META
Tres exgobernadores del Meta investigados por obras inconclusas
El Contralor Felipe Córdoba estuvo en el departamento del Meta para ser testigo de la terminación de tres obras que estuvieron inconclusas por muchos años, cargando con sucesivas suspensiones y prórrogas, por lo que, incluso, son objeto de investigaciones fiscales en curso.
Internado Jhon F. Kennedy
La Institución Educativa Colegio Nacionalizado Jhon F. Kennedy, en el municipio de San Juanito (Meta), es la primera obra que se hace realidad.
Inició su construcción en abril de 2011 y fue terminada en noviembre de 2013, pero se convirtió en un elefante blanco, debido a que no se pudo poner en funcionamiento; sólo hasta ahora, exactamente el próximo 15 de julio.
Tras ser incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas se reactivó con la gestión de la Contraloría y pudo al fin terminarse.
El organismo de control logró comprometer a la Gobernación del Meta para iniciar las obras pendientes, culminarlas y entregarlas. El contratista puso los recursos.
Este proyecto, que beneficia a 41 estudiantes, tuvo un valor inicial de $2.999 millones y dos adiciones por $1.724 millones, para un total de $4.724 millones.
Tuvo 4 suspensiones por 4 meses y 12 días debido a cambios de diseño, y 5 prórrogas por 15 meses por cambios en las actividades programadas y variación en los ítems contratados.
El contrato se liquidó el 9 de octubre de 2014. Se pagaron ítems y actividades no ejecutadas por el contratista y que debió haber realizado.
Por las situaciones irregulares que habían convertido este internado prácticamente en un elefante blanco, la Contraloría abrió en su momento un proceso de responsabilidad fiscal por $4.177 millones que se encuentra en etapa de recepción de versiones libres de los presuntos responsables (los exgobernadores del Meta Darío Vásquez, Alan Jara y Marcela Amaya, contratistas, interventores y funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta.
Torre Mirador en Puerto López (Meta)
El contrato de construcción de la Torre Mirador, en el municipio de Puerto López (Meta), inició el 29 de diciembre de 2015 y pudo entrar en servicio gracias, en buena parte, a la intervención de la CGR.
La obra, que se constituye en un gran atractivo turístico para la región, demandó una inversión de $16.568 millones.
Mediante la estrategia “Compromiso Colombia” la Contraloría logró impulsar su terminación y puesta en funcionamiento. El proyecto no se encontraba funcionando por falta de adecuaciones para la atención al público, certificación de ascensores y entrega de locales, entre otras situaciones.
Tuvo 3 suspensiones de 4 meses por permisos de aprovechamiento forestal y restricciones de circulación de vehículos de carga. Y se vio afectado con 8 prórrogas por 24 meses y 9 días debido a modificaciones de obra, demoras en la aprobación de permisos y en su construcción.
Las irregularidades presentadas alrededor de la ejecución del proyecto Torre Mirador llevaron a la Contraloría a abrir, en 2020, un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $14.474 millones, que se encuentra en etapa probatoria y al cual están vinculados los siguientes presuntos responsables fiscales:
*María Luisa Parra Mora, exdirectora del Instituto de Turismo del Meta.
*Gustavo Adolfo Jiménez Barrios, exdirector del Instituto de Turismo del Meta.
*Juan Carlos Navarro Perico (Consorcio Matapalo).
*Curva Ltda.
*Cuadrante Construcciones Arquitectura e Ingeniería SAS.
*Ferney Yesid Beltrán Ávila (Sdeng SAS).
*Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez (Consorcio Intermirador).
*Interventoría: Ingeconsultar Ltda, Ingecinco Ltda.
Coliseo Cubierto y Áreas Conexas, en Granada (Meta)
Requirió una inversión de $15.166 millones, incluyendo una adición de $1.672 millones.
El contrato de esta obra inició el 5 de julio de 2016 y concluyó el 30 de enero de 2021. Se requirieron 5 años y 9 meses, para que entrara en servicio, cuando su tiempo de ejecución inicial era supuestamente de 9 meses.
Tuvo 3 suspensiones por 40 meses, debido a cambio de diseños, la falta del Certificado Eléctrico RETIE y suspensión de giro de recursos. Y sufrió 5 prórrogas por 17 meses, por atrasos en la ejecución de las obras.
A través de mesas de seguimiento realizadas en octubre de 2020 y febrero y mayo de 2021, la Contraloría logró concertar con la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Granada para que se recibiera por parte del municipio la obra, ya subsanadas las adecuaciones.
La Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías de la CGR abrió en 2020 una Indagación Preliminar por cuantía en $15.458 millones, en relación a las irregularidades presentadas en este proyecto.
Elefantes blancos y obras inconclusas en el Meta
“La función preventiva y concomitante que ejerce ahora la Contraloría General de la República está dando unos resultados importantísimos, logrando que se terminen elefantes blancos y se tengan elefantes vivos. En el Meta hay 104 obras inconclusas, elefantes y proyectos críticos por más de $587 mil millones de pesos”, resaltó el Contralor Felipe Córdoba al llegar hoy a Villavicencio.
“Los elefantes blancos pueden terminarse y la gente puede ver que, gracias a la gestión preventiva, es posible ir acabando la corrupción”, agregó.
Y advirtió finalmente. “Estamos encima de los contratistas. La Contraloría General de la República, con la tecnología que hoy tiene, está haciendo seguimiento en línea, para saber qué está pasando con el avance de cada una de las obras del país, haciendo uso de su función preventiva, con inteligencia artificial, analítica avanzada, imágenes satelitales y áreas, así como videos de drones”.
Fuente: Contraloría General de la República
En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.
La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.
“Es un despojo imputable al Estado”
El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.
Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).
A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.
También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.
“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.
Fuente: Comunicaciones URT
La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.
Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.
Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.
Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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