026 el incremento de avalúos catastrales será del 3%, según el decreto 1480.

La facturación sigue suspendida hasta que existan garantías técnicas y jurídicas, buscando que los yopaleños cumplan su obligación sobre bases ciertas y ajustadas a la ley, accediendo a los beneficios tributarios por pago oportuno. En caso de requerirse, la administración municipal acudirá al Concejo Municipal para ampliar estos plazos.

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